Eva Renée Collí Gómez
Expediente 1259/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- EVA RENÉE COLLÍ GÓMEZ y Otros.
- Eva Renée Collí Gómez
- Mariel Segovia Bobadilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de diez de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con los oficios de las autoridades responsables, relativos al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tal acuerdo de este Juzgado de Distrito, se notificó a la parte quejosa el once de diciembre siguiente, según constancia de notificación que obra agregada a estos autos. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, emitida por este Juzgado de Distrito, la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a EVA RENÉE COLLÍ GÓMEZ y MARIEL SEGOVIA BOBADILLA, contra los actos y las autoridades señaladas en el considerando segundo, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esa sentencia. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que las autoridades obligadas al cumplimiento y los actos que deben realizar son: a).- El Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro a las quejosas. b).- La Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, deja insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-3088-2778-137-2019, de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, para formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día diez de septiembre anterior, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. Por acuerdo de quince de noviembre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector, mismo que les fue notificado mediante oficios 38663/2019, 38664/2019 y 38665/2019. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades señaladas como responsables informaron que las promoventes del amparo se apersonaron el veinte de noviembre del año en curso, ante la Oficialía 01 de esta ciudad a efecto de llenar la solicitud de unión matrimonial para poder llevar a cabo el registro de matrimonio el veinte de diciembre del año en curso; en tanto que el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, manifestó que no se encuentra dentro del ámbito de las atribuciones del Congreso del Estado, hacer efectivo el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Luego entonces, si las responsables realizaron los actos mencionados anteriormente, ello significa que cumplieron con la sentencia de amparo, por lo que lo procedente es declararla CUMPLIDA. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que puede interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, en contra del presente acuerdo, que declara cumplida la sentencia de amparo, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia.
- Principal
MESA IV.- Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos el oficio de la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con anexo, mediante el cual hace manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y resérvese acordar sobre su contenido hasta en tantos las demás autoridades señaladas como responsables den cumplimiento a la ejecutoria mencionada.
- Principal
MESA IV.- Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. Visto lo de cuenta al respecto SE ACUERDA: advirtiendo del contenido de la certificación precedente, que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que dentro de ese lapso de tiempo se hubiere interpuesto recurso de revisión alguno en contra de la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria, se declara que dicha resolución que AMPARÓ Y PROTEGIÓ a *** Y ***, contra los actos y las autoridades señaladas en el considerando segundo, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esa sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En dicho el fallo, se determinó que las autoridades responsable que deben dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo son el Congreso del Estado y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro; así como la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-3088-2778-137-2019, de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, para formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día diez de septiembre anterior, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables mencionadas, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. - -- Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. -...
- Principal
MESA IV.- Se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los actos y las autoridades señaladas en el considerando segundo, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Tercero. Se hace contar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información.
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