Eva Sosa Hernández

Expediente 610/2012 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2012
Año
2012
Actuaciones
13
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Eva Sosa Hernández
  • EVA SOSA HERNÁNDEZ y Otros.
  • Fiscal de Procesos En Juzgados Civiles, de la Subprocuraduria de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Lic. Ricardo Rios Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado planteado por la parte quejosa, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el citado numeral 202, se declara consentido; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, devuélvase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Sin embargo, consta en autos XII tomos de pruebas remitidos por el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; consecuentemente, devuélvanse a su lugar de origen; en el entendido de que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de la autoridad responsable, de que recibió tales documentales, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto los autos del juicio de amparo 610/2012-III y su acumulado 629/2012-III, de este índice, para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado, formulada por ********************, por propio derecho, contra actos del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta Ciudad, y otra. ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, ********************, por propio derecho, ocurrió en demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables (foja 2): 1. Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles. 2. Agente del Ministerio Público titular de la Unidad Tres Sin Detenido adscrita a la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad. 3. Agente del Ministerio Público encargada responsable de la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad. Como acto reclamado: A. Acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil doce, dictado en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en el que se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal iniciada contra Víctor Manuel Aretia Pulgar, por el delito de falsedad ante autoridades y su cumplimiento. Por auto de dieciocho de ese mismo mes y año, se admitió a trámite y se ordenó su registro bajo el consecutivo 610/2012-III (foja 24). Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de ese año, en la referida Oficina de Correspondencia Común, Víctor Manuel Aretia Pulgar, por propio derecho, presentó demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a las citadas y como acto reclamado el siguiente (foja 68): a. La falta de fundamentación y motivación de la ponencia de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa FPC/74/T1/391/10-06, y su ejecución; que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. Por proveído de veintidós de ese mes y año, se admitió a trámite y se ordenó su registro bajo el consecutivo 629/2012-III (foja 90). El veinte de julio de dos mil doce, el juez de amparo decretó de oficio la acumulación de esos juicios 629/2012-III y el diverso 610/2012-III (foja 197). Por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil trece, se sobreseyó en el juicio (fojas 285 a 299). Inconforme con la anterior determinación, los quejosos ******************** y Víctor Manuel Aretia Pulgar interpusieron, respectivamente, recurso de revisión; del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registró bajo el amparo en revisión 54/2013, y en sesión de veintitrés de mayo de dos mil trece, resolvió revocar la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, en los términos siguientes (fojas 434 a 439): "(.) Ahora bien, de los preceptos legales citados en párrafos precedentes, se establece con claridad que cuando el valor de lo defraudado excede diez mil veces el salario mínimo, como en el caso acaece, el delito será considerado grave, pues la pena hipotética a imponer excede a los cinco años de prisión; situación que es aplicable ya que si se condenó a ******************** a pagar a Víctor Manuel Aretia Pulgar o a quien legalmente represente sus derechos, dos millones ochocientos sesenta y un mil quinientos diecisiete pesos veinticuatro centavos, por concepto de suerte principal de la operación de compraventa del inmueble afecto; por tanto, el posible beneficio sería por esa suma; cantidad que rebasa los quinientos cuarenta y ocho mil pesos a que equivalen las diez mil veces el salario mínimo vigente en la época de los hechos, que era de cincuenta y cuatro pesos ochenta centavos, dado que la promoción con la que se promovió la referida tercería y se exhibió el documento que se tilda de falso, la tuvo por recibida el juez Quincuagésimo Sexto Civil del Distrito Federal el dieciséis de octubre de dos mil nueve. Ahora bien, de actuaciones se aprecia que por acuerdo del cinco de marzo de dos mil doce, la agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, relativa a los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridades; la cual fue aprobada por el responsable de la Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por auto del nueve siguiente. Determinación que fue confirmada por el fiscal de Procesos en Juzgado Civiles de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, mediante acuerdo del veintitrés de mayo de dos mil doce, al resolver el recurso de inconformidad interpuesto, respectivamente, por ******************** y Víctor Manuel Areita Pulgar. Ahora bien, del devenir en que se desarrolló el procedimiento para la revisión de la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa de referencia, se advierte que no se observaron ni acataron las disposiciones normativas que regulan tal proceder; pues no se acataron los lineamientos establecidos en los artículos 13 y 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que en lo conducente señalan: (.) Procedimiento que se reafirma en los numerales 64, 66 y 68 del Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen las bases y especificaciones para la atención y el servicio a la población, los procedimientos y la organización de las agencias del Ministerio Público de esta ciudad capital, que señalan: (.) De las disposiciones normativas en cita, resulta claro apreciar que toda vez que la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, se refiere a hechos delictivos tildados como graves de acuerdo a los preceptos legales que anteriormente se invocaron (310, párrafo primero, 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el quinto y sexto párrafos del normativo 268 de la ley adjetiva de la materia y fuero), ésta y la propuesta de no ejercicio de la acción penal que se decretó, desde un primer momento, debieron haberse remitido a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para la revisión y emisión del dictamen respectivo, es decir, para autorizar o no dicha determinación; y no como en el caso concreto suscitó, que tanto la indagatoria como la propuesta en mención fueron remitidos al responsable de la Agencia Investigadora. Incluso, el delito de falsedad en declaraciones debe estimarse grave, pues si los hechos que denunció Víctor Manuel Aretia Pulgar, contra ******************** se refieren a un ilícito considerado grave (fraude procesal); entonces la pena que hipotéticamente corresponde es de cinco a diez años de prisión, de conformidad con la última parte del artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal. Luego, siguiendo los lineamientos que regulan el proceder de la representación social cuando decide no ejercer acción penal, resulta indubitable determinar que el recurso de inconformidad interpuesto por los ahora revisionistas, indebidamente fue hecha del conocimiento del fiscal de Procesos en Juzgado Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que si se trataba de delitos graves que perseguir en la indagatoria, lo correcto era que el medio de impugnación y los autos de la averiguación previa hubieran sido remitidos al subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente, para que éste, en su momento, pronunciara la confirmación o no del inejercicio que nos ocupa. No obstante, el aquí responsable fiscal responsable, como se adujo en párrafos que preceden, incorrectamente entró al estudio de la inconformidad planteada y se pronunció al respecto, soslayando las disposiciones legales que rigen su competencia, y en consecuencia, violando las prerrogativas de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado; aspecto que a la especie, no satisfizo la autoridad responsable en la resolución reclamada. Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 10/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. (.).". Es importante precisar que atendiendo al aspecto que fue materia de análisis (competencia), resulta improcedente hacer pronunciamiento sobre la consumación del delito de fraude procesal, toda vez que considerando la mecánica de los hechos que fueron puestos en conocimiento del órgano ministerial, se trata de un tema de fondo que en todo caso será tratado por la autoridad que deba resolver sobre el recurso de inconformidad propuesto por los ahora recurrentes. En consecuencia, al CARECER DE COMPETENCIA LEGAL EL FISCAL CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS en la resolución que se le reclama por esta vía, se impone revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que dicha autoridad deje insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil doce, dictada en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en la que confirmó la autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal en esa indagatoria y ORDENE SU REMISIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD A LA COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, para que esa institución acuerde lo que en derecho corresponda respecto al medio de impugnación de mérito. