Eva Olivera Olivera

Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
368/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Eva Olivera Olivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca informa las acciones que ha realizado para cumplir el fallo protector. Al respecto, dado que la sentencia de veinticuatro de julio del año en curso, dictada en este juicio constitucional, no ha causado ejecutoria se reserva emitir el pronunciamiento que corresponda en cuanto al informe de cumplimiento y sus anexos que la citada autoridad exhibe hasta que se declare la firmeza de tal fallo. Por otro lado, no es factible tener a la secretaria de acuerdos del citado Tribunal administrativo por rendido el citado informe, porque no figura como ente responsable en este asunto; por tanto, carece de legitimación procesal pasiva para promover en el presente medio extraordinario de defensa. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 368/2023 promovido por *** en contra de las omisiones de realizar las acciones necesarias para que se cumpla la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ***atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de acatar ese fallo definitivo pronunciado en el aludido contradictorio reprochado al Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca -en su denominación correcta-. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si las omisiones reclamadas vulneran en perjuicio de la inconforme el derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. De las actuaciones que integran este asunto, se advierte que a través del escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, *** demandó del Subdelegado de Prestaciones de la entonces Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca la nulidad de la resolución negativa ficta que recayó a su escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve. 2. De ese asunto correspondió conocer a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien lo registró bajo el expediente *** y admitió a trámite la demanda; la entidad pública demandada dio contestación al escrito inicial. 3. Seguido el trámite del juicio, el veinte de noviembre de dos mil veinte, el citado Tribunal administrativo dictó la sentencia correspondiente en la que declaró configurada la resolución negativa ficta impugnada y decretó la nulidad de esa actuación para los efectos siguientes: "[.] En el orden de las consideraciones esgrimidas; con fundamento en el artículo 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que el o la Titular de la Subdelegación de Prestaciones Oaxaca, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de CUATRO MESES a que se refiere el segundo párrafo, de este numeral, contado a partir de que la presente sentencia quede firme, emita una resolución expresa, en la que dando respuesta a la solicitud que se le formuló el 15 de mayo de 2019, en aplicación de los numerales 57, tercero, cuarto y quinto párrafos, de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Décimo Transitorio fracción I, inciso a), de la propia Ley, vigente a partir del 1 de abril de 2007; el primero hasta el 21 de julio de 2009, y a partir del día siguiente los numerales 18, fracción I, incisos a) y b), 19, 8, 7 y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la propia Ley; ordene que de inmediato, a la pensión de la C.*** se le apliquen los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de la misma plaza en que se jubiló, E1485 MAESTRO BILINGÜE DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA CON CARRERA MAGISTERIAL; de 36.86% de febrero de 2010 y 3.50% de enero de 2017, en adelante; que se encuentran consignados en la constancia de evolución salarial, anteriormente digitalizada; EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA; PUES CON ANTERIORIDAD YA SE HABÍAN OTORGADO OTROS AUMENTOS PENSIONARIOS, SÓLO QUE EN MENOR PORCENTAJE; POR LO QUE SÓLO PROCEDEN LAS DIFERENCIAS DE 31.56% y 0.14% y proceda a liquidar, a partir del 15 de mayo del 2014, en una sola exhibición, las diferencias procedentes; diferencias pensionarias, sumadas a la cuota diaria original, que no podrán rebasar los diez salarios mínimos, como fue ya indicado en párrafos precedentes; en las que también deberá tomar en cuenta las diferencias de cada año de aguinaldo, sobre los cuarenta días, según la cuota diaria de pensión, a que se refiere el artículo 42-Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; diferencias todas que deberán encontrarse debidamente actualizadas, en los términos de los artículos 7, primer párrafo, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013; y 6, primer párrafo, fracción II, de la propia Ley, vigente a partir del 1 de enero de 2014; así como incorporar a nómina de la pensionada, los aumentos ya referidos. [.]" 4. El fallo descrito fue impugnado por la autoridad enjuiciada mediante el recurso de revisión fiscal que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 118/2021, quien en la ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida. 5. En el auto de uno de junio de dos mil veintidós, la Magistrada instructora de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibió la citada ejecutoria y dispuso que se comunicara esa situación a las partes. 