Eva Hernández Ramírez
Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Eva Hernández Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios. En ese tenor, una vez que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se cuente con la totalidad de las notificaciones correspondientes, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente, córrase traslado con el escrito de cuenta.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 261/2023-C, promovido por Eva Hernández Ramírez, contra actos de la Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda de amparo. Mediante escrito que se presentó el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Eva Hernández Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que en su denominación correcta son los siguientes: Autoridades Responsables Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales Adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, con residencia en Cancún, Quintana Roo. Encargada de la Coordinación de Investigación Territorial Zona 1 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cozumel. Actos Reclamados "IV. - LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. 1) De la FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamo la OMISIÓN en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Conzumel, consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente EVA OLIVO HERNÁNDEZ, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISIÓN en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE EVA OLIVO HERNÁNDEZ, así como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integral, física y psicológica de mi menor hija. 2) De la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamo la OMISIÓN en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Cozumel, consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente EVA OLIVO HERNÁNDEZ, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISIÓN en dirigir y coordinar debidamente la Investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE EVA OLIVO HERNÁNDEZ, así como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integra, física y psicológica de mi menor hija, dado que desde el 17 de agosto del 2022, fecha en que se presentó denuncia por el DELITO DE SUSTRACCIÓN DE LA MENOR DE NOMBRE EVA OLIVO HERNÁNDEZ, cometido por la de nombre WENDY FUENTES, la cual se encuentra radicada en la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con el número único de caso: 0204-2022-36289, la investigación se ha encontrado truncada, dado que no se han realizado los actos necesarios para que mi menor hija regrese SANA Y SALVA a casa, colocando en riesgo su VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA, esto en el entendido que cada minuto que pasa lejos de su madre se pone en riesgo su seguridad psicológica y física, dado que la fiscal adscrita a la carpeta de investigación en la ciudad de Tijuana, a pesar de contar con suficientes datos de pruebas SE HA NEGADO EN REALIZAR EL ESTUDIO PARA JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, se ha negado hacer cualquier acto de investigación argumentando que NO PUEDE HACER NADA, HASTA QUE EL FISCAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO, le responda el exhorto; asimismo, se ha negado en brindar a la suscrita diversa información relacionada con la investigación de los hechos, como lo es: Que nos brindara información del estatus del oficio recordatorio del exhorto dirigido al Ministerio Público encargado en Cancún, Quintana Roo, de fecha 23 de enero de 2023. Se negó en recibirme y en proporcionarme alguna cita, para efecto de que la suscrita pudiera realizar ampliación de mi denuncia, a fin de manifestar que mi menor hija de nombre EVA OLIVO HERNÁNDEZ, mediante el número de teléfono 987 137 4382, el cual refirió pertenece a una amiga de su escuela, durante la llamada mi menor hija argumentó lo siguiente "NO ME DEJAN SALIR DE LA CASA, ME ESTÁN MALTRATADO, ME TIENEN ENCERRADA, QUIERO QUE ME REGRESES A TIJUANA, MAMÁ VEN POR MI, ME ESTÁN HACIENDO DAÑO" a lo que la suscrita se preocupó y le preguntó "¿QUÉ TE ESTÁN HACIENDO? y mi menor hija en llanto me comentó "ME TIENEN ENCERRADA, NO ME DAN BIEN DE COMER, TENGO HAMBRE, CREO QUE YA NO IRÉ A LA ESCUELA, Y EL HERMANO DE WENDY SE DEDICA A LA VENTA DE DROGA, Y LA POLICÍA NO ME AYUDA POR ESO, ¿PUEDES VENIR POR MI MAMÁ? NO SOY FELIZ, QUIERO ESTAR CONTIGO" a lo que yo le comenté asusta "HIJA, BUSCA ALGUIEN, UN POLICÍA O UN SOLDADO DE LA GUARDIA Y DILES QUE TIENES ALERTA AMBER EN TIJUANA, PARA QUE TE AYUDEN A REGRESAR YO AHORITA ME VOY CON EL LICENCIADO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO PARA INFORMARLES LO QUE TE ESTÁN HACIENDO" a lo que mi hija llorando me comento "TENGO MIEDO MAMÁ, QUIERO QUE VENGAS POR MÍ, ELLOS NO ME VAN A AYUDAR". Todo lo antes narrado se lo hice saber al agente del ministerio público encargado del número de caso, sin embargo, sin empatía alguna SE NEGÓ A RECIBIR MI DECLARACIÓN, argumentando que tenía que pedir cita por escrito y si no lo hacía de esa manera NO ME ATENDERÍA; es importante mencionar que la naturaleza de los actos requieren un actuar RÁPIDO Y ACCESIBLE por parte de la autoridad hoy responsable, esto en relación que es la LIBERTAD, INTEGRIDAD Y VIDA DE MI MENOR HIJA las que están en peligro, dado que es VÍCTIMA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES, y de acuerdo a los hechos que argumenta estar viviendo implican que SE ENCUENTRA PRIVADA DE SU LIBERTAD, siendo además VÍCTIMA DE MALOS TRATOS, sin que se le están proveyendo los alimentos y cuidados necesarios que como adolescente merece, siendo las señaladas autoridades antes precisadas responsables de todos esos actos y demás que puedan derivar de los mismos, pues han sido OMISOS EN BRINDAR AUXILIO A MI MENOR HIJA EN TIEMPO Y FORMA. Dicha autoridad se niega a JUDICIALIZAR la carpeta de investigación con número único de caso: 0204-2022-36289, dado que argumenta QUÉ NO EXISTEN SUFICIENTES DATOS DE PRUEBA, cuando dentro de la misma carpeta se encuentran suficientes datos probatorios como lo son actas de entrevistas, diversas documentales y fotografías, que prueban la existencia del hecho y dado que la fiscalía se niega a JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, se coloca en RIESGO LA VIDA DE MI MENOR HIJA, ASÍ COMO SU SALUD FÍSICA Y MENTAL, dado que como mencioné anteriormente mi menor hija está siendo sometida a maltrato excesivo, por lo que la omisión de la fiscalía