Eva Muñoz Mijangos
Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eva Muñoz Mijangos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente expediente se sobreseyó el juicio de amparo el mismo es susceptible de destrucción; asimismo, respecto del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General de referencia , también es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos tres años a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro electrónico correspondiente. Finalmente, se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento su entrega en caso de que así se solicite, en el entendido que no solicitar su devolución, las referidas documentales, seguirán la suerte del juicio en que se actúa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente expediente se sobreseyó el juicio de amparo el mismo es susceptible de destrucción; asimismo, respecto del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General de referencia , también es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos tres años a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro electrónico correspondiente. Finalmente, se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento su entrega en caso de que así se solicite, en el entendido que no solicitar su devolución, las referidas documentales, seguirán la suerte del juicio en que se actúa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 820/2023-VIII, promovido por Eva Muñoz Mijangos, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por Eva Muñoz Mijangos; 2.- auto admisorio de dieciséis de junio de dos mil veintitrés e informe justificado rendido por la autoridad responsable, Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra emplazado y que no existe parte tercera interesada . En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la quejosa ofreció las siguientes documentales: 1.- original del oficio DRP/5192-2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala; 2.- acta de defunción de nueve de marzo de dos mil veinte de Felipe Santiago González Romero; 3.- original de la línea de captura emitida por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés para el trámite relativo a inscripción de documentos; 4.- original del recibo oficial de pago por derechos, productos y aprovechamientos expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; 5.- original de la boleta de ingreso de trámite expedida por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; y, 6.- primer testimonio del instrumento número tres mil quinientos setenta y tres, volumen veintiséis, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, pasado ante la fe del Notario Público número dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala, que contiene el testamento público abierto de Felipe Santiago González Romero. Por su parte, la autoridad responsable, Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, adjuntó a su informe justificado: 1.- comprobante de recepción de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés respecto al trámite a nombre de Felipe Santiago González Romero; y, 2.- respuesta emitida por la indicada autoridad a la solicitud formulada. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. Atento a ello, la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos y que la representación social federal no presentó pedimento, se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 820/2023-VIII, promovido por Eva Muñoz Mijangos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el día quince siguiente a este órgano jurisdiccional, Eva Muñoz Mijangos, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El oficio número DRP/5192-2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés emitido por la referida autoridad, en el que se comunicó la negativa a registrar la escritura tres mil quinientos setenta y tres, volumen veintiséis, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala. Acto que considera violatorio de los artículos 14 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Además, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: El oficio número DRP/5192-2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en el que se comunicó la negativa a inscribir la escritura tres mil quinientos setenta y tres, volumen veintiséis, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala, en la que consta el testamento público abierto de Felipe Santiago González Romero. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia (fojas 34 a 37). Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del comprobante de recepción de trámite y oficio DRP/5192-2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés que como apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable (fojas 38 a 40), documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad pueda resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. Ahora bien, para determinar si el presente juicio de amparo resulta procedente, se debe tomar en consideración que la quejosa Eva Muñoz Mijangos acude a esta instancia constitucional en reclamo del oficio DRP/5192-2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en el que se le negó la inscripción del instrumento notarial en el que consta el testamento público abierto otorgado por Felipe Santiago González Romero y en el que la impetrante fue instituida como única y universal heredera. Ello a raíz de la solicitud que formuló la ahora quejosa mediante trámite presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (foja 38). Precisado lo anterior, la suscrita juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa tiene justificación en el hecho que al tratarse de medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre la vía extraordinaria que es el juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los juicios, recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija el acto reclamado disponga para tal efecto. En ese tenor, los artículos 1213, 1214, fracción I, 1215, 1218 y 1219 del Código de Civil para el Estado de Tlaxcala establecen: "Artículo 1213.- La inscripción de los títulos en el registro puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario que haya autorizado o expedido el testimonio de la escritura de que se trate. "Artículo 1214.- Sólo se registrarán: "I.- Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos. "Artículo 1215.- El interesado presentará el título que va a ser registrado y cuando se trate de documentos que impliquen transmisiones o modificaciones de la propiedad de fincas rústicas o urbanas, un plano o croquis de esas fincas. "Artículo 1218.- El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse, llena la forma extrínseca exigida por la ley y contiene los datos a que se refiere el artículo 1220. En caso contrario, devolverá el título sin registrar, siendo necesaria resolución judicial para que se haga el registro. "Artículo 1219.