Eva Judith Riverón Medina
Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2017
Partes del expediente
- Eva Judith Riverón Medina
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ********************. Se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por la Delegada Autorizada por el 6. Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se instruyó al Director del Centro de Reinserción Social Varonil en San José el Alto, Querétaro y Presidente del Consejo Técnico del mismo Centro, para que dieran cumplimiento al requerimiento de nueve de febrero del presente año, anexando oficio mediante el cual se solicitó lo anterior. Circunstancia que este Órgano Jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes al momento de realizar el análisis de cumplimiento de sentencia respectivo. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, como lo solicita el promovente, se expiden copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve **, por derecho propio, contra los actos de la siguiente autoridad: 1. Juez Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro. De la cual reclama el siguiente acto que a continuación se describe: El auto de diez de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar de este Partido Judicial, en negar la salida del tercero interesado del domicilio conyugal, ya que el A-Quo decidirá si **, debe salir del domicilio hasta en tanto no tenga resultados de valoraciones psicológicas, mismas que se ordenaron realizar mediante el mismo auto procesal, las cuales se practicaran tanto a la suscrita, al tercero interesado, así como a mis hijas *, negando dicha salida del domicilio conyugal a pesar de que tanto las niñas como la suscrita somos víctimas de violencia física, verbal, emocional y psicológica por parte de su progenitor. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: El auto de diez de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar de este Partido Judicial, en negar la salida del tercero interesado del domicilio conyugal, ya que el A-Quo decidirá si *, debe salir del domicilio hasta en tanto no tenga resultados de valoraciones psicológicas, mismas que se ordenaron realizar mediante el mismo auto procesal, las cuales se practicaran tanto a la suscrita, al tercero interesado, así como a mis hijas *, negando dicha salida del domicilio conyugal a pesar de que tanto las niñas como la suscrita somos víctimas de violencia física, verbal, emocional y psicológica por parte de su progenitor. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la apelación, esto conforme a los artículos 199 y 200 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: I. La separación de los cónyuges o concubinarios y las que tiendan a salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados; (.). Artículo 200. Cuando el juez niegue alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior, esa determinación será apelable en el efecto devolutivo. De los enunciados normativos trascritos, se advierte que en contra de la negativa de alguna medida cautelar solicitada en un juicio en materia familiar, procederá el recurso de apelación. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama que la responsable dictó un auto en el que no accedió a su petición de decretar la separación de personas en términos del artículo 199 del Enjuiciamiento Civil del Estado de Querétaro, sin agotar el medio de defensa ordinario que prevé la ley del acto. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse, sin que sea óbice que el acto pueda resultar de imposible reparación. La anterior determinación, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página: 350, diciembre de 2013, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. La tesis de jurisprudencia transcrita, establece que la definitividad deba ser agotada, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: Sea efectivo; Idóneo; y, Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de apelación- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados, el cual puede plantearse al día siguiente de que sea notificado al recurrente. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar el auto que se recurra; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por seis días y, transcurrido el mismo, se remitirán los autos al superior para que dentro de los diez días siguientes a su admisión se realice el desahogo de pruebas como lo marca el artículo 753 del Código Procesal vigente y por último, se citará a las partes para que dentro del término de quince días se dictamine la resolución correspondiente. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve * DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en las Oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ubicadas en *, y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a *, toda vez que no cuentan con su cédula registrada en el Sistema correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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