Eva María Díaz Soria
Expediente 691/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eva María Díaz Soria
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 691/2020 y fórmese expediente, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Luego, el artículo 61, fracción XXIII1, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados En ese tenor, de la interpretación sistemática de los citados numerales se aprecia que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; además, que por actos de esa naturaleza, deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este punto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1 ) La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 2 Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Así, determinó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese corolario, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión en que han incurrido las autoridades responsables al no acordar el escrito presentado en la oficialía de partes común el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que solicitó se requiriera a la albacea dentro del juicio sucesorio 468- 1/2019, para que rindiera cuentas y pusiera a su disposición la parte proporcional de los usufructos derivados de los bienes inmuebles que forman parte de la masa hereditaria que le corresponden; por tanto, dicha omisión al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; por ende, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado. Incluso, a juicio de este Juzgador, la omisión reclamada no encuadra dentro de la excepción a la regla de improcedencia en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha referida por la quejosa bajo protesta de decir verdad, esto es, el uno de diciembre de dos mil veinte, como momento en que presentó su solicitud; y la promoción de la demanda de amparo (diez de diciembre actual), es evidente que aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, pues únicamente han transcurrido seis días hábiles, sin contar el momento de su presentación, por lo que existe la posibilidad de que en un plazo razonable la autoridad responsable realice los actos a su alcance para acordar lo que en derecho proceda en relación a la petición que formuló. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por Eva María Díaz Soria, por propio derecho. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el señalado en la demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Margarito Albarrán Ciprian, Mariano Manzo Rendón y Olivia Velázquez Jiménez, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que refiere, al no contar con ese requisito; asimismo, se tiene como correo electrónico el siguiente emds100@hotmail.com; y número telefónico el 744 213 59 16. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ. Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 691/2020 y fórmese expediente, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Luego, el artículo 61, fracción XXIII1, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados En ese tenor, de la interpretación sistemática de los citados numerales se aprecia que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; además, que por actos de esa naturaleza, deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este punto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1 ) La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 2 Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Así, determinó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese corolario, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión en que han incurrido las autoridades responsables al no acordar el escrito presentado en la oficialía de partes común el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que solicitó se requiriera a la albacea dentro del juicio sucesorio 468- 1/2019, para que rindiera cuentas y pusiera a su disposición la parte proporcional de los usufructos derivados de los bienes inmuebles que forman parte de la masa hereditaria que le corresponden; por tanto, dicha omisión al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; por ende, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado. Incluso, a juicio de este Juzgador, la omisión reclamada no encuadra dentro de la excepción a la regla de improcedencia en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha referida por la quejosa bajo protesta de decir verdad, esto es, el uno de diciembre de dos mil veinte, como momento en que presentó su solicitud; y la promoción de la demanda de amparo (diez de diciembre actual), es evidente que aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, pues únicamente han transcurrido seis días hábiles, sin contar el momento de su presentación, por lo que existe la posibilidad de que en un plazo razonable la autoridad responsable realice los actos a su alcance para acordar lo que en derecho proceda en relación a la petición que formuló. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por Eva María Díaz Soria, por propio derecho. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el señalado en la demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Margarito Albarrán Ciprian, Mariano Manzo Rendón y Olivia Velázquez Jiménez, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que refiere, al no contar con ese requisito; asimismo, se tiene como correo electrónico el siguiente emds100@hotmail.com; y número telefónico el 744 213 59 16. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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