6. Mediante el escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la accionante interpuso el recurso de queja en contra de la omisión de la demandada de dar cumplimiento al fallo definitivo. 7. En el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, la Sala inició el procedimiento previsto por el numeral 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió a la autoridad enjuiciada por primera ocasión para que en el plazo de tres días informara el cumplimiento dado a la sentencia definitiva y la apercibió que en el caso de no atender esa prevención impondría en su contra una multa de trescientas a mil unidades de medida y actualización; el veintiocho de noviembre siguiente, se notificó a la enjuiciada tal proveído en el boletín jurisdiccional. 8. En el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ese órgano de administración de justicia desechó el recurso de queja que la actora interpuso en contra de la omisión de la demandada de acatar la sentencia definitiva, porque sostuvo que en el acuerdo de tres de noviembre anterior requirió el cumplimiento de esa resolución, por lo que señaló que ya había iniciado el procedimiento oficioso para lograr que se acatara el fallo estimatorio y que esa situación generaba la improcedencia de ese mecanismo de impugnación. 9. En el proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, el referido Tribunal administrativo estableció que la autoridad demandada no cumplió la prevención de tres de noviembre del año próximo pasado, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la entonces Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca una multa por ***moneda nacional; en tal sentido, dispuso que se comunicara esa determinación a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno para que hiciera efectivo tal medio de apremio y requirió por segunda ocasión a la entidad pública enjuiciada para que en el plazo de tres días cumpliera la sentencia definitiva, bajo el apercibimiento que en el caso de no hacerlo impondría en su contra otra multa equivalente a quinientas unidades de medida y actualización e informaría su contumacia a su superior jerárquico; el diecinueve de abril posterior, se notificó esa resolución judicial a la autoridad exactora. 10. El dato anterior es el último antecedente con el que se cuenta en el juicio de origen. 11. En consideración de la justiciable las actuaciones impugnadas vulneran sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 12. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. 13. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 14. Por acuerdo de trece de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 368/2023; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 15. En el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el diverso de veinte de abril anterior, por lo que se dejó de tener al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca como responsable en este juicio de amparo y se suspendió toda comunicación con esa entidad pública. 16. La audiencia constitucional se celebró el dieciocho de mayo del año en curso, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 17. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 18. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 19. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 20. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: ? La omisión de realizar las acciones necesarias para que se cumpla la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo*** Del Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca impugna: ? La omisión de acatar el fallo definitivo pronunciado en el aludido contradictorio. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 21. El Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue notificado del auto admisorio de la demanda de amparo de trece de abril del año en curso, y se le emplazó a este juicio constitucional a través del oficio 6690/2023 el diecisiete de abril posterior; por tanto, con fundamento en lo establecido por el numeral 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que le fue atribuido atinente a la omisión de acatar la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo *** 22. También es cierto el acto reprochado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a pesar de que en su informe justificado negó la existencia esa actuación; empero, esa negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que ese Tribunal administrativo realizó con posterioridad, en las que reconoce la certeza del acto combatido y trata de justificar la legalidad de su actuación en la fase ejecutiva del fallo definitivo pronunciado en el juicio natural. 23. Además, la existencia de los actos atacados a los entes responsables se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio contencioso administrativo ***que el órgano de administración de justicia responsable remitió en apoyo de su informe justificado y en atención al requerimiento de veinte de abril de la presente anualidad. 