Eva Quezada Rodriguez
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eva Quezada Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de mayo de dos mil veintidós. SOLICITA COPIAS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta firmado por la quejosa Eva Quezada Rodríguez, por lo que atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en el que se autorizó a las partes desde ese momento, la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en los términos ahí descritos. Con independencia de lo anterior, se autoriza para recibir las réplicas que solicita a la persona que menciona en el ocurso de cuenta, previo recibo que de su entrega se deje en autos, para constancia legal. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de dicha promovente que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de hacer entrega de las citadas replicas, debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. En el entendido, que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis acuerdo o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA [21092]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 5353/2021, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 116/2021, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo origen de este asunto; ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintiuno. ADMITE RECURSO [13454]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto que desecho la demanda de amparo origen del presente juicio, el cual quedó radicado como queja 116/2021; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Eva Quezada Rodríguez, en cuanto albacea definitiva de la Sucesión intestamentaria a bienes de los extintos Eliceo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez Sánchez, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 321/2021-I, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa señala como actos reclamados, textualmente los siguientes: "III. ACTOS RECLAMADOS: A la SEGUNDA Sala civil, del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Michoacán, se le reclama: 1.-El acuerdo de fecha 21 DE MAYO del año 2021, dictado en el toca número III-8/2021, interpuesto en contra del auto de fecha 06 de abril del año 2021 que cita: "dada cuenta con el escrito presentado por EVA QUEZADA RODRÍGUEZ, con el carácter que tiene reconocido en autos, dígasele que no ha lugar a tenerla interponiendo recurso de apelación, en contra del auto de fecha 25 veinticinco de marzo del año en curso, que refiere NIEGA RECONOCER LOS EFECTOS PÚBLICOS DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y LA PUBLICACIÓN DEL PROVEÍDO QUE INDICA, toda vez que de conformidad con el artículo 703 del código de procedimientos civiles vigente en la época en que nació a la vida jurídica éste juicio, los autos son apelables cuando lo dispone la ley y en el caso concreto no existe disposición alguna en el citado cuerpo normativo de que dicho proveído que pretende impugnar sea apelable. 2.- El acuerdo de fecha 21 DE MAYO del año 2021, dictado en el toca número III-11/2021, interpuesto en contra del auto de fecha 06 de abril del año 2021 que cita: "visto el escrito que suscribe Eva Quezada Rodríguez, con el carácter que tiene reconocido, así como la certificación que antecede, dígasele que no ha lugar a tenerla interponiendo recurso de apelación en contra del auto de fecha 25 veinticinco de marzo del año en curso, que NIEGA REQUERIR AL INGENIERO JORGE TALAVERA CHÁVEZ, para los fines que indica, toda vez que de conformidad con el artículo 703 del código de procedimientos civiles vigente en la época en que nació a la vida jurídica este juicio, los autos son apelables cuando lo dispone la ley y en el caso concreto no existe disposición alguna en el citado cuerpo normativo de que dicho proveído que pretende impugnar sea apelable". 3.- El acuerdo de fecha 21 DE MAYO del año 2021, dictado en el toca número III-10/2021, interpuesto en contra del auto de fecha 06 de abril del año 2021 que cita: "dada cuenta con el escrito presentado por Eva Quezada Rodríguez, con el carácter que tiene reconocido, dígasele que no ha lugar a tenerla interponiendo recurso de apelación, en contra del auto de fecha 25 veinticinco de abril de 2021 dos mil veintiuno(sic) toda vez que de constancias se advierte que no existe proveído emitido en esa data". 4.- El acuerdo de fecha 21 DE MAYO del año 2021, dictado en el toca número III-09/2021, interpuesto en contra del auto de fecha 06 de abril del año 2021 que cita: "dada cuenta con el escrito presentado por EVA QUEZADA RODRÍGUEZ, con el carácter que tiene reconocido en autos, dígasele que no ha lugar a tenerla interponiendo recurso de apelación de fecha 25 veinticinco de marzo del año en curso, que NIEGA FIJAR CAUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, toda vez que de conformidad con el artículo 703 del código de procedimientos civiles vigente en la época en que nació a la vida jurídica éste juicio, los autos son apelables cuando lo dispone la ley y en el caso concreto no existe disposición alguna en el citado cuerpo normativo de que dicho proveído que pretende impugnar sea apelable". Previo a proveer lo conducente en torno a la demanda de amparo, del capítulo de actos reclamados, se advierte que la quejosa Eva Quezada Rodríguez, señaló cuatro diferentes actos que le reclama a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, dentro de los tocas civiles III-8/2021, III-9/2021, III-10/2021 y III-11/2021, de su índice. SEPARACIÓN DE AUTOS. Ahora bien, este Juzgado estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio debe separarse. Lo anterior, tomando en consideración que la separación