Eva Marisol Ramírez Góngora
Expediente 881/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eva Marisol Ramírez Góngora
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio 3019 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución dictada en el toca 83/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Jorge Marcelino Alonzo Chuc, María Basilia Estrella y Martiniano Kuk y Méndez, por propio y personal derecho y quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Núcleo de Población Ejidal de Motul, Municipio de Motul, Yucatán, en contra del acuerdo de veintidós de enero del presente año, dictado en el presente juicio de amparo; ejecutoria de la que se advierte que la citada superioridad declaró infundado el recurso de queja hecho valer. Acúsese recibo. Por tanto, reanúdese el procedimiento en este asunto, fijándose como nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO:_Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Eva Marisol Ramírez Góngora, contra actos del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad; presentada con cinco copias y dos anexos. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda promovida, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la diligencia de embargo realizada el diez de septiembre del año en curso, sobre bienes de su propiedad, ordenada por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio extraordinario de arrendamiento promovido en su contra, así como la posterior orden de inscripción de dicho embargo en el Registro Público de la Propiedad; embargo que según se advierte de las manifestaciones vertidas por la quejosa fue realizado como parte de la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de origen. Con base en lo anterior, se advierte que los actos reclamados no son el último dictado en la etapa de ejecución de la sentencia, es decir no es la resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia aludida, prevista en los artículos que a continuación se transcriben:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de Tribunales Judiciales, administrativos, agrarios o del Trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que apruebe o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiere dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el Procedimiento de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordene el otorgamiento de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Como puede apreciarse, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo (la que apruebe o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente) pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido, esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos en su promoción, es decir, impedir que se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, esto es, aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Conforme a lo anterior, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que los actos reclamados en la demanda no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, contra la cual procede el amparo indirecto, ya que no se trata de la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, pues la determinación impugnada es la diligencia de diez de septiembre del año en curso, por la que se embargaron diversos bienes propiedad de la aquí quejosa y la posterior inscripción de dicho embargo en el Registro Público de la Propiedad, pues lo cierto es que ninguna de estas actuaciones resultan ser la resolución definitiva en la que se apruebe o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Ilustra al respecto, la Jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación; que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentó que la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo establece una regla autónoma relativa a que, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede, excepcionalmente, aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Cierto, el Tribunal Pleno de la Corte concluyó que, aun tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando concurran los siguientes supuestos: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean vulnerados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Tales consideraciones fueron expuestas en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este contexto, es obvio que los actos impugnados se ubican en la etapa de ejecución del fallo respectivo, los cuales no afectan de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, sino que únicamente se trata de derechos que podrían ser reparados en la resolución que se emita en el procedimiento respectivo. En esas condiciones, se considera que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1672, con registro 167981 ,de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eva Marisol Ramírez Góngora, contra actos del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizada en los términos restringidos que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mariana Guillermo Echeverría, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrá realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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