24. Es así, porque a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, al once de abril de dos mil veintitrés, el referido Tribunal administrativo solo había formulado dos requerimientos a la autoridad demandada en la controversia de origen para que acreditara el cumplimiento del fallo definitivo, sin que haya dado seguimiento al medio de apremio que impuso a la enjuiciada, porque no se advierte que procuró que la multa impuesta se haya hecho efectiva por el ente fiscal en la esfera jurídica de la persona que ocupa el cargo de la entidad pública enjuiciada para vencer su contumacia y obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva y en cuanto al ente público demandado en el referido contradictorio se detecta que no ha acatado el fallo estimatorio pronunciado en ese asunto, porque no está demostrado que realizó las obligaciones de hacer que le fueron impuestas como condena a favor de la disidente, aun cuando los plazos concedidos para tal efecto fenecieron. 25. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 26. Además, de las actuaciones del juicio contencioso administrativo *** se desprende que hasta la fecha en la que se dicta esta sentencia el cumplimiento del fallo definitivo pronunciado en esa controversia no se ha realizado. 27. Por tanto, queda demostrada la certeza de los actos omisivos combatidos, dado que el órgano de administración de justicia responsable no ha adoptado medidas eficaces para que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, mientras que el Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca ha incurrido en contumacia, porque no aportó en el proceso constitucional alguna prueba para demostrar que haya acatado la resolución judicial indicada. 28. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 29. En esos términos también se desvirtúa la negativa que el Tribunal administrativo responsable sostuvo en su informe justificado, por lo que debe tenerse por demostrada la certeza de las actuaciones combatidas. VI. LEGITIMACIÓN 30. ** se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo por sí, porque está demostrado que en el juicio contencioso administrativo de origen obtuvo una sentencia estimatoria, sin que esa resolución jurisdiccional se encuentra cumplida, por lo que esa situación legitima a la parte quejosa para promover por sí este juicio constitucional en términos de lo dispuesto por el numeral 6 de la Ley de Amparo. VII. OPORTUNIDAD 31. Por la naturaleza de los actos impugnados la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de **que no se subsana mientras aquéllas subsistan. 32. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista. VIII. PROCEDENCIA 33. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 34. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 35. En el caso, la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, asevera que este juicio constitucional es improcedente, porque ha realizado los actos del procedimiento oficioso regulado por el normativo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo*** 36. La razón en la que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo debe desestimarse, porque involucra el estudio de fondo del asunto, en la medida en la que se relaciona con la constitucionalidad de la omisión que le fue reprochada, lo que no es susceptible de examinarse en este apartado de la presente sentencia en donde se analiza la procedencia de este juicio de protección de los derecho fundamentales, sino que en todo caso será materia de análisis del fondo de la litis constitucional planteada, momento en el cual se estudiarán los conceptos de violación, se hará la calificación jurídica de esos motivos de disenso y se evaluará la regularidad constitucional del acto que le fue atribuido. 37. Al respecto, se tiene en cuenta que el Alto Tribunal del país ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser claras e inobjetables y que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto debe desestimarse; de ahí que el planteamiento que el Tribunal administrativo responsable formuló se desestima. 38. Lo expuesto tiene respaldo en la jurisprudencia P./J. 135/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." 39. Luego, al no hacerse valer un diverso supuesto de inejercicio de la acción constitucional ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el dispositivo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causales de improcedencia que hipotéticamente establece tal precepto. 40. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que contiene la jurisprudencia P./J. 22/91 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." IX. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO 41. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante . 42. La inconforme alega en uno de sus motivos de disenso que existe una dilación injustificada por parte de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para adoptar las medidas eficaces y obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ***, así como la omisión de cumplir ese fallo estimatorio por el ente público demandado, porque no se ha materializado la ejecución de esa resolución jurisdiccional en su esfera jurídica, por lo que estima que esa contumacia e inacción transgreden su derecho de acceso a la justicia consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que sostiene que existe a su favor una sentencia estimatoria firme que aún no se ha cumplido a pesar de que los plazos concedidos a la autoridad enjuiciada en esa controversia han fenecido. 