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y del agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil, ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, por derivar de un acto declarado inconstitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76 bis, fracción II, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: (.) TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y Víctor Manuel Aretia Pulgar, contra el acto que reclamaron del fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y al agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil, todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en términos y para los efectos precisados en el considerando noveno de este fallo. (.).". (lo resaltado es nuestro). Una vez recibido el testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cinco de junio de dos mil trece, se requirió su cumplimiento a las responsables (fojas 440 y 441). Previo análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables, por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, dicha ejecutoria se declaró cumplida, en los términos siguientes (fojas 615 vuelta a 618): "(.) ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a EVA SOSA HERNÁNDEZ en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD TRES SIN DETENIDO ADSCRITO A LA SEGUNDA AGENCIA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADA RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; Y COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en el acuerdo de 23 de mayo de 2012, mediante el cual se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06 y su ejecución. Mediante sentencia de amparo 31 de enero de 2013, se resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo en el que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y amparar y proteger a la parte quejosa, para los siguientes efectos genéricos: Para que el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dejara insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012 dictada en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. Hecho lo anterior, ordenara la remisión de dicha averiguación previa a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que este a su vez acordara lo que en derecho correspondiera. Ahora, del análisis integral de la ejecutoria, se puede advertir que específicamente se determinó lo siguiente: Que dada la incompetencia del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, éste no debía entrar al estudio de la inconformidad planteada, por lo que la resolución de 23 de mayo de 2012 fue inconstitucional. Que por la incompetencia del responsable de la Agencia Investigadora, éste no debió resolver sobre la propuesta de no ejercicio de la acción penal, pues al tratarse de un delito grave la autoridad que debió conocer era la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, por lo que el acuerdo 9 de marzo de 2012 era también inconstitucional. En consecuencia, para mayor claridad en los efectos para los que se concedió el amparo, podemos decir que son los siguientes: a) El FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, dejara insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012, dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06. b) Hecho lo anterior, remitiera la indagatoria al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, para que este a su vez dejara insubsistente la resolución de 9 de marzo de 2012 y remitiera a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. c) Atento a lo anterior, la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR debía resolver lo que en derecho correspondiera respecto a la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictado en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. Por lo expuesto en párrafos precedentes, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha ejecutoria. Por medio del oficio registrado con el número 17891, el FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012, dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06. Asimismo, ordenó remitir las constancias de dicha averiguación previa al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, para que en el ámbito de su competencia emitiera lo que en derecho correspondiera, atendiendo a la ejecutoria de amparo. Mediante el oficio registrado con el número 17360, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de 9 de marzo de 2012, en la que confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la citada indagatoria. Hecho lo anterior ordenó remitir la averiguación previa de mérito a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES, para que esta resolviera respecto de dicha propuesta. Ahora, por lo que hace a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, por medio del oficio registrado con el número 22462, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Tuvo por recibidos los autos de la averiguación previa en comento, así, se declaró competente para resolver respecto de la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06; y atento a lo anterior, resolvió conforme a derecho. Asimismo, mediante oficio registrado como 17359, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD TRES SIN DETENIDO ADSCRITO A LA SEGUNDA AGENCIA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, informó las acciones realizadas como autoridad ejecutora para cumplir con la sentencia amparadora; precisando al efecto que remitió las constancias de la averiguación en comento a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. (.).". El dos de octubre dedos mil trece, se declaró consentido ese acuerdo que la tuvo por cumplida y se ordenó el archivo del expediente (foja 638). SEGUNDO. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, la quejosa ********************, denunció la repetición del acto reclamado (fojas 654 a 659), en los términos siguientes: "(.) PRIMERO.- Con fecha 23 de mayo de año 2013, el Séptimo Tribunal Colegiado de Amparo dicto sentencia en el Recurso de Revisión número 54/2013, por el cual en el RESOLUTIVO TERCERO de dicha sentencia, la Justicia de la Unión amparó y protegió a EVA SOSA HERNÁNDEZ, contra actos de las siguientes autoridades responsables  Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles.  Agente del Ministerio Público titular de la Unidad Tres Sin Detenido adscrita a la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles.  Agente del Ministerio Público encargada Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos de lo Civil. En el considerando Noveno de la sentencia de amparo en revisión, se determinó que el acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha 23 de mayo de 2012, mediante el cual el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/391/10-06 y su ejecución estimó en esencia, fundado el agravio de la recurrente ********************, en cuanto a que los delitos materia de la indagatoria son graves y por lo tanto la responsable no es competente para resolver el recurso de inconformidad. Determinando que los delitos de fraude procesal imputado a EVA SOSA HERNÁNDEZ y de acuerdo a la legislación procesal aplicable al caso en concreto es decir de conformidad con el artículo 310, párrafo primero, en relación con el numeral 230, fracción V, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, y párrafos quinto y sexto del normativo 268 del Código de Procedimientos Penales para esa capital. En la misma ejecutoria de recurso de revisión el Tribunal Colegiado determino que incluso el delito de falsedad en declaraciones debe estimarse GRAVE, pues los hechos que denunció VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR contra EVA SOSA HERNÁNDEZ se refiere a un ilícito considerado como grave (fraude procesal), luego entonces la pena que hipotéticamente corresponde es de cinco a diez años de prisión de conformidad con la última parte del artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal. En la misma ejecutoria de amparo, se determina que el recurso de inconformidad interpuesto por los revisionistas INDEBIDAMENTE fue hecho del conocimiento del Fiscal de Procesos Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que se trataba de delitos graves que perseguir en la indagatoria, lo correcto era que el medio de impugnación y los autos de la averiguación previa hubieran sido remitidos al Subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente, para que este, en su momento pronunciara la confirmación o no del no ejercicio que nos ocupa. En la misma ejecutoria se ordena la remisión de la indagatoria y de los recursos de inconformidad a la Coordinación de Agente del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que esa institución acuerde lo que en derecho corresponda respecto al medio de impugnación. Que la concesión de amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y del Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, tal como se puede apreciar en la ejecutoria que se acompaña ANEXO UNO. SEGUNDO.- Con motivo de la anterior determinación de amparo, la indagatoria fue remitida a los auxiliares del procurador y fue revocada la autorización de propuesta de no ejercicio de la acción penal y se regresó a la unidad de investigación en donde después de aportar elementos de prueba, por parte de la suscrita EVA SOSA HERNÁNDEZ, se ejercitó acción penal en contra del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDADES, AGRAVADO, y se dejó un desglose por lo que se refiere al delito de FRAUDE PROCESAL para su determinación posterior, consignación que fue radicada en el Juzgado Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México, misma que se radicó con el número de expediente 61/2018, quien libró la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, misma que fue cumplimentada, y se le dictó auto de formal prisión a dicho sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR por el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD AGRAVADO, proceso que actualmente se encuentra en instrucción. TERCERO.- con fecha 31 de octubre de 2019, la suscrita EVA SOSA HERNÁNDEZ, comparece ante el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Uno de la Tercera Agencia de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a quien se le asignó el desglose y me entero de lo siguiente:  Que con fecha 7 de septiembre de 2018, el Agente del Ministerio Público MARTÍN GERARDO FLORES GONZÁLEZ, dicto acuerdo de propuesta de no ejercicio de la acción penal por lo que hace al delito de fraude procesal y se remitieron los autos a la Coordinación de Agentes del Ministerio Publico.  