Eva Salas Chávez

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Eva Salas Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el escrito firmado por Vicente Hernández García, en el cual solicita se le tenga señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros 2039, esquina con avenida Ejercito Nacional, colonia Jardines de San José en esta ciudad; sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que únicamente se encuentra autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la citada ley, más no para promover en el juicio, lo anterior, atendiendo a lo acordado en el auto admisorio de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Sin que se soslaye el hecho de que en el ocurso de cuenta figura el nombre de Susana Prieto Terrazas, quien es apoderada legal de la parte quejosa; sin embargo, el mismo no está signado por ella.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hiciera así; por ende, se tiene por consentida dicha determinación. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12 y 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y manual para la organización de archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que se concedió la protección constitucional. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, remite copia del acuerdo dictado por ese tribunal laboral el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y de las constancias que le fueron remitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Mercantil del Norte y SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable; mismo proveído en el que refiere que al no haber pruebas pendientes por desahogar, concede a las partes un término de dos días hábiles para que presenten sus alegatos. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusieran recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria. En la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió la tutela constitucional para el efecto siguiente: "SEXTO. (.)Por lo anterior, es dable concluir que son fundados los conceptos de violación que nos ocupan, precisamente, porque la violación al derecho de tutela jurisdiccional contemplado en el artículo 17 de la carta magna, se patentiza a partir de una omisión de la junta de ajustarse a los términos y plazos establecidos legalmente para la tramitación y resolución de los juicios respectivos, tal como ocurrió en este asunto en concreto. En congruencia con lo anterior, lo conducente es otorgar a la parte quejosa la protección constitucional demandada, para el efecto de que la junta tome las medidas legales necesarias para que, de inmediato, se recaben los informes que aquí nos ocupan, pues sólo así se le restituirá en el goce del derecho vulnerado con el acto reclamado en este juicio, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación que de este acuerdo se le haga, informe el cumplimiento dado, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar copia certificada de las constancias con que así lo acredite. Apercibida que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realice al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa igual a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al Ejercer la Competencia Delegada para Conocer de los Incidentes de Inejecución de Sentencia y de Repetición del Acto Reclamado. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento por conducto de su superior jerárquico, de acuerdo a lo previsto en el párrafo tercero del citado artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que las Juntas y Tribunales Laborales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentran sometidas a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.

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