43. El concepto de violación sintetizado es fundado, en la medida de lo que se expondrá a continuación, para lo cual se atiende a la causa de pedir inmersa en él. 44. A fin de evidenciar dicha calificativa es necesario traer a contexto el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que interesa establece lo siguiente: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] 45. El precepto constitucional inserto establece la prerrogativa de acceso a la tutela jurisdiccional y prescribe que debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, lo cual a su vez, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias; de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que de no hacerlo se haría nugatoria la primera. 46. Así, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en ese fallo no quede sólo en una actuación de buena fe del Tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que con base en tal prerrogativa, sea capaz el propio Tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. 47. Ese derecho en favor de los gobernados implica el disfrute de diversas prerrogativas relacionadas con la impartición de justicia, a saber: 47.1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 47.2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 47.3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 47.4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 48. Las consideraciones expuestas encuentran respaldo en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES: La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 49. Con base en el criterio anterior, se considera que las autoridades, en el ámbito de su competencia transgreden la obligación de ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los asuntos, en dos formas: 49.1. Cuando no desarrollen el juicio diligentemente sino con demora y, 49.2. Cuando sean omisas en proveer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 50. En el caso concreto, como quedó establecido en los antecedentes relatados en el primer apartado de este fallo con motivo de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio contencioso administrativo *** surgió un derecho subjetivo para la quejosa en el sentido de que el Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca acate la resolución de nulidad pronunciada a favor de la disidente en los términos en la que fue concedida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el veinte de noviembre de dos mil veinte, por lo que se requirió en dos ocasiones a la entidad pública enjuiciada en esa controversia para que acatara ese fallo, sin que esté demostrado que esa resolución esté cumplida. 51. En efecto, la pretensión de la parte vencedora no ha sido satisfecha, lo que se convierte en una omisión en el cumplimiento del fallo definitivo, la cual a su vez se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de obtener la ejecución de una sentencia condenatoria. 52. Es aplicable la jurisprudencia 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos. 53. Ahora, los numerales 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén los lineamientos para que el Tribunal administrativo dicte las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de sus fallos, preceptos cuya parte conducente se estima necesario transcribir: Artículo 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: [.] b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. [.] Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. [.] Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.] 54. Los dispositivos insertos establecen que una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva debe realizarse lo siguiente: 54.1. Todas las autoridades están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 54.2. Se puede requerir de oficio o a petición de parte mediante queja. 54.3. La autoridad demandada tiene cuatro meses para cumplir con la sentencia que haya quedado firme. 54.4. En caso contrario, de oficio se le requerirá que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia; una vez concluido tal plazo con informe o sin él, se decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia y se le impondrá una multa de entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal , requiriéndola nuevamente a cumplir con la sentencia en el término de tres días. 54.5. En el caso de que persista la contumacia y no acaten el requerimiento anterior o se nieguen a cumplir la sentencia, el tribunal impondrá a la autoridad demandada nuevas multas, requerirá al superior jerárquico y en el supuesto de no obtener el cumplimiento también impondrá multa a este último. 54.6. Finalmente, se podrá poner dicha conducta en conocimiento de la Contraloría Interna (órgano interno de control correspondiente), para que proceda conforme a sus atribuciones. 55. Por otro lado, la propia normativa prevé que el afectado recurra en queja cuando la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo omita dar cumplimiento a la sentencia definitiva, entre otros supuestos. Lo que se ceñirá al siguiente procedimiento: 55.1. Al escrito correspondiente se acompañará la resolución motivo de la queja, una copia para la autoridad responsable, y se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro del plazo correspondiente. 55.2. Se ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. 55.3. En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. 55.4. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, para los efectos legales correspondientes. 