Que con fecha 31 de septiembre de 2018, el Agente del Ministerio Público revisor licenciado JOSÉ ANTONIO TORRES MONRROY de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares Procurador, determinó que esa coordinación era competente para resolver respecto de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, que se aprobaba la propuesta de no ejercicio de la acción penal, que se ordena la notificación a VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR.  En base a lo anterior, se le notificó al sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR y presentó inconformidad, misma que fue determinada por resolución de fecha 14 de febrero de 2019, por el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Doctor RODRIGO DE LA RIVA ROBLES, quien determinó que era incompetente para resolver la inconformidad planteada por VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR en razón de encontrarnos ante un recurso de inconformidad del No Ejercicio de la Acción Penal respecto a un delito no grave. ANEXO DOS. Dictando una resolución contra constancias procesales, y violando la ejecutoria de amparo el amparo en revisión número 54/2013 emitida por el Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, quien determinó que los delitos denunciados por VÍCTOR MENUEL ARETIA PULGAR en contra de EVA SOSA HERNÁNDEZ por el delito de FRAUDE PROCESAL es grave y que el denunciado por EVA SOSA HERNÁNDEZ en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR que es el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD, es también grave, tan es así que se ejercitó acción penal en contra de dicho sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, y se libró orden de aprehensión por delito grave, por lo cual el Subprocurador mencionado violó una ejecutoria firme del Perder Judicial de la Federación, lo que pongo en conocimiento de este Juzgado de Distrito para que determine lo procedente. CUARTO.- En base a la ilegal incompetencia del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales por violar una ejecutoria de amparo, se remitieron los autos y la inconformidad del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, para que resolviera la multicitada inconformidad. QUINTO.- De igual manera con fecha 31 de octubre de 2019, en mi comparecencia ante el Agente del Ministerio Publico, corroboro, que el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, LIC JOSÉ LUIS VENEGAS CARREÑO, autoridad responsable en RECURSO DE REVISIÓN Número 54/2013, del Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el cual la Justicia de la Unión Amparo y Protegió a EVA SOSA HERNÁDEZ y con fecha 26 de septiembre de 2019, dicta una resolución en donde en forma ilegal hace lo siguiente: Se declara competente para conocer y resolver el presente asunto, es decir, la inconformidad del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR respecto a la propuesta de no ejercicio de la acción penal, y REPITIÓ EL ACTO RECLAMADO de no ser competente para conocer de delitos GRAVES, que se definió en el RECURSO DE REVISIÓN ya identificado y que corre agregado en las actuaciones de la averiguación previa y en forma ilegal revoca la propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por lo que hace al delito de fraude procesal que propuso la Unidad de Investigación número Uno de la Tercera Agencia Investigadora en Juzgados Civiles de fecha de fecha 5 de junio de 2019, y ordena practicar las siguientes diligencias: (.). SEXTO.- Que en virtud de que la autoridad responsable dentro de los autos de la Revisión Penal número 54/2013, del Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia penal de la ciudad de México, denominada FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, LIC JOSÉ LUIS VENEGAS CARREÑO, REPITIÓ el acto reclamado en su resolución de fecha 26 de septiembre de 2019, y estando en tiempo, vengo a hacer la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, para que se le corra traslado a la autoridad responsable y se le pida el informe que deberá rendir en el término de tres días, y se dicte resolución y en caso de que se determine que existe repetición del acto reclamado, se ordene la remisión de los autos al Honorable Tribunal Colegiado, para que determine lo conducente. SEXTO.-(sic) Con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, también hace la denuncia respecto al incumplimiento de la ejecutoria del Recurso de Revisión ya identificado en este escrito, por parte del Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Doctor RODRIGO DE LA RIVA ROBLES, ya que si bien es cierto que no intervino como autoridad responsable en el Recurso de Revisión ya mencionado, al resolver en su acuerdo de fecha 14 de febrero de 2019, tenía la obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que el mencionado artículo 193 de la Ley de Amparo es categórica al respecto al ordenar en su párrafo segundo lo siguiente: (.).". Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se solicitó el expediente al Centro Documental y Digitalización correspondiente (foja 728), y una vez recibido, el veintiséis de ese mismo mes y año, se admitió a trámite y se requirió a las autoridades sus informes correspondientes (foja 731). El seis de enero de dos mil veinte, atendiendo a la solicitud de la quejosa, se tuvieron diversas autoridades vinculadas y se les requirieron sus informes respectivos en torno a la repetición denunciada (foja 770). El cuatro de febrero del año pasado, se tuvieron por hechas diversas manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al incidente de repetición del acto reclamado que nos ocupa (foja 784). CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable por similitud de razón, se precisa que la materia de la denuncia de repetición del acto reclamado es: La determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias. TERCERO. En la especie, este juzgador determina que NO se configura la repetición del acto reclamado que hace valer la quejosa ********************; y, por tanto, resulta infundada la presente denuncia, atento a los razonamientos siguientes. Sobre el tópico, cabe precisar que la repetición del acto reclamado se actualiza cuando una autoridad, una vez que ha dado cumplimiento a un fallo protector, insiste en emitir un acto idéntico respecto al cual se concedió la protección constitucional; violando nuevamente los derechos fundamentales del amparista. Por ello, el legislador previó en el artículo 199 de la Ley de Amparo, la figura procesal de la repetición del acto reclamado en los términos siguientes: "Repetición del Acto Reclamado Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Como se ve, esa institución de la repetición del acto reclamado se trata de un mecanismo para que la autoridad responsable no desconozca en futuras ocasiones la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo en perjuicio de aquel gobernado que fue protegido constitucionalmente, mediante la emisión de un nuevo acto igual a aquél por el que se concedió el amparo; es, decir que esté basado en los mismos supuestos y motivos que fueron tomados en consideración para otorgar la protección constitucional en su oportunidad. Así, ante tal eventualidad, el amparado podrá acudir ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio a denunciar la conducta reiterativa en que ha incurrido tal responsable que pretende reiterar la transgresión a sus derechos previamente protegidos mediante la emisión de una sentencia. Por el contrario, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados inicialmente, debe considerarse como actos diversos susceptibles de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Merece invocarse por el tema que trata, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo.". Asimismo, esa figura procesal conlleva la finalidad de sancionar a las autoridades responsables que con posterioridad a que haya causado ejecutoria que concedió la protección federal, realicen actos idénticos o iguales, basados en los mismos supuestos y motivos tendentes a frustrar los efectos de dicha concesión. Para que se actualice esa repetición del acto reclamado, deberán concurran los elementos siguientes: 1. Que exista una sentencia que conceda el amparo. 2. Que en cumplimiento a aquélla la autoridad haya acatado sus efectos; y a pesar de ello, posteriormente 3. Desconozca e insista en materializar un acto por el que reitere la violación que antes fue materia del juicio. Precisado lo anterior, en la especie se procede a analizar si se configura tal repetición del acto reclamado, mediante la comparación del que fue materia del fallo protector y aquél denunciado como reiterativo en su perjuicio. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho.". En tal tesitura, de las constancias que obran en el sumario, se destaca lo siguiente: 1. El veintitrés de mayo de dos mil trece, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 54/2013, consideró que el acto reclamado en el juicio de amparo 610/2012-III y su acumulado 629/2012-III, de este índice, consistente en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil doce, por el que se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, dictado por el que Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, era violatorio de los derechos fundamentales de ********************, porque ese Fiscal carece de competencia para pronunciarse en torno a los hechos que dieron origen al delito ahí denunciado, el cual debe ser considerado grave para efectos de la competencia legal de la autoridad ministerial (fojas 400 a 439). En tal sentido, declaró la incompetencia legal del fiscal de procesos en juzgados civiles en esta ciudad, para conocer de la inconformidad hecha valer en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, por tratarse de un delito grave y le impuso la obligación de dejar insubsistente esa resolución de veintitrés de mayo de dos mil doce, y ordenar la remisión de dicha indagatoria y de los recursos de inconformidad hechos valer, a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que esa institución acordara lo que en derecho correspondiera respecto al medio de impugnación de mérito. 