Eva López Díaz
Expediente 1176/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Eva López Díaz
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual informa que dicho Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en Tijuana; fórmese expediente físico y electrónico bajo número 1176/2023-5. Incompetencia Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, el emplazamiento al juicio de prescripción positiva 309/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Tijuana, Baja California, instaurado en su contra y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo la sentencia definitiva emitida el uno de octubre de dos mil diecisiete, que declaró procedente la acción, la cual quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esa ciudad. Asimismo, del propio ocurso se advierte que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que reside en el municipio de Tijuana, específicamente, en el domicilio ubicado en ********************, colonia ******************** y ******************** y que el inmueble materia de la controversia de origen se ubica en ese municipio. En virtud de lo anterior, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados tienen ejecución material, pues implican, en esencia, la práctica del emplazamiento a la hoy quejosa, el trámite del juicio de origen y, entre otras consecuencias, la inscripción de la sentencia definitiva en la oficina registral del lugar donde se ubica el inmueble materia de la controversia. Por tanto, dado que de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, se advierte que los actos reclamados trataron de ejecutarse, fueron o serán ejecutados en Tijuana, Baja California, por ser el municipio en el que reside la parte quejosa, se tramita el juicio de origen y se ubica el inmueble materia de la controversia y no existe dato objetivo alguno que permita establecer, incluso en forma preliminar, que algún acto se ejecutó en esta jurisdicción, se concluye que el Juzgado de Distrito competente para conocer de la demanda relativa es aquel que ejerce jurisdicción en Tijuana, Baja California. En ese orden de ideas, como se adelantó, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal conocer de la demanda relativa, al no ejercer jurisdicción en el municipio donde pueden tener, tuvieron o tendrán ejecución los actos reclamados y, por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Previa formación del cuaderno de antecedentes relativo, remítanse los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que los turne al Juzgado que corresponda. Al efecto, se solicita al Juez de Distrito correspondiente que, de no existir inconveniente legal alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo comunique a este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso emitir pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Domicilio y autorizados. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a quienes menciona, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y datos para establecer comunicación no procesal y facilitar el proceso de notificación los que se proporcionan. Acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. En virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada en el módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del nombre de usuario "********************" que corresponde a ********************, como se solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las gestiones necesarias para generar los permisos correspondientes. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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