56. Como se puede constatar, los numerales insertos obligan a la Sala responsable a observar lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que está constreñida a proveer de oficio o a petición de parte de manera pronta y expedita la ejecución de la sentencia, con el dictado de todas y cada una de las medidas necesarias en la forma y en los términos que a su juicio sean procedentes, pues de no hacerlo así, el fallo definitivo carecería de eficacia legal y su cumplimiento quedaría a la voluntad de las partes. 57. Ahora, de los antecedentes narrados en esta resolución se advierte que la Sala responsable no ha observado los plazos y los lineamientos previstos por los citados ordinales para obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo***y la autoridad demandada en el juicio de origen continúa en contumacia al no dar cumplimiento a esa resolución jurisdiccional. 58. Lo anterior es así, porque quedó evidenciado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, al once de abril de dos mil veintitrés, la sentencia definitiva pronunciada en el contradictorio de origen continuaba pendiente de cumplimiento, no obstante que han transcurrido con exceso los plazos establecidos por la ley de la materia para que la entidad pública enjuiciada en el juicio natural acate la resolución final estimatoria de la pretensión de la inconforme, sin que pase inadvertida la actuación de la inconforme en el sentido que interpuso el recurso de queja ante la omisión del ente demandado de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, el cual fue desechado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, porque el Tribunal administrativo responsable sostuvo que en el auto de tres de noviembre anterior requirió el cumplimiento de esa resolución, por lo que señaló que ya había iniciado el procedimiento oficioso para lograr que se acatara el fallo definitivo; empero, esta última situación no ha acontecido. 59. No escapa que en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, el Tribunal administrativo responsable inició el procedimiento previsto por el numeral 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que requirió por dos ocasiones en diversas datas a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días informara el cumplimiento dado a la sentencia definitiva, pero se detecta que no ha dado seguimiento a uno de los medios de apremio que impuso a esa autoridad, porque no se advierte que procuró que la multa impuesta se haya hecho efectiva por el ente fiscal en la esfera jurídica de la persona que ocupa el cargo de la entidad pública demandada para vencer su contumacia y obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva y en cuanto al ente público demandado en el referido contradictorio se detecta que no ha acatado el fallo estimatorio pronunciado en ese asunto, porque no está demostrado que realizó las obligaciones de hacer que le fueron impuestas como condena a favor de la disidente, aun cuando los plazos concedidos para tal efecto fenecieron. 60. Cabe señalar que las actuaciones que dicho órgano de administración de justicia ha llevado a cabo son insuficientes para establecer que realizó lo necesario para materializar el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ***, porque hasta la fecha en la que se resuelve este juicio de amparo, la autoridad demandada en ese asunto no ha presentado ante el Tribunal administrativo responsable constancia alguna que evidencie su acato a esa resolución judicial ni la referida enjuiciada demostró con algún medio de convicción que cumplió ese fallo. 61. Por tanto, es factible concluir que hasta esta fecha las autoridades responsables no han realizado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada a favor de la justiciable, a pesar que como órgano jurisdiccional está obligado a proveer lo necesario para obtener el cumplimiento de la resolución jurisdiccional señalada en beneficio de la disidente y que ese fallo ha adquirido la calidad de cosa juzgado, por lo que es vinculante para el ente público demandado en el contradictorio de origen y, en esa medida, tiene el deber de adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para cumplir la condena que le fue impuesta. 62. Sobre todo, porque los efectos del fallo definitivo a que quedó vinculada la autoridad demandada en el juicio natural no representa una gran complejidad, porque debe realizar lo siguiente: "[.] para el efecto de que el o la Titular de la Subdelegación de Prestaciones Oaxaca, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de CUATRO MESES a que se refiere el segundo párrafo, de este numeral, contado a partir de que la presente sentencia quede firme, emita una resolución expresa, en la que dando respuesta a la solicitud que se le formuló el 15 de mayo de 2019, en aplicación de los numerales 57, tercero, cuarto y quinto párrafos, de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Décimo Transitorio fracción I, inciso a), de la propia Ley, vigente a partir del 1 de abril de 2007; el primero hasta el 21 de julio de 2009, y a partir del día siguiente los numerales 18, fracción I, incisos a) y b), 19, 8, 7 y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la propia Ley; ordene que de inmediato, a la pensión de la C. ***, se le apliquen