- En el caso a que se refiere la parte final del artículo anterior, el registrador tiene obligación de hacer una inscripción preventiva, a fin de que si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción definitiva surta sus efectos desde que por primera vez se presentó el título. Si el juez aprueba la calificación hecha por el registrador, se cancelará la inscripción preventiva. "Transcurrido un mes sin que la autoridad judicial comunique al registrador la iniciación del procedimiento para la calificación judicial del título presentado o dos años sin que se le comunique la calificación que de tal título haya hecho el juez, en caso de haberse seguido tal procedimiento, a petición de parte interesada el registrador cancelará la inscripción preventiva." Conforme a estos numerales se advierte, en que lo interesa, lo siguiente: La legislación civil del Estado de Tlaxcala faculta a quien tenga interés legítimo para pedir la inscripción de títulos en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala con la finalidad de asegurar el derecho que se va a inscribir. Entre los documentos que se pueden inscribir, se encuentran las escrituras públicas. En caso de negativa del registrador para realizar una inscripción, resulta necesario resolución judicial para que se haga el registro. Al instar al órgano jurisdiccional a que resuelva si se debe o no hacer la inscripción, el Registrador debe realizar una inscripción preventiva, pues si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción definitiva surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título. En ese orden, la interpretación literal de los artículos antes reproducidos se desprende que contra la negativa de la inscripción es necesaria resolución judicial para que se ordene su registro. Por consiguiente, contra la negativa del Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de inscribir la escritura pública tres mil quinientos setenta y tres, volumen veintiséis, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala, en la que consta el testamento público abierto de Felipe Santiago González Romero, la ahora quejosa debió acudir al juez ordinario para que, de ser procedente, ordene al registrador la inscripción del instrumento notarial de que se trata, conforme lo señalan los numerales 1208 y 1219 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. Ello es así, pues los preceptos antes señalados establecen expresamente que negado el registro es necesaria resolución judicial para que se haga el registro correspondiente. De tal manera, que el juicio de amparo no es la vía legal adecuada para obtener la inscripción que solicita la impetrante, pues para ello debió acudir previamente a la jurisdicción local. Es aplicable al caso la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "Registro digital: 268984 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Administrativa, Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen IV, Tercera Parte, página 243 Tipo: Aislada "REGISTRO PUBLICO, NEGATIVA DE INSCRIPCIONES EN EL (AMPARO IMPROCEDENTE). Contra la negativa del director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, a registrar una escritura privada de compraventa de un inmueble, no procede el amparo si previamente no se agota el juicio previsto en el artículo 3013 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, mediante el cual puede obtenerse que se ordene al registrador la inscripción del contrato privado de que se trata." Se destaca que el artículo interpretado en la tesis transcrita es similar al numeral 1208 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala y, por ende, la determinación que rige el indicado criterio, tiene cabida a la luz de la legislación civil de esta entidad federativa. De igual forma, apoyan lo aquí considerado las tesis del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que al efecto señalan: "Registro digital: 250987 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común, Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Sexta Parte, página 233 Tipo: Aislada "REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA A EFECTUAR UNA INSCRIPCION, ANTES DE AGOTAR EL MEDIO CORRESPONDIENTE. Cuando el registrador público de la propiedad se niega a hacer la inscripción de una escritura, el quejoso para cumplir con el principio de definitividad que rige el acto, antes de acudir a la instancia constitucional, deberá hacer uso del juicio o medio de defensa legal, que establece el artículo 3050 del Código Civil del Estado de Puebla, porque si no lo hace el juicio de amparo resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo." "Registro digital: 249251 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 171 Tipo: Aislada "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. MEDIO DE DEFENSA LEGAL QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INSCRIBIR UNA ESCRITURA. Según criterio sostenido por este Tribunal Colegiado en la tesis número 18, visible a fojas 305, Tercera Parte, publicada en el Informe correspondiente al año de 1981, el juicio de garantías en contra de la negativa del Registrador Público de la Propiedad es improcedente, si el quejoso no hubiere cumplido con el principio de definitividad agotando previamente el medio de defensa legal establecido en el artículo 3050 del Código Civil para el Estado de Puebla. Ahora bien, de lo dispuesto en ese precepto y en los diversos 3051 y 3052 del mismo código, se deduce que tal medio de defensa legal constituye un verdadero juicio en el cual debe demandarse la calificación del título hecha por el registrador público al negar la inscripción y, obviamente, éste reviste el carácter de demandado, entablándose la litis entre ambas partes con el ofrecimiento y desahogo de las pruebas respectivas, decidiéndose el juicio con una sentencia que apruebe o desapruebe la calificación del título." Así, cuando exista controversia respecto a este tema, sólo por orden de autoridad jurisdiccional puede realizarse la inscripción del título rechazado. Así, quien pretenda la inscripción de un instrumento notarial debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; de ahí que ante la negativa de inscripción del título registral debe agotarse el medio ordinario que prevé el artículo 1208 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, previo al ejercicio de la acción constitucional, máxime que al iniciarse tal controversia, el Registrador está obligado a realizar, desde luego, una inscripción preventiva, con lo cual no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en este juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del numeral 63 del mismo ordenamiento. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eva Muñoz Mijangos, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia misma. SEGUNDO. Captúrese la presente resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Administradora Regional en Tlaxcala, del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual remite tres ejemplares de la publicación en el periódico "Excelsior", de los edictos ordenado en autos, así como, impresión electrónica de la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación; publicaciones que fueron efectuadas los días nueve, dieciséis y veintitrés de junio del año en curso, ordenados en el presente juicio de amparo a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Irineo Cortez y/o Irineo Cortez Torres; asimismo, proporciona la dirección electrónica www.dof.gob.mx, para su consulta. Visto lo anterior, se tiene por emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado Irineo Cortez y/o Irineo Cortez Torres. Asimismo, tal como se ordenó mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según su artículo 2º; queda a disposición de la parte tercera interesada con el Actuario de este Juzgado, copias simples de la demanda de amparo, auto admisorio y proveído de veintiuno de abril del año en curso. Asimismo, se le concede un término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación de los edictos, para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Apizaco o Tlaxcala; apercibida que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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