Eva Sensemaya Guerra Aguilera

Expediente 968/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
968/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Eva Sensemaya Guerra Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, al cual anexa copia certificada de la resolución emitida el siete de marzo de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja administrativa número 130/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, cuyo punto resolutivo quedó como sigue: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por lo que se confirma el auto desechatorio de demanda, emitido el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho dentro del juicio de amparo 968/2018-II.1 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado." Acúsese recibo de estilo a la Superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Ampao, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda interpuesta, determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ***, quedando registrado con el recurso de queja administrativa 130/2018 de su índice.

  3. Principal

    INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual interpone el recurso de queja a que hace referencia la fracción I, inciso a), del artículo 97, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, primer párrafo, de la ley de amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. INFORME JUSTIFICADO. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la ley de amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. INTEGRACIÓN DEL TESTIMONIO. Toda vez que la parte quejosa no señala las constancias con las que debe integrarse el testimonio correspondiente, en obvio de dilaciones innecesarias y en atención a lo señalado por artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal estima que debe integrarse con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, el escrito de queja y copia del mismo, así como copia fotostática certificada de las constancias relativas al cuaderno principal, para la substanciación del medio de impugnación aludido, es decir: a). Copia del escrito inicial de demanda. b). Copia del proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. c). Copia de la razón actuarial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. d). Copia del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, así como de la notificación realizada a la parte quejosa, respecto de los proveídos en cita, la que se hizo por medio de lista, el treinta de noviembre del presente año. e). Copia de la notificación a la parte quejosa del presente proveído. Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de veintiocho de noviembre del año en curso, levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de la cual se desprende que no le fue posible notificar a la promovente del amparo Eva Sensemayá Guerra Aguilera, el contenido del proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, por las razones expresadas en la misma; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, por medio de lista que se fije en los Estrados de este juzgado federal; medida que deberá persistir con el resto de las notificaciones dirigidas hacia la quejosa, hasta en tanto no señale nuevo domicilio para ello. Por este conducto se le notifica a la parte quejosa: ACUERDO DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO Vista la demanda de cuenta promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, Guanajuato; Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefe del Departamento de Pensiones coordinación de Prestaciones Económicas División de Pensiones, así como del Jefe del Departamento Delegacional de Personal, residentes en Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 968/2018-II.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda promovida, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El acto reclamado se hace consistir, en síntesis, en la aplicación de la figura denominada Unidad de Medida y Actualización (UMA) como factor para determinar la cuota o importe de la pensión de jubilación que ***, viene disfrutando desde el primero de julio de dos mil diez; así como las medidas que para ejecutar dicha orden hagan las autoridades encargadas de cumplir la misma. De los antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte promovente del amparo, se advierte que desde el dieciséis de junio de dos mil diez, fue aprobada por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, una pensión en su favor con efectos a partir del primero de julio del citado año hasta la fecha, tomando como base el Salario Mínimo. Que ante los rumores de que dicha pensión se pudiere basar en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ***, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, acudió a la Subdelegación de Prestaciones a efecto de corroborar si su pensión se iba a pagar en UMAS, siendo informada que eso solo lo sabían en la Delegación, que era de donde recibían ordenes de pagar las pensiones, pero que era un hecho de que las pensiones se iban a pagar en UMAS y, que ya no se tomaría en cuenta el Salario Mínimo. Fijado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. En lo que aquí interesa, cabe puntualizar que del contenido de la fracción anotada se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y establece como condición para ello, que de acuerdo con la Ley que contemple el medio de defensa o recurso, se permita la suspensión del acto reclamado con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y destaca la excepción al principio de definitividad de que se habla pues la fracción de mérito establece que cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, la parte quejosa no tendrá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa. Dicho de otro modo, cuando el acto que se reclama en un juicio de amparo carece totalmente de fundamentación, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que establecen las leyes secundarias antes de acudir al juicio de garantías. Además, tampoco existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, se encuentran satisfechos los requisitos que exige la fracción del artículo mencionado para la actualización de la aludida causal de improcedencia por lo siguiente: a) El acto reclamado no fue emitido por un Tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, sino por una autoridad distinta, como lo es la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social de Celaya, Guanajuato. b) En contra del acto reclamado, consistente en que se pretende usar la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para pagar la pensión que dese el primero de julio de dos mil diez, le fue otorgada a ***, por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social; procede o puede instaurarse la reclamación correspondiente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone: Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como se observa, el preinserto artículo es por demás claro, cuando en asuntos como el que se plantea, exista una controversia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y un asegurado sobre las prestaciones que aquel otorga, naturaleza que tiene la pensión que recibe ***, conforme al artículo 11 de la Ley del Seguro Social, tal diferencia debe reclamarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En esas condiciones, es indudable que previo a acudir a esta vía constitucional ***, debió ventilar su reclamación ante dicho tribunal laboral; como no lo hizo, se actualizó la causal de improcedencia mencionada párrafos más arriba. Apoyan lo anterior, por lo que informan, las siguientes tesis.Décima Época Registro: 2015422 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV Materia(s): Laboral Tesis: I.8º.A.133 A (10a.) Página: 2416 COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES PARA EL INCREMENTO DE UNA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Atento a la naturaleza del acto impugnado y al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mientras que las surgidas entre ese organismo y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 14, fracción I, de su ley orgánica abrogada. Así, cuando la controversia se suscita entre un pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de una resolución recaída a un recurso de inconformidad, en la que se negó el reconocimiento de cotizaciones para el incremento de una pensión y de cesantía en edad avanzada, debe considerarse que ese acto afecta una prestación social y, por ende, su conocimiento corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Novena Época Registro: 191539 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Página: 156 DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En cuanto a que la ley de la materia exija mayores requisitos para suspender los actos reclamados, debe decirse que, ***, es clara al señalar que la modificación que reclama será a partir de enero del año que entra; motivo este último, por el cual no se actualice el requisito en análisis para estimar la procedencia del juicio de amparo. Y por último, de la lectura de la demanda de amparo, concretamente en el capítulo de conceptos de violación, se advierte que la quejosa si bien reclama violaciones directas a la Constitución; también lo es que introduce y alega cuestiones de legalidad. De ahí que, tampoco se cumpla con el requisito de excepción que para la procedencia de la acción de amparo biinstancial establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, se impone desechar la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el artículo 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en *** esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y a Brenda Berenice Olvera Hernández, en términos restringidos del citado numeral por no tener registrada su cédula en la referida base de datos. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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