2. Posteriormente, ese Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, mediante resolución de catorce de junio de dos mil trece, atendió lo ordenado en el fallo protector, pues dejó insubsistente su previa determinación de veintitrés de mayo de dos mil doce; revocó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06; y, ordenó su remisión (por conducto de la encargada de la agencia) a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador (fojas 516 a 520) 3. A la postre, fue revocada la autorización de propuesta de no ejercicio de la acción penal y se regresó a la unidad de investigación, en donde el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se ejerció acción penal en esa averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de falsedad ante autoridades. Asimismo, en dicho acuerdo se ordenó formar el DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por lo que se refiere al delito de fraude procesal para su determinación posterior (fojas 1104 a 1106, anexo II, del juicio de amparo 954/2019, de este índice). 4. Luego, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se propuso el no ejercicio de la acción penal en dicho desglose y, más adelante, la Coordinación de Agentes del Ministerio Publico Auxiliares del Procurador, aprobó tal propuesta de no ejercicio de la acción penal emitida dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************; y ordenó su notificación al denunciante de ese delito de fraude procesal, VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR (fojas 1109 a 1120 y 1122 a 1133, ídem). 5. En contra de la anterior determinación, VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, interpuso recurso de inconformidad, el cual fue remitido al Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (foja 1145, ídem). 6. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se declaró incompetente para resolver la inconformidad interpuesta contra la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal emitida dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por lo que ordenó su devolución al aludido Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, para que determinara lo conducente en torno a dicha inconformidad; según se puede advertir del punto resolutivo primero con el que culminó esa determinación (fojas 1157 a 1183, ídem): "(.) PRIMERO.- Esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales es INCOMPETENTE para resolver la inconformidad planteada por Víctor Manuel Aretia Pulgar, en razón de encontrarnos ante el recurso de inconformidad del No Ejercicio de la Acción Penal respecto a un delito no grave. (.).". 7. Finalmente, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias -acto denunciado como repetitivo del reclamado inicialmente- (fojas 1237 a 1249, ídem). Ahora bien, contrario a lo señalado por la parte quejosa, a juicio de quien esto resuelve no se actualiza la repetición del acto reclamado, pues el denunciado de repetitivo no reproduce las características básicas del reclamado, ya que no fue emitido con base en los mismos supuestos o motivos, ni constituyen actuaciones idénticas o iguales; ya que fueron emitidas dentro de expedientes administrativos ministeriales distintos, como lo es una averiguación previa primaria (ya finalizada) y su posterior desglose (en trámite); los cuales, si bien se encuentran vinculados, lo cierto es que persiguen finalidades y revisten características diferentes entre sí; lo que de suyo veda la posibilidad de transpolar idénticas directrices para cada una, respectivamente, como se explica a continuación. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, así como los numerales 2o., 3o. y 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta urbe, entre otros, la averiguación previa puede entenderse como la serie de actos prejudiciales necesarios para que el Ministerio Público determine si es procedente ejercitar o no la acción penal, la cual inicia con el auto de radicación o avocamiento que recaiga a la noticia criminal y puede culminar de las siguientes maneras: i) con acuerdo de ejercicio de la acción penal, cuando a juicio de la representación social existen elementos suficientes que hacen presumir la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un delito; ii) acuerdo de reserva, cuando existen medios que hacen presumir la probable comisión de un delito pero no son suficientes para ejercitar la acción penal, y iii) acuerdo de archivo, cuando a juicio del ministerio público no existen elementos constitutivos de delito. Asimismo, existen casos en la indagatoria principal que se realiza para descubrir la verdad dentro de la fase preliminar del proceso penal, en los que resulta necesario hacer un desglose para el análisis y estudio de las constancias que lo integran, con la finalidad de investigar diversos delitos y probables responsables. En ese contexto, retomando lo ya expuesto en los antecedentes del acto tildado de repetitivo, se tiene que el amparo concedido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el veintitrés de mayo de dos mil trece, al resolver el amparo en revisión 54/2013, versó sobre el análisis y estudio de las constancias que integraban, en su momento, esa averiguación previa original FPC/74/T1/391/10-06, la que culminó con el acuerdo de ejercicio de la acción penal en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de falsedad ante autoridades y su pliego de consignación respectivo. Por otra parte, se obtiene también que hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se formó el desglose de la averiguación previa ********************, iniciado para investigar el diverso ilícito de fraude procesal; del cual emana el acto denunciado por la quejosa cómo repetitivo y violatorio de sus derechos. Ahora bien, como ya se dijo, la figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de derechos que entrañan los que se impugnaron el juicio de amparo y -en el caso- del análisis comparativo entre la nueva resolución denunciada como repetición aquella que fue materia del fallo protector, se obtiene que fueron dictados en expedientes administrativos ministeriales diferentes, a saber, una averiguación previa original ya concluida y otro, dentro de un desglose posterior que aún se encuentra en trámite para la investigación de ilícito diverso al investigado en aquél; que no fue materia de la concesión de amparo; por lo que resulta inconcuso que la autoridad responsable Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, no ha incurrido en las mismas violaciones respecto a las cuales se concedió el amparo hace poco más de seis años. De esa manera, no puede hablarse de repetición del acto reclamado, pues el amparo inicialmente concedido atingente a la averiguación previa principal en comento, sí quedó acatado, según lo declaró cumplido este órgano jurisdiccional por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, e inclusive tal indagatoria ya culminó con el ejercicio de la acción penal mencionado. En cambio, para el desglose posterior, no existió lineamiento alguno en esa concesión de amparo, al no haberse formado si quiera; por lo que es claro que quedaban expeditas las facultades de la autoridad para seguir investigando, con plenitud de jurisdicción. En ese sentido, resulta evidente que la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias; no se trata de un acto igual a aquél por el que se concedió el amparo; ni está basado en los mismos supuestos y motivos que fueron tomados en consideración para otorgar la protección constitucional en su oportunidad. Por identidad de razones -igual calificativa en torno a la no repetición del acto reclamado- merece el actuar del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien por dictamen de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en esa indagatoria ********************, se declaró incompetente para resolver la aludida inconformidad interpuesta en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal y ordenó que fuera remitida al fiscal en comento para que resolviera lo conducente. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la promovente respecto al supuesto incumplimiento a la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el veintitrés de mayo de dos mil trece, al resolver el amparo en revisión 54/2013; por parte del Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al emitir ese dictamen de catorce de febrero de dos mil diecinueve, pues no fue autoridad responsable en dicho juicio de amparo; máxime que tal ejecutoria, previo análisis del actuar de las autoridades vinculadas, fue declarada cabalmente cumplida desde el veintiséis de agosto de dos mil trece, y posteriormente consentida dicha declaratoria, el dos de octubre del mismo año. La anterior determinación no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa pues si bien los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados inicialmente, lo cierto es que se trata de actos diversos que sí susceptibles de impugnación y análisis en un nuevo juicio amparo; como así los combatió mediante la promoción del diverso juicio 954/2019-III, de este índice, en donde podrá ser materia de estudio la constitucionalidad y legalidad de tales actos. Así, por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: ÚNICO. Es INFUNDADA la denuncia de repetición del acto reclamado promovida por ********************, por propio derecho, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese personalmente de manera electrónica a las partes y, solo en caso de no ser posible, presencialmente; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante Gerardo Ortiz Delgado, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la determinación de 29 de enero del 2021, al tercero interesado Víctor Manuel Aretia Pulgar, el cual en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto los autos del juicio de amparo 610/2012-III y su acumulado 629/2012-III, de este índice, para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado, formulada por ********************, por propio derecho, contra actos del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta Ciudad, y otra. ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, ********************, por propio derecho, ocurrió en demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables (foja 2): 1. Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles. 2. Agente del Ministerio Público titular de la Unidad Tres Sin Detenido adscrita a la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad. 3. Agente del Ministerio Público encargada responsable de la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad. Como acto reclamado: A. Acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil doce, dictado en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en el que se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal iniciada contra Víctor Manuel Aretia Pulgar, por el delito de falsedad ante autoridades y su cumplimiento. Por auto de dieciocho de ese mismo mes y año, se admitió a trámite y se ordenó su registro bajo el consecutivo 610/2012-III (foja 24). Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de ese año, en la referida Oficina de Correspondencia Común, Víctor Manuel Aretia Pulgar, por propio derecho, presentó demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a las citadas y como acto reclamado el siguiente (foja 68): a. La falta de fundamentación y motivación de la ponencia de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa FPC/74/T1/391/10-06, y su ejecución; que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. Por proveído de veintidós de ese mes y año, se admitió a trámite y se ordenó su registro bajo el consecutivo 629/2012-III (foja 90). El veinte de julio de dos mil doce, el juez de amparo decretó de oficio la acumulación de esos juicios 629/2012-III y el diverso 610/2012-III (foja 197). Por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil trece, se sobreseyó en el juicio (fojas 285 a 299). Inconforme con la anterior determinación, los quejosos ******************** y Víctor Manuel Aretia Pulgar interpusieron, respectivamente, recurso de revisión; del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registró bajo el amparo en revisión 54/2013, y en sesión de veintitrés de mayo de dos mil trece, resolvió revocar la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, en los términos siguientes (fojas 434 a 439): "(.) Ahora bien, de los preceptos legales citados en párrafos precedentes, se establece con claridad que cuando el valor de lo defraudado excede diez mil veces el salario mínimo, como en el caso acaece, el delito será considerado grave, pues la pena hipotética a imponer excede a los cinco años de prisión; situación que es aplicable ya que si se condenó a ******************** a pagar a Víctor Manuel Aretia Pulgar o a quien legalmente represente sus derechos, dos millones ochocientos sesenta y un mil quinientos diecisiete pesos veinticuatro centavos, por concepto de suerte principal de la operación de compraventa del inmueble afecto; por tanto, el posible beneficio sería por esa suma; cantidad que rebasa los quinientos cuarenta y ocho mil pesos a que equivalen las diez mil veces el salario mínimo vigente en la época de los hechos, que era de cincuenta y cuatro pesos ochenta centavos, dado que la promoción con la que se promovió la referida tercería y se exhibió el documento que se tilda de falso, la tuvo por recibida el juez Quincuagésimo Sexto Civil del Distrito Federal el dieciséis de octubre de dos mil nueve. Ahora bien, de actuaciones se aprecia que por acuerdo del cinco de marzo de dos mil doce, la agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, relativa a los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridades; la cual fue aprobada por el responsable de la Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por auto del nueve siguiente. Determinación que fue confirmada por el fiscal de Procesos en Juzgado Civiles de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, mediante acuerdo del veintitrés de mayo de dos mil doce, al resolver el recurso de inconformidad interpuesto, respectivamente, por ******************** y Víctor Manuel Areita Pulgar. Ahora bien, del devenir en que se desarrolló el procedimiento para la revisión de la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa de referencia, se advierte que no se observaron ni acataron las disposiciones normativas que regulan tal proceder; pues no se acataron los lineamientos establecidos en los artículos 13 y 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que en lo conducente señalan: (.) Procedimiento que se reafirma en los numerales 64, 66 y 68 del Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen las bases y especificaciones para la atención y el servicio a la población, los procedimientos y la organización de las agencias del Ministerio Público de esta ciudad capital, que señalan: (.) De las disposiciones normativas en cita, resulta claro apreciar que toda vez que la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, se refiere a hechos delictivos tildados como graves de acuerdo a los preceptos legales que anteriormente se invocaron (310, párrafo primero, 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el quinto y sexto párrafos del normativo 268 de la ley adjetiva de la materia y fuero), ésta y la propuesta de no ejercicio de la acción penal que se decretó, desde un primer momento, debieron haberse remitido a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para la revisión y emisión del dictamen respectivo, es decir, para autorizar o no dicha determinación; y no como en el caso concreto suscitó, que tanto la indagatoria como la propuesta en mención fueron remitidos al responsable de la Agencia Investigadora. Incluso, el delito de falsedad en declaraciones debe estimarse grave, pues si los hechos que denunció Víctor Manuel Aretia Pulgar, contra ******************** se refieren a un ilícito considerado grave (fraude procesal); entonces la pena que hipotéticamente corresponde es de cinco a diez años de prisión, de conformidad con la última parte del artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal. Luego, siguiendo los lineamientos que regulan el proceder de la representación social cuando decide no ejercer acción penal, resulta indubitable determinar que el recurso de inconformidad interpuesto por los ahora revisionistas, indebidamente fue hecha del conocimiento del fiscal de Procesos en Juzgado Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que si se trataba de delitos graves que perseguir en la indagatoria, lo correcto era que el medio de impugnación y los autos de la averiguación previa hubieran sido remitidos al subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente, para que éste, en su momento, pronunciara la confirmación o no del inejercicio que nos ocupa. No obstante, el aquí responsable fiscal responsable, como se adujo en párrafos que preceden, incorrectamente entró al estudio de la inconformidad planteada y se pronunció al respecto, soslayando las disposiciones legales que rigen su competencia, y en consecuencia, violando las prerrogativas de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado; aspecto que a la especie, no satisfizo la autoridad responsable en la resolución reclamada. Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 10/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. (.).". Es importante precisar que atendiendo al aspecto que fue materia de análisis (competencia), resulta improcedente hacer pronunciamiento sobre la consumación del delito de fraude procesal, toda vez que considerando la mecánica de los hechos que fueron puestos en conocimiento del órgano ministerial, se trata de un tema de fondo que en todo caso será tratado por la autoridad que deba resolver sobre el recurso de inconformidad propuesto por los ahora recurrentes. En consecuencia, al CARECER DE COMPETENCIA LEGAL EL FISCAL CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS en la resolución que se le reclama por esta vía, se impone revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que dicha autoridad deje insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil doce, dictada en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en la que confirmó la autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal en esa indagatoria y ORDENE SU REMISIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD A LA COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, para que esa institución acuerde lo que en derecho corresponda respecto al medio de impugnación de mérito. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y del agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil, ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, por derivar de un acto declarado inconstitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76 bis, fracción II, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: (.) TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y Víctor Manuel Aretia Pulgar, contra el acto que reclamaron del fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y al agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil, todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en términos y para los efectos precisados en el considerando noveno de este fallo. (.).". (lo resaltado es nuestro). Una vez recibido el testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cinco de junio de dos mil trece, se requirió su cumplimiento a las responsables (fojas 440 y 441). Previo análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables, por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, dicha ejecutoria se declaró cumplida, en los términos siguientes (fojas 615 vuelta a 618): "(.) ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a EVA SOSA HERNÁNDEZ en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD TRES SIN DETENIDO ADSCRITO A LA SEGUNDA AGENCIA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADA RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; Y COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en el acuerdo de 23 de mayo de 2012, mediante el cual se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06 y su ejecución. Mediante sentencia de amparo 31 de enero de 2013, se resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo en el que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y amparar y proteger a la parte quejosa, para los siguientes efectos genéricos: Para que el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dejara insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012 dictada en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. Hecho lo anterior, ordenara la remisión de dicha averiguación previa a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que este a su vez acordara lo que en derecho correspondiera. Ahora, del análisis integral de la ejecutoria, se puede advertir que específicamente se determinó lo siguiente: Que dada la incompetencia del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, éste no debía entrar al estudio de la inconformidad planteada, por lo que la resolución de 23 de mayo de 2012 fue inconstitucional. Que por la incompetencia del responsable de la Agencia Investigadora, éste no debió resolver sobre la propuesta de no ejercicio de la acción penal, pues al tratarse de un delito grave la autoridad que debió conocer era la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, por lo que el acuerdo 9 de marzo de 2012 era también inconstitucional. En consecuencia, para mayor claridad en los efectos para los que se concedió el amparo, podemos decir que son los siguientes: a) El FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, dejara insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012, dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06. b) Hecho lo anterior, remitiera la indagatoria al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, para que este a su vez dejara insubsistente la resolución de 9 de marzo de 2012 y remitiera a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. c) Atento a lo anterior, la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR debía resolver lo que en derecho correspondiera respecto a la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictado en la averiguación previa FCP/74/T1/391/10-06. Por lo expuesto en párrafos precedentes, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha ejecutoria. Por medio del oficio registrado con el número 17891, el FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de 23 de mayo de 2012, dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06. Asimismo, ordenó remitir las constancias de dicha averiguación previa al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, para que en el ámbito de su competencia emitiera lo que en derecho correspondiera, atendiendo a la ejecutoria de amparo. Mediante el oficio registrado con el número 17360, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO RESPONSABLE DE LA SEGUNDA AGENCIA DEL PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de 9 de marzo de 2012, en la que confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la citada indagatoria. Hecho lo anterior ordenó remitir la averiguación previa de mérito a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES, para que esta resolviera respecto de dicha propuesta. Ahora, por lo que hace a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, por medio del oficio registrado con el número 22462, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para demostrar lo anterior remitió copia de diversas constancias, de las que se advierte que: Tuvo por recibidos los autos de la averiguación previa en comento, así, se declaró competente para resolver respecto de la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la indagatoria FCP/74/T1/391/10-06; y atento a lo anterior, resolvió conforme a derecho. Asimismo, mediante oficio registrado como 17359, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD TRES SIN DETENIDO ADSCRITO A LA SEGUNDA AGENCIA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, informó las acciones realizadas como autoridad ejecutora para cumplir con la sentencia amparadora; precisando al efecto que remitió las constancias de la averiguación en comento a la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. (.).". El dos de octubre dedos mil trece, se declaró consentido ese acuerdo que la tuvo por cumplida y se ordenó el archivo del expediente (foja 638). SEGUNDO. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, la quejosa ********************, denunció la repetición del acto reclamado (fojas 654 a 659), en los términos siguientes: "(.) PRIMERO.- Con fecha 23 de mayo de año 2013, el Séptimo Tribunal Colegiado de Amparo dicto sentencia en el Recurso de Revisión número 54/2013, por el cual en el RESOLUTIVO TERCERO de dicha sentencia, la Justicia de la Unión amparó y protegió a EVA SOSA HERNÁNDEZ, contra actos de las siguientes autoridades responsables  Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles.  Agente del Ministerio Público titular de la Unidad Tres Sin Detenido adscrita a la Segunda Agencia de Procesos en Juzgados Civiles.  Agente del Ministerio Público encargada Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos de lo Civil. En el considerando Noveno de la sentencia de amparo en revisión, se determinó que el acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha 23 de mayo de 2012, mediante el cual el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/391/10-06 y su ejecución estimó en esencia, fundado el agravio de la recurrente ********************, en cuanto a que los delitos materia de la indagatoria son graves y por lo tanto la responsable no es competente para resolver el recurso de inconformidad. Determinando que los delitos de fraude procesal imputado a EVA SOSA HERNÁNDEZ y de acuerdo a la legislación procesal aplicable al caso en concreto es decir de conformidad con el artículo 310, párrafo primero, en relación con el numeral 230, fracción V, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, y párrafos quinto y sexto del normativo 268 del Código de Procedimientos Penales para esa capital. En la misma ejecutoria de recurso de revisión el Tribunal Colegiado determino que incluso el delito de falsedad en declaraciones debe estimarse GRAVE, pues los hechos que denunció VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR contra EVA SOSA HERNÁNDEZ se refiere a un ilícito considerado como grave (fraude procesal), luego entonces la pena que hipotéticamente corresponde es de cinco a diez años de prisión de conformidad con la última parte del artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal. En la misma ejecutoria de amparo, se determina que el recurso de inconformidad interpuesto por los revisionistas INDEBIDAMENTE fue hecho del conocimiento del Fiscal de Procesos Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que se trataba de delitos graves que perseguir en la indagatoria, lo correcto era que el medio de impugnación y los autos de la averiguación previa hubieran sido remitidos al Subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente, para que este, en su momento pronunciara la confirmación o no del no ejercicio que nos ocupa. En la misma ejecutoria se ordena la remisión de la indagatoria y de los recursos de inconformidad a la Coordinación de Agente del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que esa institución acuerde lo que en derecho corresponda respecto al medio de impugnación. Que la concesión de amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Agente del Ministerio Público Responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil y del Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Unidad de Procesos, Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en lo Civil ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, tal como se puede apreciar en la ejecutoria que se acompaña ANEXO UNO. SEGUNDO.- Con motivo de la anterior determinación de amparo, la indagatoria fue remitida a los auxiliares del procurador y fue revocada la autorización de propuesta de no ejercicio de la acción penal y se regresó a la unidad de investigación en donde después de aportar elementos de prueba, por parte de la suscrita EVA SOSA HERNÁNDEZ, se ejercitó acción penal en contra del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDADES, AGRAVADO, y se dejó un desglose por lo que se refiere al delito de FRAUDE PROCESAL para su determinación posterior, consignación que fue radicada en el Juzgado Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México, misma que se radicó con el número de expediente 61/2018, quien libró la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, misma que fue cumplimentada, y se le dictó auto de formal prisión a dicho sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR por el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD AGRAVADO, proceso que actualmente se encuentra en instrucción. TERCERO.- con fecha 31 de octubre de 2019, la suscrita EVA SOSA HERNÁNDEZ, comparece ante el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Uno de la Tercera Agencia de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a quien se le asignó el desglose y me entero de lo siguiente:  Que con fecha 7 de septiembre de 2018, el Agente del Ministerio Público MARTÍN GERARDO FLORES GONZÁLEZ, dicto acuerdo de propuesta de no ejercicio de la acción penal por lo que hace al delito de fraude procesal y se remitieron los autos a la Coordinación de Agentes del Ministerio Publico.  Que con fecha 31 de septiembre de 2018, el Agente del Ministerio Público revisor licenciado JOSÉ ANTONIO TORRES MONRROY de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares Procurador, determinó que esa coordinación era competente para resolver respecto de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, que se aprobaba la propuesta de no ejercicio de la acción penal, que se ordena la notificación a VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR.  