Eva Hernandez Reynosa
Expediente 884/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eva Hernandez Reynosa
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 884/2019-VI-B del índice de este juzgado, y remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja laboral 174/2019 de su estadística, de la que se advierte que declaró infundado el citado medio de impugnación por la parte quejosa, y confirmó el auto recurrido en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, acúsese recibo al tribunal mencionado; agréguense a los autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del citado expediente, así como el oficio de cuenta. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. .
- Principal
Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Luis José Lárraga Piñones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de veintitrés de agosto del presente año, que desechó la demanda de amparo. Asimismo, ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene. Por tanto, envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la calificación y en su caso, substanciación del medio de impugnación que se trata, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copias correspondientes, mientras tanto, fórmese cuaderno de antecedentes para que supla el juicio de amparo en lo que dura su tramitación.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo formulada por Eva Hernández Reynosa, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Tampico, Tamaulipas y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 884/2019-VI-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. ***** Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD , se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: ? La omisión de radicar la demanda promovida por la inconforme contra Construcciones Seryman, sociedad anónima de capital variable y otros; de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y la falta de notificación a las partes actora y demanda, todo ello en el expediente laboral ****. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, a su vez en concatenación con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400. Ahora bien, las normas jurídicas de fuente legislativa aludidas en el párrafo anterior, establecen lo siguiente: [.] De lo anterior, se advierte que la última fracción del artículo 61 citado, no establece un motivo concreto de improcedencia, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, ya sea de fuente legislativa o de fuente jurisprudencial -lo que sucede con la fracción X del numeral 107 de la Ley de Amparo y con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400-. *** Del análisis de lo expuesto, tenemos que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose como tal, aquellos que son susceptibles de afectar directa o indirectamente derechos sustantivos, los cuales consisten en los bienes que se identifican con la vida, tales como los patrimoniales que surgen de las relaciones de la familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, entre otros; a diferencia de los denominados adjetivos, que son reglas para obtener del Estado la garantía del goce de aquellos bienes de la vida, pues tales derechos no tienen por sí mismos objeto propio de ejercicio. De ahí que las violaciones procesales no pueden impugnarse vía amparo indirecto, pues depende de que su violación llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y es cuando éstas deben ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio. Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. *** Derivado de la anterior Jurisprudencia, se estableció, como regla general, la notoria improcedencia del juicio de amparo en contra de omisiones para acordar alguna promoción o algún acuerdo que repercuta en la prosecución del juicio de origen, a menos que del contenido de la demanda de amparo, se advirtiera una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el controvertido constitucional sería procedente. *** En tal virtud, queda de manifiesto que el Máximo Tribunal del país, en concreto su Segunda Sala, estableció que se actualiza la excepción referida en párrafos precedentes, esto es, la abierta dilación del procedimiento, cuando transcurran 45 días de calendario, contados desde el fenecimiento del plazo en el que se debió dictar el acto procesal cuya omisión se reclama. En ese orden de ideas, la promovente reclama la omisión de proveer sobre la negativa de llevar a cabo la radicación y de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el expediente laboral ****, de lo cual este juzgado no advierte una dilación en el procedimiento o su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: *** En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Luego, la omisión de que se duele la parte quejosa en el juicio laboral **, no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo pues no existe una dilación de procedimiento. Esto es así, ya que según señala la quejosa en la demanda bajo protesta de decir verdad, presentó la demanda del juicio natural el ocho de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la cual la Junta no ha proveído; sin embargo, al día veintidós siguiente, que fue la fecha de presentación de la demanda de amparo, solamente habían transcurrido doce días naturales, sin contar el plazo de veinticuatro horas previsto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, que tenía la Junta para proveer; por tanto, aun cuando existe la omisión de proveer por parte de la Junta, dicha circunstancia no se puede estimar como una dilación excesiva, pues el lapso transcurrido entre esas fechas, acorde a lo establecido por el Alto Tribunal del país, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo, y por ende, violación al artículo 17 Constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa al quejoso, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de garantías que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Eva Hernández Reynosa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a las personas que señala en el escrito de demanda, dado que se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente asunto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. *** DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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