Eva Macin Cruz
Expediente 1652/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- Eva Macin Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, en el que desahogó la vista concedida únicamente la parte quejosa. Por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: DECISIÓN Dada la inexistencia del acto que se atribuye al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, ante lo esencialmente fundado del concepto de violación vertido por la quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para los efectos siguientes: Que la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, deje insubsistente la resolución emitida el veinte de agosto de dos mil veinte en el toca de apelación ... En su lugar, emita otra en la que reitere lo que no forma parte de la concesión del amparo y, por otra parte, con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada analice los agravios tercero y cuarto vertidos en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, en los que esencialmente controvirtió la designación de ... como albacea de la sucesión debido a que tiene un conflicto de intereses. Recurso de revisión. Mediante proveído del seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa, promoviendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número 27/2022 de su índice. Ejecutoria. La sentencia fue confirmada a través del recurso de revisión 27/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y en ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: PRIMERO. Queda firme el considerando sexto de la sentencia recurrida, reflejado en el resolutivo segundo de la misma, en el que se concedió la protección constitucional a la quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la resolución emitida el veinte de agosto de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación número ..., toda vez que la quejosa (ahora recurrente) no expresó agravio alguno tendente a combatir tal decisión. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 784/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por ..., respecto del acto reclamado atribuido al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial, de Tehuacán, Puebla, consistente en el informe que rindió a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el sentido de que la quejosa no rindió las cuentas de su administración." En ese orden, el veintitrés de agosto del actual se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento. Cumplimiento. En atención a lo anterior, mediante proveído del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada de la resolución de veintidós del mismo mes y año, emitido en el toca 597/2019, respecto al recurso de apelación, de la que se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución emitida el veinte de agosto de dos mil veinte en el toca de apelación .... Emitió una nueva resolución -el veintidós de septiembre de dos mil veintidós-, en el toca ..., en la que: Reitero lo que no formó parte de la concesión del amparo y con libertad de jurisdicción los argumentos propios analizó los agravios tercero y cuarto vertidos en el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en el sentido de controvertir la designación de ... como albacea de la sucesión debido a que tiene un conflicto de intereses, para concluir de forma fundada y motivada que una vez que advirtió una violación al procedimiento, en términos del artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles abrogado, dejó insubsistente la designación de albacea provisional puesta en el punto tercero decisorio del fallo interlocutoria y enviar lo actuado al Juez de origen, para que convoque a los interesados a una Junta de herederos en la cual, con base en los argumentos expuestos por los interesados, se elija a quien deba ocupar el cargo de albacea definitivo y, en caso de que no hubiere mayoría, nombrarlo el Juez. Con base en lo expuesto, se estima que los efectos de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable acreditó haber seguido los lineamientos emitidos en la resolución concesoria. Manifestaciones de la parte quejosa. No resultan obstáculo a lo anterior las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, al desahogar la vista concedida en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en las que refirió esencialmente lo siguiente: Precisa que la autoridad responsable no tomó en consideración la totalidad de las constancias que obran en el juicio de origen, a fin de emitir la determinación del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el toca ... Considera que los terceros interesados se encuentran impedidos para desempeñar el cargo de albacea dentro de la sucesión. No obstante, no debe soslayarse que la concesión de la protección constitucional únicamente se otorgó para que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, analizara los agravios tercero y cuarto vertidos en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, en los que esencialmente controvirtió la designación de Juvencio Hernández Amayo como albacea de la sucesión debido a que tiene un conflicto de intereses. En consecuencia, es evidente que si en la especie la Sala responsable después de analizar los agravios de la parte quejosa determinó que existía una violación al procedimiento y con base en dicha situación ordenó la reposición del procedimiento, la legalidad de esa decisión escapa a los efectos de la sentencia amparadora, ya que constituye un nuevo acto que no se analizó en el fallo, por lo que si los argumentos de la parte quejosa pretenden combatir esa cuestión deben desestimarse. En ese orden, al darles respuesta con libertad de jurisdicción, la autoridad satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector. Conclusión. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes señaladas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por todo lo anterior, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado ..., por conducto de ... y/o ...; y por lista a los terceros interesados restantes.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Levanta reserva de pruebas. Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se reservó proveer lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en la pericial en materia de topografía, agrimensura, y la testimonial; hasta en tanto se integrara la litis del presente asunto; lo que ya aconteció; por ello, se acuerda lo siguiente: Prueba testimonial. Ahora bien, por lo que hace a la prueba testimonial ofrecida, resulta oportuno tener presente el contenido del artículo 119 de la Ley de amparo cuyo texto es el siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia." De acuerdo a tal precepto de la Ley de Amparo, la regla general es que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional y la excepción, derivada de la naturaleza misma del medio de convicción, es que requieran un desahogo posterior, tal como ocurre con las pruebas pericial, testimonial o la inspección judicial. Así, en respecto de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial, la Ley de Amparo establece que deben ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por causas no imputables al descuido o negligencia dentro del procedimiento. Luego, es posible concluir que el plazo legal que el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente prevé para el ofrecimiento de las pruebas que requieren un