Eva Nogal Godínez
Expediente 1482/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eva Nogal Godínez
Actuaciones
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...MESA 2
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de dos de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, al respecto a fin de no irrogar perjuicio a las partes, con su contenido dése vista por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2. Finalmente, respecto de la prueba documental consistente en copias certificadas de las actuaciones de once de marzo, cuatro y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictadas en el expediente laboral.... así como un escrito recibido el cinco de junio del año en curso, se tiene por admitida y desahoga la prueba documental en cita, misma que será tomada en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa...MESA 2
- Principal
SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS... PIDASE INFORME JUSTIFICADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES...SE APERCIBE A LA PARTE QUEJOSA QUE EN CASO DE QUE LA DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ SEÑALADO POR EL MISMO, SEA INCORRECTA O BIEN SEA INEXISTENTE, SE DEJARA DE TENER COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL PRESENTE ASUNTO A LAS MISMAS...SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...MESA: 2.
- Principal
AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Eva Nogal Godínez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México,. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1482/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento respecto de autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. ... Así pues, como se destacó el juicio de amparo deviene improcedente respecto a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla, Estado de México; ello es así, dado que del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales del quejoso; y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; bajo esas premisas, es indudable que este funcionario no puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del amparo, pues únicamente está facultado para autorizar conforme a la ley los acuerdos, autos; y, en general, todas las diligencias en que intervienen, por virtud de lo cual, carece de las facultades propias inherentes a las autoridades para los efectos del amparo, y en razón de ello, no pueden ser considerados con tal carácter en el juicio de amparo; por consiguiente, es indudable que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, dentro de las facultades concedidas a los secretarios de acuerdos, no están las de decisión o de ejecución, sino que se circunscriben a la organización interna y de mero trámite de la sala a la que se encuentren adscritos, por lo que no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que si bien tiene facultades para autorizar las resoluciones o acuerdos que dicte el titular de dicho órgano, ello no se traduce en un acto de decisión o de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, página 244, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Por disposición del artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de acuerdos de los juzgados de lo civil, está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues, solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Eva Nogal Godínez, por su propio derecho por lo que respecta únicamente al acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. No se apertura incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con una copia de la demanda de amparo, tal como lo establece el numeral 110 de la Ley citada. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización : i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." . Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014 . Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen , este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que quede notificada de este auto, informen si dentro del juicio laboral SAT416/2016, las partes han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. Obligaciones de las partes De igual forma, se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 primer párrafo de la Ley de Amparo, y se apercibe a la quejosa y a la autoridad responsable que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización , lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento de la parte quejosa, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización , lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. De la información reservada de confidencial En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. Apercibimiento a la parte quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso que la denominación de las autoridades responsables, sea incorrecta o bien, aquella sea inexistente, se dejará de tener con tal carácter en el presente asunto, lo anterior, dado que es su obligación señalar con precisión dicho requisito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, máxime que la suplencia de la queja prevista en el numeral 79 de la misma ley, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, ni a prevenir cuando estas no existan, lo cual rompería con el equilibrio procesal entre las partes; sin que ello implique dejarlo en estado de indefensión, pues es su obligación estar al pendiente de las resoluciones emitidas en este juzgado de distrito, ya que al conocer de la razón del notificador, nada le impide indicar la denominación correcta de las autoridades que señaló inicialmente como responsables, y la finalidad de esta medida es evitar constantes e inútiles dilaciones procesales que harían interminables los juicios de amparo con prevenciones indefinidas; lo anterior, para una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con tres minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas o las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como una de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesado, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª ./J.176/2012 (10ª), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." De la parte tercero interesada. Sin que se le reconozca el carácter de tercero interesado al que señala en su escrito de demanda, toda vez que si bien se encuentran en la hipótesis que contempla el artículo 5, fracción III, fracción b) de la Ley de Amparo, al mismo no le causa perjuicio alguno el acto que la parte quejosa reclama. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que señala en el capítulo respectivo en su demanda de amparo, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio de amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notificaciones a la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Paseos del Alba edificio H4-4, departamento 301, colonia Bosques del Alba Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de garantías, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán promover válidamente en términos amplios del dispositivo legal invocado. Uso de medios electrónicos. Asimismo, le es permitido el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en el expediente, siempre y cuando en ningún momento sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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