En base a lo anterior, se le notificó al sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR y presentó inconformidad, misma que fue determinada por resolución de fecha 14 de febrero de 2019, por el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Doctor RODRIGO DE LA RIVA ROBLES, quien determinó que era incompetente para resolver la inconformidad planteada por VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR en razón de encontrarnos ante un recurso de inconformidad del No Ejercicio de la Acción Penal respecto a un delito no grave. ANEXO DOS. Dictando una resolución contra constancias procesales, y violando la ejecutoria de amparo el amparo en revisión número 54/2013 emitida por el Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, quien determinó que los delitos denunciados por VÍCTOR MENUEL ARETIA PULGAR en contra de EVA SOSA HERNÁNDEZ por el delito de FRAUDE PROCESAL es grave y que el denunciado por EVA SOSA HERNÁNDEZ en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR que es el delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD, es también grave, tan es así que se ejercitó acción penal en contra de dicho sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, y se libró orden de aprehensión por delito grave, por lo cual el Subprocurador mencionado violó una ejecutoria firme del Perder Judicial de la Federación, lo que pongo en conocimiento de este Juzgado de Distrito para que determine lo procedente. CUARTO.- En base a la ilegal incompetencia del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales por violar una ejecutoria de amparo, se remitieron los autos y la inconformidad del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, para que resolviera la multicitada inconformidad. QUINTO.- De igual manera con fecha 31 de octubre de 2019, en mi comparecencia ante el Agente del Ministerio Publico, corroboro, que el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, LIC JOSÉ LUIS VENEGAS CARREÑO, autoridad responsable en RECURSO DE REVISIÓN Número 54/2013, del Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el cual la Justicia de la Unión Amparo y Protegió a EVA SOSA HERNÁDEZ y con fecha 26 de septiembre de 2019, dicta una resolución en donde en forma ilegal hace lo siguiente: Se declara competente para conocer y resolver el presente asunto, es decir, la inconformidad del sujeto VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR respecto a la propuesta de no ejercicio de la acción penal, y REPITIÓ EL ACTO RECLAMADO de no ser competente para conocer de delitos GRAVES, que se definió en el RECURSO DE REVISIÓN ya identificado y que corre agregado en las actuaciones de la averiguación previa y en forma ilegal revoca la propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por lo que hace al delito de fraude procesal que propuso la Unidad de Investigación número Uno de la Tercera Agencia Investigadora en Juzgados Civiles de fecha de fecha 5 de junio de 2019, y ordena practicar las siguientes diligencias: (.). SEXTO.- Que en virtud de que la autoridad responsable dentro de los autos de la Revisión Penal número 54/2013, del Honorable Séptimo Tribunal Colegiado en Materia penal de la ciudad de México, denominada FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, LIC JOSÉ LUIS VENEGAS CARREÑO, REPITIÓ el acto reclamado en su resolución de fecha 26 de septiembre de 2019, y estando en tiempo, vengo a hacer la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, para que se le corra traslado a la autoridad responsable y se le pida el informe que deberá rendir en el término de tres días, y se dicte resolución y en caso de que se determine que existe repetición del acto reclamado, se ordene la remisión de los autos al Honorable Tribunal Colegiado, para que determine lo conducente. SEXTO.-(sic) Con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, también hace la denuncia respecto al incumplimiento de la ejecutoria del Recurso de Revisión ya identificado en este escrito, por parte del Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Doctor RODRIGO DE LA RIVA ROBLES, ya que si bien es cierto que no intervino como autoridad responsable en el Recurso de Revisión ya mencionado, al resolver en su acuerdo de fecha 14 de febrero de 2019, tenía la obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que el mencionado artículo 193 de la Ley de Amparo es categórica al respecto al ordenar en su párrafo segundo lo siguiente: (.).". Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se solicitó el expediente al Centro Documental y Digitalización correspondiente (foja 728), y una vez recibido, el veintiséis de ese mismo mes y año, se admitió a trámite y se requirió a las autoridades sus informes correspondientes (foja 731). El seis de enero de dos mil veinte, atendiendo a la solicitud de la quejosa, se tuvieron diversas autoridades vinculadas y se les requirieron sus informes respectivos en torno a la repetición denunciada (foja 770). El cuatro de febrero del año pasado, se tuvieron por hechas diversas manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al incidente de repetición del acto reclamado que nos ocupa (foja 784). CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable por similitud de razón, se precisa que la materia de la denuncia de repetición del acto reclamado es: La determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias. TERCERO. En la especie, este juzgador determina que NO se configura la repetición del acto reclamado que hace valer la quejosa ********************; y, por tanto, resulta infundada la presente denuncia, atento a los razonamientos siguientes. Sobre el tópico, cabe precisar que la repetición del acto reclamado se actualiza cuando una autoridad, una vez que ha dado cumplimiento a un fallo protector, insiste en emitir un acto idéntico respecto al cual se concedió la protección constitucional; violando nuevamente los derechos fundamentales del amparista. Por ello, el legislador previó en el artículo 199 de la Ley de Amparo, la figura procesal de la repetición del acto reclamado en los términos siguientes: "Repetición del Acto Reclamado Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Como se ve, esa institución de la repetición del acto reclamado se trata de un mecanismo para que la autoridad responsable no desconozca en futuras ocasiones la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo en perjuicio de aquel gobernado que fue protegido constitucionalmente, mediante la emisión de un nuevo acto igual a aquél por el que se concedió el amparo; es, decir que esté basado en los mismos supuestos y motivos que fueron tomados en consideración para otorgar la protección constitucional en su oportunidad. Así, ante tal eventualidad, el amparado podrá acudir ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio a denunciar la conducta reiterativa en que ha incurrido tal responsable que pretende reiterar la transgresión a sus derechos previamente protegidos mediante la emisión de una sentencia. Por el contrario, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados inicialmente, debe considerarse como actos diversos susceptibles de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Merece invocarse por el tema que trata, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo.". Asimismo, esa figura procesal conlleva la finalidad de sancionar a las autoridades responsables que con posterioridad a que haya causado ejecutoria que concedió la protección federal, realicen actos idénticos o iguales, basados en los mismos supuestos y motivos tendentes a frustrar los efectos de dicha concesión. Para que se actualice esa repetición del acto reclamado, deberán concurran los elementos siguientes: 1. Que exista una sentencia que conceda el amparo. 2. Que en cumplimiento a aquélla la autoridad haya acatado sus efectos; y a pesar de ello, posteriormente 3. Desconozca e insista en materializar un acto por el que reitere la violación que antes fue materia del juicio. Precisado lo anterior, en la especie se procede a analizar si se configura tal repetición del acto reclamado, mediante la comparación del que fue materia del fallo protector y aquél denunciado como reiterativo en su perjuicio. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho.". En tal tesitura, de las constancias que obran en el sumario, se destaca lo siguiente: 1. El veintitrés de mayo de dos mil trece, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 54/2013, consideró que el acto reclamado en el juicio de amparo 610/2012-III y su acumulado 629/2012-III, de este índice, consistente en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil doce, por el que se confirmó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, dictado por el que Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, era violatorio de los derechos fundamentales de ********************, porque ese Fiscal carece de competencia para pronunciarse en torno a los hechos que dieron origen al delito ahí denunciado, el cual debe ser considerado grave para efectos de la competencia legal de la autoridad ministerial (fojas 400 a 439). En tal sentido, declaró la incompetencia legal del fiscal de procesos en juzgados civiles en esta ciudad, para conocer de la inconformidad hecha valer en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, por tratarse de un delito grave y le impuso la obligación de dejar insubsistente esa resolución de veintitrés de mayo de dos mil doce, y ordenar la remisión de dicha indagatoria y de los recursos de inconformidad hechos valer, a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para que esa institución acordara lo que en derecho correspondiera respecto al medio de impugnación de mérito. 2. Posteriormente, ese Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, mediante resolución de catorce de junio de dos mil trece, atendió lo ordenado en el fallo protector, pues dejó insubsistente su previa determinación de veintitrés de mayo de dos mil doce; revocó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06; y, ordenó su remisión (por conducto de la encargada de la agencia) a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador (fojas 516 a 520) 3. A la postre, fue revocada la autorización de propuesta de no ejercicio de la acción penal y se regresó a la unidad de investigación, en donde el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se ejerció acción penal en esa averiguación previa FPC/74/T1/00391/10-06, en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de falsedad ante autoridades. Asimismo, en dicho acuerdo se ordenó formar el DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por lo que se refiere al delito de fraude procesal para su determinación posterior (fojas 1104 a 1106, anexo II, del juicio de amparo 954/2019, de este índice). 