Eva Patricia Osuna Galindo

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Eva Patricia Osuna Galindo
  • Martha Patricia Márquez Gurrola
  • MARTHA PATRICIA MÁRQUEZ GURROLA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí expone. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que pase desapercibido la manifestación realizada por el autorizado de la parte quejosa a la persona Actuaria de la adscripción, relativa a que actualmente cuenta con nuevo domicilio procesal en el edificio espacios ubicado en boulevard Aguacaliente; sin embargo, no especificó número exterior y, en su caso, interior, a efecto de que se ordenen las notificaciones en esa ubicación; quedando expedito su derecho para tal efecto. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''"Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 846/2022 promovido por *****************************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el siete de septiembre de dos mil veintidós, receptado en esa fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, recibido el ocho de septiembre de ese año, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Martha Patricia Márquez Gurrola y Eva Patricia Osuna Galindo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridades responsables Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno -ahora Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana -, todos de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Décimo y Decimoprimero Civil Especializados en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana. Actos reclamados "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables reclamamos la ilegal orden y ejecución de lanzamiento dictada en contra de las suscritas respecto del inmueble identificado como UNIDAD:2 CONDOMINIO: PRIVADA SEYAL, LOTE 1-C, MANZANA 62, FRACCIONAMIENTO URBIQUINTA DEL CEDRO, TIJUANA, B.C. INSCRITA BAJO PARTIDA 5564147 SECCION CIVIL DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2007. Sin haber sido oídas y vencidas en procedimiento judicial en el que se cumplas las formalidades legales, sin existir motivo por tanto, para intentar lanzarnos del bien inmueble en comento." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, previa prevención, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 647/2022-II, de su índice; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por su parte, mediante proveído de veintisiete de octubre del mismo año dicho órgano jurisdiccional determinó procedente remitir dicho expediente a este Juzgado Federal con motivo del conocimiento previo del juicio de amparo 1581/2016, de la estadística de este órgano jurisdiccional, puesto que ambos expedientes tienen como juicio natural el sumario 1712/2010, relativo al juicio especial hipotecario, radicado ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad. Cuarto. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de dicho asunto quedando registrado bajo el expediente 846/2022-II, se reconoció la validez de las actuaciones realizadas por el órgano jurisdiccional declinante, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables precisadas en dicho auto; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se ordenó notificar personalmente a las partes la radicación de mérito; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva; y, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. Quinto. En virtud del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este Juzgado cambió de denominación de Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en:  La falta de llamamiento al juicio del cual deriva una orden de lanzamiento del bien inmueble del cual son poseedoras, así como la ejecución de ésta. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno -ahora Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana- todos de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, así como los Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Décimo y Decimoprimero Civil Especializados en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana; ya que, así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativas. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, consistentes en la orden de lanzamiento del bien inmueble identificado como unidad 2 (dos) del conjunto habitacional denominado Condominio Privada Seyal, construido sobre la fracción uno guión C, resultante de la subdivisión del lote 1 (uno), de la manzana 62 (sesenta y dos), del fraccionamiento Urbiquinta del Cedro, de esta ciudad; toda vez que así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativas. Lo anterior, se corrobora con las constancias que integran el juicio especial hipotecario 1712/2010 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno se ordenó reanudar el procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, en términos de los artículos 429 y 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, es decir dicho juicio se encuentra en trámite; además, en determinación de catorce de junio de dos mil veintidós se reconoció como parte actora a Finastrategy MX, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, siendo ésta la última actuación obrante en dicho sumario. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados al Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, ya que así se desprende del contenido de su informe justificado; además, dicha certeza quedó corroborada con las documentales exhibidas en su informe justificado consistente en copia certificada del expediente 1712/2010 de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Aun ante la existencia del diverso acto reclamado consistente en la falta de llamamiento al juicio de origen -en el carácter de acreedoras registrales del bien inmueble materia del mismo-, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, debido a que no se trata de un acto de imposible reparación, como se demuestra enseguida. Los preceptos invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo no será procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es pertinente tener presente que el Máximo Tribunal del País ha señalado que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De las constancias que obran en autos, se obtiene que en el juicio especial hipotecario 1712/2010, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad, del que derivan los actos reclamados, asiste el carácter de parte actora a Finastrategy MX, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, y de parte demandada a Fernando Velázquez Nuño y Lorena Alicia Osuna Guardado, por lo que las quejosas promueven en esta vía constitucional en su carácter de terceras extrañas a juicio en sentido estricto. Precisado lo anterior, se destaca que la parte quejosa comparece al presente juicio de derechos fundamentales, en el carácter de acreedoras registrales del bien inmueble materia del juicio especial hipotecario de origen, lo cual acreditan con el certificado de inscripción expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, relativa al inmueble con folio real 1388868, del índice de dicha oficina registral, identificado como unidad 2 (dos) del conjunto habitacional denominado Condominio Privada Seyal, construido sobre la fracción uno guión C, resultante de la subdivisión del lote 1 (uno), de la manzana 62 (sesenta y dos), del fraccionamiento Urbiquinta del Cedro, de esta ciudad; documental pública a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Siendo que de dicho documento se aprecia que el bien raíz cuenta con diversos gravámenes registrales, entre ellos, dos actas de embargo inscritas bajo partidas 6118493 y 6218089, de ocho de agosto de dos mil dieciocho y siete de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, ambas de la sección civil, éstos con origen en el juicio laboral 2679/2018-3B, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el cual tienen el carácter de parte actora Martha Patricia Márquez Gurrola y Eva Patricia Osuna Galindo -aquí quejosas- y como parte demandada Fernando Velázquez Nuño y Lorena Alicia Osuna Guardado, quienes a su vez son los demandados en el juicio natural. Ahora bien, en el caso concreto, las quejosas señalan como acto reclamado la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario de origen identificado con número de expediente 1712/2010, en el carácter de acreedoras registrales del bien inmueble materia de dicho procedimiento. En ese tenor, como se dijo anteriormente, de las constancias que integran el juicio especial hipotecario 1712/2010 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, en esta ciudad, valoradas anteriormente se desprende que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno se ordenó reanudar el procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, en términos de los artículos 429 y 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, es decir dicho juicio se encuentra en trámite; además, en determinación de catorce de junio de dos mil veintidós se reconoció como parte actora a Finastrategy MX, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, siendo ésta la última actuación obrante en dicho sumario. En ese tenor, los artículos 552, 553, 554 y 578 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establecen las reglas a seguir para llevar a cabo el remate de bienes raíces embargados precisamente cuando existan diversos acreedores de éstos, dichos numerales establecen: "[.] ARTICULO 552.- Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, se acordará que se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que remita certificado de gravámenes de los últimos diez años; pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la en que se solicite. ARTICULO 553.- Si del certificado aparecieren gravámenes, con la oportunidad debida se notificará a los acreedores el estado de ejecución, para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere. Reforma ARTICULO 554.- Los acreedores citados conforme al artículo anterior, tendrán derecho: Reforma I.- Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos; II.- Para recurrir el auto de aprobación del remate, en su caso, y III.- Para nombrar a su costa un perito que, con los nombrados por el ejecutando y el ejecutado, practique el avalúo de la cosa. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios. Cada uno de los acreedores diversos podrá designar perito valuador a su costa, y en caso de que su perito una vez aceptado el cargo; no rinda dictamen dentro del término señalado por la ley o no concurra al desahogo a efectuar de acuerdo al artículo 344 de este Código, se tendrá por perdido su derecho para nombrar a otro en su substitución. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios. (.) ARTICULO 578.- Si la ejecución se hubiere despachado a instancias de un segundo acreedor hipotecario o de otro hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la finca rematada, se consignará ante el juzgado correspondiente y el resto se entregará, sin dilación, al ejecutante, si notoriamente fuera inferior a su crédito o lo cubriere. Si excediere, se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a disposición del deudor, a no ser que se hubiere retenido judicialmente para el pago de otras deudas. [.]". En ese sentido, es claro que hasta este momento las consecuencias del estado procesal del juicio de origen no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, debido a que las consecuencias de las determinaciones relativas al señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, así como reconocimiento de diversa moral como parte actora del juicio, no son de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho. Lo anterior, puesto que del contenido de los numerales antes transcritos se desprende que las aquí quejosas podrán ser llamadas al juicio de origen cuando éste se encuentre en etapa de ejecución, para que, en su caso, intervengan en el avalúo y subasta de los bienes si les conviniere. Asimismo, no se les deja en estado de indefensión, pues de conformidad con lo establecido en los artículos del código adjetivo en cita, el remate del bien hipotecado no procederá si no se llama a todos los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes que necesariamente deberá pedir el Juez previo a que el bien se venda judicialmente; lo que implica que el acreedor no llamado puede hacer valer sus derechos en ese momento procesal, incluso, como tercero ajeno a juicio . Más aún, el afectado podrá hacer valer sus derechos incluso si se lleva a cabo el remate judicial, porque esto no constituye un acto consumado de manera irreparable, tal y como se advierte del criterio jurisprudencial contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril 2009, registro digital 167343, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ÉSTE RESPECTO DE UN JUICIO EN EL CUAL NO SE LE ESCUCHÓ AUN CUANDO LOS BIENES MATERIA DE ÉSTE SE HAYAN ADJUDICADO A UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el artículo 80 del propio ordenamiento legal, permite afirmar que el juicio de garantías persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por ello, la adjudicación de un bien a favor de un tercero adquirente de buena fe, no puede considerarse como un acto consumado de manera irreparable en virtud de que (i) existe tanto la posibilidad material como jurídica de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada y, (ii) el tercero adquirente con la calidad antes mencionada cuenta con los medios legales idóneos para defenderse ante un posible desposeimiento jurídico de un inmueble justamente adquirido por título oneroso. Por lo anterior, resulta procedente el juicio de amparo promovido por un tercero extraño a juicio aun cuando los bienes materia del juicio natural respectivo hayan sido previamente adjudicados a un tercero adquirente de buena fe. Contradicción de tesis 10/2008-PL. Entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 27 de octubre de 2008. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla.". En tales condiciones, toda vez que el acto reclamado no es uno dictado dentro de juicio que sea de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V -aplicado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario de origen. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma************************************ contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe."

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a fin que la parte quejosa manifieste si es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda en relación con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Séptimo Civil, en esta ciudad, agregadas mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las trece horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la tercero interesada Nestor Paul González Delgado, en su carácter apoderado legal de Finastrategy MX, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, personalidad que acredita con instrumento público libro tres mil quinientos sesenta y siete, número trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve, de dos de febrero de dos mil veintitrés, pasado ante la fe del Notario Público Número noventa y ocho, de Ciudad de México y, como lo solicita, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan Ruiz de Alarcón, número 1572, Edificio Rio, cuarto piso, Zona Río, en esta ciudad. Asimismo, autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Joel Guerrero Ramírez y Johan Paol Rangel García, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Kareana Solis Amador y Edgar Faustino Martínez Gomez, por así haberlo solicitado. Además, se le tiene proporcionando correo electrónico y números telefónicos, los cuales serán tomados en consideración para facilitar el proceso de notificación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MMM/CEPM

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