los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de la misma plaza en que se jubiló, E1485 MAESTRO BILINGÜE DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA CON CARRERA MAGISTERIAL; de 36.86% de febrero de 2010 y 3.50% de enero de 2017, en adelante; que se encuentran consignados en la constancia de evolución salarial, anteriormente digitalizada; EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA; PUES CON ANTERIORIDAD YA SE HABÍAN OTORGADO OTROS AUMENTOS PENSIONARIOS, SÓLO QUE EN MENOR PORCENTAJE; POR LO QUE SÓLO PROCEDEN LAS DIFERENCIAS DE 31.56% y 0.14% y proceda a liquidar, a partir del 15 de mayo del 2014, en una sola exhibición, las diferencias procedentes; diferencias pensionarias, sumadas a la cuota diaria original, que no podrán rebasar los diez salarios mínimos, como fue ya indicado en párrafos precedentes; en las que también deberá tomar en cuenta las diferencias de cada año de aguinaldo, sobre los cuarenta días, según la cuota diaria de pensión, a que se refiere el artículo 42-Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; diferencias todas que deberán encontrarse debidamente actualizadas, en los términos de los artículos 7, primer párrafo, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013; y 6, primer párrafo, fracción II, de la propia Ley, vigente a partir del 1 de enero de 2014; así como incorporar a nómina de la pensionada, los aumentos ya referidos. [.]" 63. Además, se tiene presente que la entidad pública demandada no acreditó ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la existencia de alguna imposibilidad jurídica o material para realizar las acciones establecidas en la sentencia definitiva dictada en la controversia de origen. 64. En esos términos se advierte que las autoridades responsables vulneran en perjuicio de la justiciable el derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución General de la República, porque las omisiones combatidas impiden a la disidente obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo***, no obstante que ese fallo ha adquirido la calidad de cosa juzgada y es vinculante para los entes responsables y para cualquier autoridad, por lo que deben adoptar las acciones inmediatas y eficaces que materialicen la ejecución de esa resolución jurisdiccional en la esfera jurídica de la disidente. X. DECISIÓN 65. Consecuentemente en atención a que los argumentos examinados resultaron fundados en virtud de que quedó demostrada la trasgresión de los derechos fundamentales de la inconforme *** reconocidos por el arábigo 17 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la justiciable. 66. Así, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo, o bien, omisivo, como en el caso, la sentencia que conceda el amparo y la protección constitucional tendrá por objeto obligar a la responsable a respetar el derecho fundamental violado. 67. Para ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: 67.1. De manera inmediata tendrá que continuar el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo *** por lo que deberá proveer y realizar las gestiones necesarias para imponer los medios de apremio previstos legalmente a la autoridad demandada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten indispensables y eficaces para vencer la contumacia de la enjuiciada a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. 67.2. Para efecto de constreñir a la autoridad demandada Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca a fin de que acate las determinaciones adoptadas tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio para que cuantifique y realice el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en esa resolución jurisdiccional, por lo que podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas, imponer multas a la entidad pública enjuiciada y a su superior jerárquico, verificar que se hagan efectivos los medios de apremio que imponga, dar vista al órgano de control interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin de acuerdo con sus facultades. 68. Por su parte, la autoridad responsable Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca deberá realizar las gestiones necesarias para cuantificar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo *** 69. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores. 70. En respaldo a la consideración anterior por analogía es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". 71. Finalmente, ante la protección federal concedida resulta innecesario el análisis de los diversos motivos de disenso que la solicitante de la tutela constitucional formuló, ya que cualquiera que sea el resultado de su estudio no variaría el sentido de este fallo. 72. Al respecto es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito , de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia." 73. También cobra vigencia la jurisprudencia 1335 sustentada por la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal del País , que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." 74. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, por las consideraciones expuestas en el apartado IX de esta sentencia y para los efectos precisados en el diverso X del presente fallo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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