de juicios puede válidamente iniciarse de oficio en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que si bien la Ley de Amparo no prevé expresamente la separación de juicios de amparo indirecto, pues la norma supletoria regula la acumulación, y dicho procedimiento puede ser aplicado a contrario sensu para decretar dicha separación. Sirve de apoyo, a contario sensu, la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 24/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009910 1 de 1 Pleno Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 19 Jurisprudencia (Común) "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Del artículo transcrito se advierte que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por lo tanto, tomando en consideración que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen deben acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia sirviendo de apoyo al respecto el artículo 66 de la Ley de Amparo vigente, pues se trata de una cuestión surgida durante el procedimiento que debe ser resuelta de plano a fin de evitar dilaciones en el procedimiento. Por ende, en razón de que los citados cuadernos de antecedentes de origen no guardan entre sí una vinculación, con apoyo en el artículo 66 de la Ley de Amparo vigente, llévese a cabo la separación de los autos, a fin de proveer lo conducente por separado, cuenta habida que no hay justificación alguna para que sean resueltos en una sola sentencia. En tal virtud, es dable separar los procedimientos, a efecto de que, en el presente sumario se analice el acto reclamado relativo al toca civil III-8/2021, consistente en el acuerdo de veintiuno de mayo pasado, dictado por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Y en tres diversos juicios de amparo se estudiarán los actos reclamados derivados de los tocas civiles III-9/2021, III-10/2021 y III-11/2021, consistentes en los acuerdos de veintiuno de mayo pasado, dictados por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; asimismo, con copias certificadas de las constancias relativas que integran el presente juicio, además de la presente determinación, se radiquen de forma independiente tres nuevas demandas de amparo, con número de registro propio, para lo cual remítanse mediante oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para sus registros y emisiones de las boletas correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." EN LA INTELIGENCIA DE QUE UNA VEZ QUE SEAN REGISTRADAS COMO NUEVAS DEMANDAS, DEBERÁN SER TURNADAS A ESTE JUZGADO A FIN DE PROVEER LO CONDUCENTE. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Septiembre de 1997, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." HECHO NOTORIO. En relación con el acto reclamado que se estudiará en el presente juicio, cabe precisar que con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se invoca como hecho notorio que ante este órgano jurisdiccional, la quejosa ha promovido diversos juicios de garantías registrados con los números de amparo 607/2018, 108/2020, 550/2020, 121/2021, 272/2021, 313/2021, 314/2021 y 320/2021, contra actos emanados de la ejecución de la sentencia ejecutoria dictada dentro del juicio ordinario civil 161/1997, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, de cuyo contenido, en lo que interesa, se advierten los antecedentes siguientes: Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad, se tramita el juicio ordinario civil 161/1997, sobre petición de herencia, promovido por María del Refugio, Adolfo, Nancy Eréndira, José Fidencio, Efraín, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Eliceo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez de Quezada, representada por la albacea definitiva Eva Quezada Rodríguez, aquí quejosa. Seguidos los trámites legales de dicho juicio y al haber dado contestación la parte demandada, aquí quejosa, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, se dictó sentencia definitiva, en donde se declaró a los citados actores Efraín, Adolfo, María del Refugio, Nancy Eréndira, José Fidencio, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor, herederos por estirpe de los bienes, acciones y obligaciones que no se extingan con la muerte y que en vida hubieren pertenecido a la autora de la sucesión intestamentaria que representa la promovente, condenándose, entre otras cosas, a la albacea definitiva Eva Quezada Rodríguez, a la entrega a la contraparte de la porción hereditaria que les corresponde. Esa sentencia fue confirmada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Morelia, al dictar el fallo en el toca de apelación I-125/98, la que se encuentra en estado de ejecución de juicio concluido. Sustenta lo expuesto los criterios siguientes: Jurisprudencia VI.1º.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1199, tomo XV, Marzo de 2002, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, como se indica, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que ésta causa ejecutoria y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que constituye la última resolución dictada en esa etapa y será hasta entonces cuando la solicitante del amparo se encuentre en condiciones de reclamar por medio de la presente vía, todos aquellos actos cometidos durante el desarrollo de ese procedimiento que considere lesivos a sus garantías individuales. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pag. 31 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del rubro siguiente: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 6 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Tesis: VII.3º.