Eva Ma. Alejandra Navarrete Mena
Expediente 326/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eva Ma. Alejandra Navarrete Mena
- Eva Ma. Alejandra Navarrete Mena y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ornde anotificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado por razones de competencia el mismo día, ******* por conducto de su apoderada Susana Prieto Terrazas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisan: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Es la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio bien conocido en Eje Vial Juan Gabriel número 2160 de la colonia Reforma de esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia interlocutoria emitida con fecha 11 de marzo de 2016, emitida al resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora, en el juicio laboral número *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. RESULTANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia laboral en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, la sentencia interlocutoria emitida con el once de marzo de dos mil dieciséis, al resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora en el juicio laboral *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidenta, al rendir informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le atribuyen, es decir, la emisión de la sentencia interlocutoria emitida el once de marzo de dos mil dieciséis mediante la cual se resolvió el incidente de liquidación planteado por la parte actora en el juicio laboral *******. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que del juicio de origen remitió la junta responsable, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que debe tenerse por cierto el acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Esto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento. El primer numeral establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo dispone: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.] La técnica rectora del juicio de garantías permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable. La previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de garantías se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Por tanto, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de garantías alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción. En caso de no realizar ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce de la garantía individual violada aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional y, concretamente del de relatividad de las sentencias. Lo dicho ha sido sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 90/97, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, que se consulta en la página 9, registro 197245, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Una vez expuesto lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia debe decirse que del examen integral de las constancias que integran el presente controvertido constitucional, se desprende que la peticionaria de amparo reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje la resolución de once de marzo de dos mil dieciséis dictada en el incidente de liquidación de laudo relativo al juicio laboral 3/11/0574. Es importante en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, traer a la vista como hecho notorio, el juicio de amparo 346/2016-IV, del que se ordena obtener copia certificada de la demandan y sentencia para agregar a los presentes autos. De ese diverso juicio de amparo 346/2016-IV, del índice de este Juzgado Distrito, se advierte que fue promovido por Afore Sura, sociedad anónima de capital variable antes ING Afore, sociedad anónima de capital variable, quien reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje: IV. Acto reclamado.- De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama la resolución de fecha 11 de marzo de 2016, mediante la cual la junta resolvió el incidente de liquidación de laudo en el expediente laboral ******* y de manera indebida determinó que se había cuantificado y retenido en exceso el impuesto sobre la renta y que existía una diferencia a favor de la trabajadora por la cantidad de $*******; se reclaman también todas las actuaciones realizadas durante la tramitación del incidente de liquidación de laudo como violaciones cometidas durante ese procedimiento ya que dejaron sin defensa a la persona moral quejosa y trascendieron al resultado de la resolución. Se observa que el quejoso ******* antes *******, promovió el diverso juicio de garantías ******* del índice de este juzgado federal, contra la misma autoridad responsable, de quien reclama idéntico acto, es decir, la resolución de fecha once de marzo de dos mil dieciséis emitida al resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora en el juicio laboral número *******. Conviene hacer constar que en audiencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis terminada de engrosar el veintiséis de agosto del mismo año, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: a) Para que la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, deje insubsistente todo lo actuado en dicho incidente de liquidación de laudo, desde el auto que el Presidente de dicha Junta dictó en diligencia de diez de septiembre de dos mil quince, por el que admitió a trámite y señaló fecha para la audiencia incidental relativa, hasta la resolución interlocutoria de once de marzo de dos mil dieciséis; y b) Para que, en relación a la diligencia que tuvo lugar el diez de septiembre de dos mil quince, en la cual la parte patrona realiza el pago a la parte trabajadora de las prestaciones a que fue condenada en el laudo y la inconformidad respecto a la retención de impuesto sobre la renta relativa que manifestó la parte trabajadora, dicte un acuerdo ajustándose a los lineamientos establecidos en esta sentencia, específicamente, califique el cumplimiento del laudo tomando en cuenta exclusivamente los documentos que la parte patrona haya exhibido para demostrar que cumplió con todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenada en el laudo y la retención del mencionado impuesto a la que está obligada, sin calificar éste cálculo. De manera que, como se observa de los efectos de la sentencia el acto aquí reclamado fue objeto de estudio y se ordenó que se dejara insubsistente. En este orden, resulta indudable que a nada práctico conduciría la declaración de inconstitucionalidad, en su caso, de la sentencia interlocutoria emitida con el once de marzo de dos mil dieciséis, relativa al incidente de liquidación planteado por la parte actora en el juicio laboral *******, que emitió la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, porque no se podrían actualizar los supuestos contenidos en el numeral 77 de la Ley de Amparo. Ciertamente, si el acto reclamado es la resolución de liquidación de once de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral *******, y dicho acto ha sido analizado en diverso juicio, cuya sentencia aún no causa ejecutoria, aun cuando se considerara inconstitucional, no podría reintegrarse al quejoso en el goce de los derechos que se estimaran transgredidas; ello, porque se ordenó que se dejase insubsistente todo lo actuado en esa incidencia, incluyendo la resolución de liquidación que constituye el acto reclamado en este juicio y este juzgador no podría variar el sentido de esa determinación con motivo lo de resuelto en un amparo diverso, lo que motiva la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 7/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, página 281, registro 199425, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 77 de la legislación de la materia, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la citada Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en juicio de amparo ******* promovido por ******* contra los actos reclamados de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y mediante oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en representación de la misma junta; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.ahn
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Glósese a sus autos el pedimento de la Agente del Ministerio Público adscrita, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. De igual manera, tal como lo solicita el Agente, expídasele en su momento, copia autorizada de la resolución que se dicte en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y los artículos 2 y 3 de la citada ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.ahn
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de abril de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda promovida por ***************, por conducto de su apoderada legal la licenciada *************** contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a la promovente el carácter de representante de la quejosa, pues lo acredita con la copia certificada del auto de radicación del expediente laboral 3/11/0574, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 326/2016-I-2. Sin que se ordene aperturar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por conducto del Actuario de la adscripción, emplácese al tercero interesado ***************, en el domicilio indicado por la quejosa, en su demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamente en los numerales 12 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a los profesionistas que refiere. Por otra parte, del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa ofrece como prueba todo lo actuado en el juicio laboral ***************, que deberá remitir la autoridad responsable. Respecto a lo anterior, dígasele a la quejosa que éste juzgador se reserva a acordar lo conducente hasta en tanto, obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. En relación con la presuncional legal y humana que ofrece, así como la instrumental de actuaciones, se tienen por admitidas, toda vez que la primera es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva, y los últimos se constituyen con las constancias que obran en el sumario probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Ello, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Eunice Villarreal Salazar96/2021
- Eusebio Martín Ortíz Guevara709/2015
- Eusebio Ontiveros Vargas y Otros.168/2018
- Eustacio Rentería Navarrete110/2017
- Eva Arreola Rojas444/2016
- Eva Guadalupe Duarte Martínez982/2023
- Eva Tirzo Linares524/2021
- Eva Tirzo Linares630/2023
- Evaristo Echeverría Beracoechea817/2015
- Evaristo Moriel Montoya449/2020
- Evelia Juárez Gutierrez383/2019
- Evelyn Daniela Olivas Olivas y Otros.366/2016