Eva Palacio Morales
Expediente 273/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eva Palacio Morales
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de este expediente y la certificación de cuenta, se visualiza que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En ese contexto, se dejan sin efectos las providencias decretadas; archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión de plano. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 18 del citado acuerdo, en relación con el capítulo 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el arábigo 18 del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido. En el entendido de que queda a su cargo generar el código "QR" respectivo para que sea permitido su acceso a este recinto jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Monserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Hospital General de Sub Zona de Medicina Familiar número 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Altamirano, Municipio de Pungarabato, Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 273/2022-I. Previo a pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, conviene precisar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados que hace consistir en la falta de atención médica en el área de traumatología y ortopedia, así como las consecuencias que dicha omisión conlleva en su salud. En esas condiciones, el derecho a la salud está reconocido en el párrafo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo conducente dispone: "Artículo 4. (...) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Prerrogativa fundamental que además se encuentra contenida en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), en los cuales se indica que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que asegure su salud y que el Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Así, el derecho a la salud conlleva libertades y derechos, entre las primeras, está la relativa a controlar la salud y el cuerpo, incluida la libertad sexual y genésica, así como a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consentidos; entre los derechos, se encuentra el relativo a contar con un sistema de protección de la salud que brinde oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Luego, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En esa línea de pensamiento, con apoyo en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que cesen de inmediato; por tanto, se ordena a las autoridades responsables procedan a brindar la atención médica adecuada y oportuna por el padecimiento de la quejosa Eva Palacio Morales. Además, deberán otorgar el tratamiento y los medicamentos adecuados sin condicionar su suministro a que se encuentre en existencia o no, pues para garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En el entendido de que la atención que se le proporcione deberá ser completa y atendiendo las particularidades que el caso requiera, lo cual desde luego debe incluir (sólo si los dictámenes médicos así lo determinan) el tratamiento para el padecimiento que presenta la quejosa, lo que se especifica de manera enunciativa y no restrictiva, pues en general deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar física de la impetrante. Asimismo, queda bajo su responsabilidad salvaguardar la integridad física de la quejosa, por lo que deberán tomar todas las medidas pertinentes para permitir que se le brinde la atención médica que requiera. Por ello, las autoridades responsables deben informar en un término no mayor a veinticuatro horas el cumplimiento a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán acreedoras a las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos que la ley aplicable enmarca. Hágase saber a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y sancionado en el numeral 215 del Código Penal Federal, por lo que cualquier violación a ésta dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes. Se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la citada normatividad, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban los oficios; con el apercibimiento que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción aludida, se tendrán por legalmente hechas las notificaciones a las autoridades que vayan dirigidas los oficios, a partir de la hora y fecha en que se nieguen a recibirlos; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda que se provee. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión dado lo determinado en párrafos que anteceden. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá a cada uno una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a efecto de proveer lo conducente, requiérase a las responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, remitan copia certificada de la totalidad de las constancias generadoras del acto reclamado. Se les apercibe que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo precedente y en los términos precisados, de conformidad con los artículos 237, en relación con el 259, ambos de la legislación invocada, se les aplicará a cada uno una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Infórmese a las responsables que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Asimismo, requiéraseles a efecto de que proporcionen un correo electrónico en el cual se encuentre recibiendo correspondencia, así como un número de teléfono con el cual se pueda entablar comunicación; de igual manera, se hace de su conocimiento que puede remitir dicho informe al correo electrónico institucional 5jdo21cto@correo.cjf.gob.mx de este órgano de control y corroborar su recepción al número de teléfono 7333321463. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Ahora, el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados y el boletín judicial de este juzgado de distrito; en consecuencia, toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que las que señala en términos amplios deberán contar con el correspondiente registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro orden de ideas, vista la certificación inicial, se tiene por autorizado el usuario que proporciona para la consulta del expediente en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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