desahogo posterior, inicia con la presentación de la demanda de amparo y concluye cinco días hábiles antes de que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento de la prueba, ni el de la audiencia, pues estas pruebas se deberán desahogar con posterioridad a su ofrecimiento y con eso se respeta el derecho de audiencia y de defensa de todas las partes. Sin embargo, si bien el ofrecimiento de este tipo de pruebas dentro del plazo previsto en la ley es un elemento esencial de la actividad probatoria, no basta con que la prueba se anuncie con toda oportunidad, pues para que ésta sea admitida, es necesario que se satisfagan los demás requisitos previstos en la ley. En ese sentido, resulta patente que en los juicios de amparo indirecto, la falta de exhibición del cuestionario original, al tenor del cual deberá desahogarse la prueba testimonial, al momento de ofrecerla, da lugar a que se tenga como no ofrecida, pues no basta con el simple anuncio de la prueba pericial para que se perfeccione su ofrecimiento, ya que el cuestionario original, al tenor del cual debe desahogarse, es un elemento sustancial de la prueba, porque delimita su objeto y materia. Sin que le sea prorrogable el requerimiento que los Jueces pueden hacer al oferente de la prueba pericial para que exhiba las copias que faltaron para perfeccionar su ofrecimiento y que son necesarias para correr traslado con la prueba a las partes, al cuestionario original. Ya que dicha excepción no se encuentra expresamente establecida en ese sentido, además de que la finalidad de las copias y del cuestionario original es diametralmente distinta. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." En ese tenor, resulta procedente desechar de plano la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, puesto que no acompañó a su escrito de demanda el cuestionario respectivo. Pericial en agrimensura. En otro aspecto, respecto de la prueba pericial en topografía y agrimensura, se admite de acuerdo a lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, 147 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su ordinal segundo. Asimismo, en atención a que el cuestionario al tenor del cual se desahogará la prueba pericial en agrimensura se adjuntó al escrito por medio del cual se ofreció, córrase traslado a las demás partes, para que en el término de tres días, contado a partir de que queden notificados del presente proveído, adicionen el cuestionario de mérito y designen perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por conformes con el dictamen emitido por el perito oficial, conforme al cuestionario propuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ESTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario." Perito parte quejosa. Por otro lado, se tiene como perito de la parte quejosa a Inocencio Monroy Acosta, quien deberá aceptar y protestar el cargo conferido. Ahora bien, ante la emergencia sanitaria declarada en el país que imposibilita el desahogo presencial de dicha comparecencia en el recinto del órgano jurisdiccional, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020 en el que establece la posibilidad de realizar a distancia la protesta del cargo de peritos, siempre que la persona juzgadora se pueda cerciorar de su identidad. En ese sentido, a fin de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional y del propio experto, se requiere al perito Inocencio Monroy Acosta, por conducto de la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad los siguientes datos: Datos generales. (edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, ocupación y domicilio para oír y recibir notificaciones). Aceptación del cargo. El perito deberá asentar de manera expresa que acepta y protesta el cargo conferido, y declarará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el Artículo 51 de la Ley de Amparo y tener conocimiento en la materia objeto de dictamen. Además, deberá remitir copia certificada de una identificación oficial vigente y del documento idóneo con el que acredite su calidad de experto en la ciencia respectiva. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por conforme con el dictamen que en su momento rinda el perito oficial y el que en su caso designe la parte tercera interesada. Se hace de su conocimiento que puede remitir dicha información por los medios de comunicación siguientes: Correo electrónico institucional: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx Fax: (222) 3-03-72-00 extensión 1526. Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor número 82, piso 12, Ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, código postal 72810. Requiere perito oficial. A fin de agilizar el trámite y la integración de la prueba pericial ofrecida en autos y, con ello, garantizar a las partes el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ordena girar atento oficio a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este Juzgado, designen perito en la materia de agrimensura, quien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad los siguientes datos: Datos generales. (edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, ocupación y domicilio para oír y recibir notificaciones). Aceptación del cargo. El perito deberá asentar de manera expresa que acepta y protesta el cargo conferido. Además, deberá remitir copia certificada de una identificación oficial vigente. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el multicitado artículo 120 de la Ley de Amparo; asimismo, remítase al perito oficial copia del cuestionario sobre el cual versará la prueba en comento. Se apercibe al perito que en caso de ser omiso o no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace de su conocimiento que puede remitir dicha información por los medios de comunicación siguientes: Correo electrónico institucional: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx Fax: (222) 3-03-72-00 extensión 1526. Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor número 82, piso 12, Ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, código postal 72810. Asimismo, se apercibe a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil y a la Fiscalía General del Estado de Puebla que de ser omisos, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. En tal sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las nueve horas del siete de noviembre de dos mil veintidós; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada ****y parte quejosa; así como por lista a los diversos terceros interesados ****
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 13 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. La Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, rinde informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 1526/2021 del índice de la junta responsable, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y, por virtud de ello, el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado, hizo del conocimiento que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictó laudo en el expediente laboral 1526/2021, que notificó a las partes el seis y siete de octubre de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias anexas a su informe de ley. En ese sentido, cesó la omisión del acto reclamado, de modo que sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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