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pag. 804 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". Ahora, en el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por la promovente, bajo protesta de decir verdad, en el escrito inicial de la demanda de garantías y de los amparos 607/2018, 108/2020, 550/2020, 121/2021, 272/2021, 313/2021, 314/2021 y 320/2021, señalados en párrafos que anteceden, mismos que pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe; lo anterior, como lo sustenta la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Así las cosas, tenemos que: a) Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se tramita el juicio ordinario civil 161/1997, sobre petición de herencia, promovido por María del Refugio, Adolfo, Nancy Eréndira, José Fidencio, Efraín, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Eliceo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez de Quezada, representada por la albacea definitiva Eva Quezada Rodríguez, aquí quejosa. b) Seguidos los trámites legales de dicho juicio y al haber dado contestación la parte demandada, aquí quejosa, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, se dictó sentencia definitiva en donde se declaró a los citados actores Efraín, Adolfo, María del Refugio, Nancy Eréndira, José Fidencio, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor, herederos por estirpe de los bienes, acciones y obligaciones que no se extingan con la muerte y que en vida hubieren pertenecido a la autora de la sucesión intestamentaria que representa la promovente. c) Dicha sentencia fue confirmada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Morelia, al dictar el fallo en el toca de apelación I-125/98; fallo de marras que se encuentra en estado de ejecución de juicio concluido. d) En uno de los escritos de aclaración realizado en el juicio de amparo 272/2021, la promovente expuso: "SE ME TENGA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 161/1997 PROMOVIDO ANTE EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, SE ENCUENTRA PROCESALMENTE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA SOBRE INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA.". e) Del ocurso de cuenta se advierte que la quejosa, específicamente en el capítulo de antecedentes, punto noveno, manifestó literalmente lo siguiente: "VII.-ANTECEDENTES: (.) Noveno.- El estado procesal del juicio civil ordinario 161/1997 promovido ante el juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se encuentra en ejecución de sentencia interlocutoria que resolvió incidente de liquidación de herencia." f) En la propia etapa de ejecución, fue dictado el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, por el que se negó a la quejosa Eva Quezada Rodríguez, la interposición del recurso de apelación en contra del proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, dentro del cual se niega reconocer los efectos públicos de la Ley del Registro Público de la Propiedad Raíz y la publicación del citado acuerdo, ya que de acuerdo con el artículo 703, del Código de Procedimientos Civiles vigente en la época que se promovió el mencionado juicio, no existe precepto que advierta que dicho auto que desea impugnar sea apelable. g) Contra dicha determinación la quejosa Eva Quezada Rodríguez, interpuso recurso de queja, correspondiendo su conocimiento al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, el que fue radicado con el toca III-8/2021, dentro del cual, mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable determinó desechar tal medio de impugnación. Antecedentes de los que se desprende que a la promovente del amparo no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, al ser parte demandada dentro del juicio ordinario civil 161/1997, de donde emana el acto reclamado, toda vez que de la narrativa de los antecedentes que lo integran, se advierte que ha gestionado dentro del tal juicio conforme a sus propios intereses; además, es evidente que la peticionaria de amparo motiva su acción constitucional medularmente en la violación procesal que a su criterio se ha cometido en ese asunto, relacionada con el cumplimiento a la sentencia definitiva en él dictada. Lo que de suyo implica, que tal violación procesal, no constituye la 'última resolución' dictada en la fase de ejecución de sentencia del juicio de origen. Expuesto lo anterior, es manifiesto que el acto que se combate en la presente instancia constitucional no constituye la 'última resolución' dictada en la fase de ejecución de sentencia, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Aunado a que dicho acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que podrá acudir al amparo indirecto cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respectiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro, siguiente: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pag. 678 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE". En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de amparo se debe esperar a que se emita la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, así como el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Justo Mendoza, número 43, colonia Morelos, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Bucio Espinosa, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciados en derecho. No así, a Mauricio Bucio Espinosa y Adán Quezada Rodríguez, a quienes se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; la primera por no contar con dicho requisito y los dos restantes por así haberlo solicitado el promovente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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