Eva Italivi Miranda Morelos

Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
820/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Eva Italivi Miranda Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que en sesión ordinaria de treinta de septiembre de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del suscrito como titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, hágase del conocimiento de las partes la citada determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 164217, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite la ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja 139/2020, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese al estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Asimismo, en mérito de lo determinado por el Órgano Colegiado, el auto de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme de conformidad con los artículos 2°, 24 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, no obstante de haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora bien, mediante sentencia dictada por este Juzgado, el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el veintidós siguiente, determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los artículos 77, fracciones II y IV, y 78, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y 119 a 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como por su acto de aplicación, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando séptimo, para los efectos precisados en el último de esta sentencia." Inconforme con la anterior determinación, el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia de los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos, ambos del Gobierno del Estado, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número de expediente 1013/2016. Asimismo, mediante sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la superioridad determinó confirmar la sentencia emitida por este Juzgado Federal, misma que se concedió para los efectos siguientes: "A) La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, devolver la cantidad total actualizada que el quejoso pagó por concepto de derechos de inscripción, es decir, ***, menos una Unidad de Medida y Actualización, que actualmente tiene un valor de ***, lo que da como resultado ***. B) La Tesorería Municipal de Tlaltizapán, Morelos, deberá devolver la cantidad actualizada que el quejoso pagó por concepto de impuesto adicional sobre el de adquisición de bienes inmuebles, es decir, ***". En ese sentido, mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En cumplimiento al fallo protector, por oficio recibido el doce de febrero de dos mil veinte, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal en representación de Titular de la Secretaría de hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Titular de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, remitió el acuse de recibo de entrega del cheque número 0000003 por la cantidad de $29,234.07 (veintinueve mil doscientos treinta y cuatro pesos 07/100 Moneda Nacional) expedido a favor del quejoso Alfonso Perea Zhucar. Asimismo, mediante oficio recibido el catorce de octubre de dos mil veinte, el Presidente Constitucional del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, remitió copia certificada del acuse de recibo de cinco de octubre de dos mil veinte, en el que se hizo constar la entrega del cheque ***, por la cantidad de*** al quejoso ***, así como copia del referido cheque en donde obra la firma del quejoso. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que las autoridades responsables devolvieran al quejoso debidamente actualizadas las cantidades de $29,234.07 (veintinueve mil doscientos treinta y cuatro pesos 07/100 moneda nacional) que pagó por concepto de derechos de inscripción y $7,125.34 (siete mil ciento veinticinco pesos 34/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional sobre el de adquisición de bienes inmuebles, es dable concluir que se ha restituido al impetrante del amparo en el pleno goce de la garantía violada, toda vez que las autoridades responsables acreditaron haber devuelto al quejoso dichas cantidades. En las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos copia del escrito firmado por la quejosa ***, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por ***, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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