4. Luego, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se propuso el no ejercicio de la acción penal en dicho desglose y, más adelante, la Coordinación de Agentes del Ministerio Publico Auxiliares del Procurador, aprobó tal propuesta de no ejercicio de la acción penal emitida dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************; y ordenó su notificación al denunciante de ese delito de fraude procesal, VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR (fojas 1109 a 1120 y 1122 a 1133, ídem). 5. En contra de la anterior determinación, VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, interpuso recurso de inconformidad, el cual fue remitido al Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (foja 1145, ídem). 6. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se declaró incompetente para resolver la inconformidad interpuesta contra la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal emitida dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por lo que ordenó su devolución al aludido Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, para que determinara lo conducente en torno a dicha inconformidad; según se puede advertir del punto resolutivo primero con el que culminó esa determinación (fojas 1157 a 1183, ídem): "(.) PRIMERO.- Esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales es INCOMPETENTE para resolver la inconformidad planteada por Víctor Manuel Aretia Pulgar, en razón de encontrarnos ante el recurso de inconformidad del No Ejercicio de la Acción Penal respecto a un delito no grave. (.).". 7. Finalmente, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias -acto denunciado como repetitivo del reclamado inicialmente- (fojas 1237 a 1249, ídem). Ahora bien, contrario a lo señalado por la parte quejosa, a juicio de quien esto resuelve no se actualiza la repetición del acto reclamado, pues el denunciado de repetitivo no reproduce las características básicas del reclamado, ya que no fue emitido con base en los mismos supuestos o motivos, ni constituyen actuaciones idénticas o iguales; ya que fueron emitidas dentro de expedientes administrativos ministeriales distintos, como lo es una averiguación previa primaria (ya finalizada) y su posterior desglose (en trámite); los cuales, si bien se encuentran vinculados, lo cierto es que persiguen finalidades y revisten características diferentes entre sí; lo que de suyo veda la posibilidad de transpolar idénticas directrices para cada una, respectivamente, como se explica a continuación. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, así como los numerales 2o., 3o. y 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta urbe, entre otros, la averiguación previa puede entenderse como la serie de actos prejudiciales necesarios para que el Ministerio Público determine si es procedente ejercitar o no la acción penal, la cual inicia con el auto de radicación o avocamiento que recaiga a la noticia criminal y puede culminar de las siguientes maneras: i) con acuerdo de ejercicio de la acción penal, cuando a juicio de la representación social existen elementos suficientes que hacen presumir la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un delito; ii) acuerdo de reserva, cuando existen medios que hacen presumir la probable comisión de un delito pero no son suficientes para ejercitar la acción penal, y iii) acuerdo de archivo, cuando a juicio del ministerio público no existen elementos constitutivos de delito. Asimismo, existen casos en la indagatoria principal que se realiza para descubrir la verdad dentro de la fase preliminar del proceso penal, en los que resulta necesario hacer un desglose para el análisis y estudio de las constancias que lo integran, con la finalidad de investigar diversos delitos y probables responsables. En ese contexto, retomando lo ya expuesto en los antecedentes del acto tildado de repetitivo, se tiene que el amparo concedido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el veintitrés de mayo de dos mil trece, al resolver el amparo en revisión 54/2013, versó sobre el análisis y estudio de las constancias que integraban, en su momento, esa averiguación previa original FPC/74/T1/391/10-06, la que culminó con el acuerdo de ejercicio de la acción penal en contra de VÍCTOR MANUEL ARETIA PULGAR, por el delito de falsedad ante autoridades y su pliego de consignación respectivo. Por otra parte, se obtiene también que hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se formó el desglose de la averiguación previa ********************, iniciado para investigar el diverso ilícito de fraude procesal; del cual emana el acto denunciado por la quejosa cómo repetitivo y violatorio de sus derechos. Ahora bien, como ya se dijo, la figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de derechos que entrañan los que se impugnaron el juicio de amparo y -en el caso- del análisis comparativo entre la nueva resolución denunciada como repetición aquella que fue materia del fallo protector, se obtiene que fueron dictados en expedientes administrativos ministeriales diferentes, a saber, una averiguación previa original ya concluida y otro, dentro de un desglose posterior que aún se encuentra en trámite para la investigación de ilícito diverso al investigado en aquél; que no fue materia de la concesión de amparo; por lo que resulta inconcuso que la autoridad responsable Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles en esta ciudad, no ha incurrido en las mismas violaciones respecto a las cuales se concedió el amparo hace poco más de seis años. De esa manera, no puede hablarse de repetición del acto reclamado, pues el amparo inicialmente concedido atingente a la averiguación previa principal en comento, sí quedó acatado, según lo declaró cumplido este órgano jurisdiccional por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, e inclusive tal indagatoria ya culminó con el ejercicio de la acción penal mencionado. En cambio, para el desglose posterior, no existió lineamiento alguno en esa concesión de amparo, al no haberse formado si quiera; por lo que es claro que quedaban expeditas las facultades de la autoridad para seguir investigando, con plenitud de jurisdicción. En ese sentido, resulta evidente que la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del DESGLOSE de la averiguación previa ********************, por el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual aceptó la competencia para resolver un recurso de inconformidad interpuesto en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal; la revocó y ordenó practicar diversas diligencias; no se trata de un acto igual a aquél por el que se concedió el amparo; ni está basado en los mismos supuestos y motivos que fueron tomados en consideración para otorgar la protección constitucional en su oportunidad. Por identidad de razones -igual calificativa en torno a la no repetición del acto reclamado- merece el actuar del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien por dictamen de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en esa indagatoria ********************, se declaró incompetente para resolver la aludida inconformidad interpuesta en contra de la aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal y ordenó que fuera remitida al fiscal en comento para que resolviera lo conducente. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la promovente respecto al supuesto incumplimiento a la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el veintitrés de mayo de dos mil trece, al resolver el amparo en revisión 54/2013; por parte del Subprocurador de Averiguaciones Previa Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al emitir ese dictamen de catorce de febrero de dos mil diecinueve, pues no fue autoridad responsable en dicho juicio de amparo; máxime que tal ejecutoria, previo análisis del actuar de las autoridades vinculadas, fue declarada cabalmente cumplida desde el veintiséis de agosto de dos mil trece, y posteriormente consentida dicha declaratoria, el dos de octubre del mismo año. La anterior determinación no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa pues si bien los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados inicialmente, lo cierto es que se trata de actos diversos que sí susceptibles de impugnación y análisis en un nuevo juicio amparo; como así los combatió mediante la promoción del diverso juicio 954/2019-III, de este índice, en donde podrá ser materia de estudio la constitucionalidad y legalidad de tales actos. Así, por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: ÚNICO. Es INFUNDADA la denuncia de repetición del acto reclamado promovida por ********************, por propio derecho, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese personalmente de manera electrónica a las partes y, solo en caso de no ser posible, presencialmente; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante Gerardo Ortiz Delgado, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.".

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual desahoga el requerimiento hecho por este juzgado en trece de diciembre último y, al efecto, remite en original la averiguación previa FPC/74/T1/391/10-06 D01. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y para el mejor manejo del asunto, fórmense los anexos I a XII, respetando el folio el origen. En ese sentido, toda vez que dichas constancias se requirieron de forma excepcional, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que se impongan de las mismas y manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Finalmente, una vez que suceda lo anterior, túrnese el presente asunto al secretario correspondiente para el estudio y dictado de la resolución del incidente de repetición del acto reclamado. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano