Eva Olivia Sarmiento Flores

Expediente 827/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
827/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2016

Partes del expediente

  • Eva Olivia Sarmiento Flores

Actuaciones

  1. Principal

    ... se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    .. notifiquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa Enríquez, Veracruz, dos de agosto de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Eva Olivia Sarmiento Flores, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a las derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucional. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 827/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "I. El acuerdo 07 de Julio 2016, por el que la responsable resuelve como improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo ilegal que tiene por ofrecidas de manera extemporánea las pruebas aportadas al juicio de origen. II. La aplicación en mi perjuicio de los artículos 1198 y 1383 del Código de Comercio que resulta contrario al 1061 del mismo cuerpo legal y advierte falta de certeza y seguridad jurídica en la ley de la materia. III. La inaplicación del artículo 1387 del Código de Comercio respecto a las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas como pruebas desde el escrito inicial de demanda. IV. La sanción de tener por extemporáneo el ofrecimiento de las pruebas sin que existiera apercibimiento alguno que advierta dicha sanción." ".LA EMISIÓN Y/O EXPEDICIÓN del Código de Comercio publicado en fecha 17 de abril de 2012, en la que implemento como una etapa adicional para el ofrecimiento de prueba y que regula en el articulo 1383 del Código de Comercio el cual hace confuso e incierto el procedimiento judicial, al contravenir el artículo 1061 del mismo cuerpo legal, por lo que los artículos 1198 y 1383 del Código de Comercio resultan contrarios a la tutela de la Constitución y atenta contra los DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES de la suscrita y los gobernados en general como justiciables." De la transcripción anterior, se desprende que esencialmente el primer acto reclamado lo constituye la resolución emitida dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 2282/2015/VII del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el siete de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo que declaró por extemporáneas las pruebas ofrecidas por su parte en el juicio natural. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, en relación con el primer acto reclamado, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones III, inciso b) y V de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción III de la Constitución Federal, interpretado a contrario sensu, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiendo entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Para sostener lo anterior, se hace necesario transcribir los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción III de la Constitución Federal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio". En ese orden de ideas, es evidente que la resolución que declaró por improcedente el recurso de revocación en contra del proveído de trece de junio de dos mil dieciséis, en donde la autoridad responsable declaró extemporáneas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, no implica una conducta, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a favor de la impetrante del amparo, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse al no acordar de manera expedita el material probatorio ofrecido, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente, resultara favorable a sus intereses. Cabe destacar, que en el caso concreto, el citado auto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, ya que es parte actora dentro del expediente 2282/2015-VII del índice de la autoridad responsable; por lo que, a juicio del suscrito, tal proceder no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido juicio ordinario, deba ser contrario a los intereses de la solicitante del amparo. Así también, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172 de la Ley de Amparo, contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. Para una mejor comprensión del asunto, se transcribe el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violaciones a las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. Se cita por su relación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI. 2o. J/49, visible en la página cuatrocientos veintiséis, Tomo VI, Segunda Parte-1, Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA. (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas". En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Nueva Ley de Amparo. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la citada Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Las tesis a que se hace alusión, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación tal, que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado en el presente asunto consistente en: ".LA EMISIÓN Y/O EXPEDICIÓN del Código de Comercio publicado en fecha 17 de abril de 2012, en la que implemento como una etapa adicional para el ofrecimiento de prueba y que regula en el articulo 1383 del Código de Comercio el cual hace confuso e incierto el procedimiento judicial, al contravenir el artículo 1061 del mismo cuerpo legal, por lo que los artículos 1198 y 1383 del Código de Comercio resultan contrarios a la tutela de la Constitución y atenta contra los DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES de la suscrita y los gobernados en general como justiciables." El suscrito considera que también debe desecharse de plano la demanda de amparo por ser indudablemente improcedente en relación al acto transcrito en líneas precedentes, mismo que el quejoso hizo consistir como el primer acto de aplicación -proveído de siete de julio de dos mil dieciséis- lo anterior es considerado en ese sentido, en virtud, de que como ya se precisó en líneas precedentes las violaciones al procedimiento, son actos que no son de imposible reparación. En ese sentido, para que el juicio de amparo sea procedente en la vía indirecta en contra de una ley con motivo de su primer acto de aplicación dentro del procedimiento, como en el caso lo es el proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio ordinario mercantil 2282/2015/VII del índice de la responsable, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, sin embargo, como quedó de manifiesto líneas arriba, el acto reclamado consistente en la resolución emitida dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 2282/2015/VII del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el siete de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo que declaró extemporáneas las pruebas ofrecidas por su parte en el juicio natural, mismo que fue señalado como primer acto de aplicación de la ley combatida, no es un acto que cause un perjuicio de imposible reparación, motivo por el cual es improcedente el presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 78/2007, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXVI, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Asimismo, se cita por sus consideraciones y sentido jurídico, la tesis número XI.1o.A.T.56 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 4012, Libro 23, Tomo IV, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR EL DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA AUTORIDAD EN UN JUICIO DE LESIVIDAD. Para la procedencia del juicio de amparo indirecto no debe confundirse el que un acto dentro de un proceso jurisdiccional tenga efectos de imposible reparación -violación a un derecho sustantivo- con aquel que constituya una violación procesal relevante, que es un aspecto con importancia por representar o significar algo que impacta a todo el proceso jurisdiccional, ya sea en un aspecto positivo o negativo. En ese sentido, la reclamación de inconstitucionalidad del artículo 257 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el cual prevé que no será admisible la prueba confesional a cargo de la autoridad, derivada del desechamiento de ésta en un juicio de lesividad, no afecta derecho sustantivo alguno y menos constituye una violación procesal relevante, porque no causa todavía un perjuicio irreparable, pues el quejoso -al momento en que el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad emita su sentencia- puede obtener una satisfacción a su resistencia a la nulidad del acto que le favorece y, si no es así, cuenta con el amparo directo contra ese acto; de ahí la improcedencia de la acción constitucional indirecta." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogerio Arturo Ostos Cruz, Ricardo Hernández Escandón, Tanía Galindo Hernández, Teodora Vásquez Juárez, Levi David Monzalvo Bautista, Jessica González Hernández y Loida Flores González, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como con las restricciones que dicho artículo prevé a Jessica González Hernández, Víctor Alejandro Espejo Salinas, José Alfredo Ruiz León, Nancy Angélica Juan Huesca y Mayra Basurto Barrios, por no contar con su cédula registrada en el referido sistema computarizado. Notifíquese personalmente a la promovente.

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