Eva Montes Perez

Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
831/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Eva Montes Perez
  • Landy Lilibeth Rojas Alonso (Representante)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase al Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, los tres discos de lectura óptica en su formato DVD, así como copia certificada del toca de apelación 1/2020, que remitió como justificante de su informe, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, sin ser necesario requerir el acuse respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia.

  2. Principal

    Principal. 831/2020AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Puebla, Puebla, a las nueve horas con dieciocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente relativo al juicio de amparo 831/2020, promovido por Eva Montes Pérez, por conducto de su asesora jurídica Landy Lilibeth Rojas Alonso, en audiencia pública CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Doger Amador, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia, el juez abre el periodo probatorio, en donde el secretario da cuenta con las documentales que remitió el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistentes tres discos de lectura óptica en su formato DVD, así como copia certificada del toca de apelación 1/2020 con la que se formó el anexo I. A lo que el juez acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas en razón de su propia naturaleza; al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, el juez declara abierta la fase de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo tanto, el juez cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia. Vistos los autos del juicio de amparo 831/2020, promovido por Eva Montes Pérez, para dictar sentencia. R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y turnado a este juzgado el día hábil siguiente, Eva Montes Pérez, por conducto de su asesora jurídica Landy Lilibeth Rojas Alonso, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó a la Séptima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, al considerarlo violatorio del artículo 1, párrafo primero, 17, 20 apartado C de la Constitución. Actos que hizo consistir en la resolución de uno de octubre de dos mil veinte dictada en el toca de apelación 1/2020, a través de la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve emitido dentro de la causa penal 882/2018/Puebla del Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro. Segundo. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte se formó, registró y admitió a trámite el juicio de amparo 831/2020; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción de este juzgado, se ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento de origen y de la parte tercera interesada; finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este juzgado la tiene conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado carece de ejecución material y la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama: - Resolución de uno de octubre de dos mil veinte dictada en el toca de apelación 1/2020, a través de la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve emitido dentro de la causa penal 882/2018/Puebla del Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Séptima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, por así aceptarlo al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior, se corrobora con el contenido de los discos compactos en formato DVD, de manera particular el relativo a la audiencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, llevada a cabo en la carpeta judicial administrativa 882/2018/Puebla, así como con la copia certificada de la constancia que integran el toca 1/2020, que dicha sala remitió en apoyo a su informe; de las cuales es posible advertir que el órgano jurisdiccional responsable en ejercicio de sus funciones emitió el acto reclamado. CUARTO. Sobreseimiento por actualizarse causal de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio. Para estimarlo así hay que destacar que destacar los antecedentes siguientes: a) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve el Ministerio Público formuló imputación a Jorge y/o José Cordero Escobar, por hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331 del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de Juan Enrique Arroyo López; seguida la secuela procesal el juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro emitió a favor del imputado auto de no vinculación a proceso respecto de los hechos imputados en la carpeta judicial administrativa 882/2018/Puebla. b) El trece de agosto de dos mil diecinueve, el juez de control tuvo al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, Rubén González Ibañez, interponiendo recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso citado, y ordenó correr traslado con el mismo a las partes procesales. c) En acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve el órgano jurisdiccional, ante la imposibilidad de notificar la interposición del recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso referido a la quejosa, ordenó que la misma se efectuara por medio de estrados al tiempo de indicarle que podría adherirse al mismo dentro del término de tres días, notificación que se efectuó el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. d) En proveído de trece de febrero de dos mil veinte el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado admitió a trámite el recurso de apelación 1/2020, en diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se le nombró a Landy Lilibeth Rojas Alonso, como asesora víctima de la aquí quejosa, momento en el que se impuso de las actuaciones. e) Finalmente, el uno de octubre de dos mil veinte siguiente emitió la sentencia correspondiente, en la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso. Determinación que constituye el acto reclamado y respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo. Preceptos que disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional y de la Ley de Amparo; así como la obligatoriedad para este juzgado de Distrito de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la causal de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de tales preceptos es la que resulta de la obligación contenida en la propia Ley de Amparo de acatar la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de justicia de la Nación, de ahí que si existe jurisprudencia con base en la cual debe decretarse la improcedencia del juicio de amparo, esta debe observarse en forma ineludible, por derivar tal obligación del artículo 217 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, tomo 43 Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA.- Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." Precisado lo anterior, debe decirse que la jurisprudencia que resulta obligatoria para este Juzgado Federal, es la número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Conforme a lo anterior, para considerar que se actualiza la causal de improcedencia advertida, esto es, el supuesto jurídico de un acto derivado de otro consentido que conduzca al sobreseimiento en el juicio de garantías, es necesario que se esté en presencia de dos actos de autoridad, de los cuales, el segundo sea consecuencia directa y necesaria del primero. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 161/2010, en esencia, señaló que en materia penal en los casos que el ofendido o victima está facultado para interponer el recurso de apelación contra una resolución de primer grado, de igual manera lo está para promover el juicio de amparo, sin embargo, ello no significa que pueda promoverlo indistintamente, en tanto que no implica que aquel deba prescindir de los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, ya que cuando una resolución incide en su esfera de derechos dicha determinación debe ser controvertida a través del recurso respectivo, con independencia de que también lo haga el Ministerio Público, pues cada uno está legitimado para ese efecto y las obligaciones constitucionales conferidas a la representación social no excluyen las prerrogativas y derechos conferidos al ofendido, quien también debe agotar los medios de defensa con que cuente. De ahí que la Sala refiere que en el caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, si al dictarse la ejecutoria correspondiente, no se modifica lo resuelto debe concluirse que el juicio de amparo que en su caso promueva el ofendido, contra la resolución de segunda instancia, será improcedente, porque ese acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye una manifestación de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por el Ministerio Público entre otros aspectos, en lo relativo a la reparación del daño. Ahora bien, si en el caso fue el Ministerio Público y no la agraviada quien interpuso el recurso de apelación contra el auto de no vinculación confirmado en la resolución de uno de octubre de dos mil veinte (el cual constituye el acto reclamado), evidentemente el presente juicio de amparo resulta improcedente, en tanto que esta última resolución es consecuencia de aquella determinación. De ahí que al estar la quejosa legitimada para la interposición del recurso de apelación tal y como lo indicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 355/2019, estaba constreñida a agotar de manera previa a la promoción del presente juicio de amparo el correspondiente recurso de apelación, pues de autos se advierte que la quejosa se encuentra vinculada al procedimiento de origen, en tanto que en diligencias de diecisiete y dieciocho de julio de dos mil diecinueve fue notificada de que se llevaría a cabo la audiencia inicial dentro en la que se emitió el auto de no vinculación a proceso, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve se le notificó por lista la tramitación del recurso de apelación y se le dio el término de tres días para adherirse a éste, aunado a que desde el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, previo a la emisión del acto reclamado su asesora legal Landy Lilibeth Rojas Alonso se impuso de las actuaciones. En tales condiciones, se surte la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Eva Montes Pérez, respecto del acto consistente en la resolución de uno de octubre de dos mil veinte emitida por la Séptima Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en el toca 1/2020 del incide, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra trascurriendo la vista otorgada al tercero interesado José Cordero Escobar, con los informes justificados, ello en virtud de que fue emplazado al presente juicio de amparo el veintitrés de septiembre del año en curso. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Jorge Cordero Escobar, sin que a la fecha obre en autos el desahogo del mismo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.

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