podría provocar graves daños o hasta la muerte de mi menor hija. 3) Del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO Y/O Y/O FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO y del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO Y/O FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO, reclamo la OMISIÓN en realizar las diligencias encomendadas mediante exhorto por las autoridades responsables señaladas en los incisos 1) y 2), consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente EVA OLIVO HERNÁNDEZ, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre." (sic) Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, segundo párrafo, 6, 17, 19 y 20, apartado A, fracciones I, III, V, VI y IX y 20 apartado B, fracciones I, III, VI y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. El trece de marzo de dos mil veintitrés, se turnó dicha demanda a este Juzgado, por lo que en el auto de esa misma fecha, se admitió a trámite y se registró con el número 261/2023-C, se decretó la suspensión de plano solicitada a fin de salvaguardar los derechos de la menor involucrada, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y sin reconocer el carácter de tercero interesado a alguien, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; en el que se reclama una omisión atribuida a diversas autoridades, entre ellas dos con domicilio en esta ciudad y por haberse presentado dicha demanda en esta ciudad, en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: De las autoridades responsables: Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad; y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales Adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad. La omisión de ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto girado dentro del número único de caso 0204-2022-36289, al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Cozumel, consistentes en la búsqueda y localización de la adolescente EVA OLIVO HERNÁNDEZ, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a la quejosa. Asimismo, la omisión en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la quejosa, en relación con la sustracción de la referida menor. De las autoridades responsables: Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, con residencia en Cancún, Quintana Roo; y, Encargada de la Coordinación de Investigación Territorial Zona 1 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cozumel. La omisión en realizar las diligencias encomendadas mediante el exhorto citado con antelación. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, con residencia en Cancún, Quintana Roo y Encargada de la Coordinación de Investigación Territorial Zona 1 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cozumel, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los mismos, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, máxime que de las documentales que adjuntaron a su respectivo informe, se advierten las actuaciones que realizaron en cumplimiento al exhorto girado dentro del número único de caso 0204-2022-36289; documentales que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales Adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad, no obstante de que lo hayan negado al rendir su respectivo informe justificado; sin embargo dicha existencia se advierte de sus propias manifestaciones y de las copias certificadas que anexaron a los mismos, documentales que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad; valoración robustecida en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados en relación al consistente en: La omisión de las responsables de ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto dentro del número único de caso 0204-2022-36289, al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Cozumel, consistentes en la búsqueda y localización de la adolescente EVA OLIVO HERNÁNDEZ, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Quien resuelve advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese contexto, de las constancias enviadas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujeres por Razón de Genero de esta ciudad, se desprende que si bien gestionó oficio recordatorio a la Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género en esta ciudad, para recabar las constancias relativas al exhorto de que se trata, esto, el catorce de enero de este año, no fue sino hasta el trece de marzo del año en curso (posterior a la presentación de la demanda) que dio continuidad al estatus que guardaba el recordatorio referido. Siendo hasta el cinco de abril de dos mil veintitrés, que en razón de ello, la Fiscal Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género, con residencia en esta ciudad, le envió a la Coordinadora de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, de esta ciudad, las actuaciones que integran la carpeta de investigación 0204-2022-36289, en vía de exhorto diligenciado que fue allegado mediante oficio FGE/QR/RM/VFAI/03/622/2023, el treinta de marzo de este año, por parte del Vice Fiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, esto, a efecto de que continúe con la integración de dicha carpeta y en su oportunidad determine lo conducente; documentales previamente valoradas, de las cuales se advierte que en cumplimiento a lo solicitado en la comunicación oficial referida, fue tomada declaración a la menor de iniciales E.O.H., quien fue asistida por la psicóloga Diana Ingrid Chávez Zarate, el quince de junio de dos mil veintidós, dejándose ésta bajo resguardo y cuidado directo de Wendy Marilyn Fuentes, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, por autorización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante circular CJ-2772/2019; de igual forma se informó la imposibilidad legal para dejar a la menor en resguardo en el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF). Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la omisión de ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto girado dentro del número único de caso 0204-2022-36289, al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Cozumel, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo (diez de marzo de dos mil veintitrés), las autoridades responsables gestionaron y obtuvieron las constancias relativas a las diligencias encomendadas mediante el exhorto girado en el número único de caso 0204-2022-36289 y la autoridad responsable con residencia en Cozumel, Quintana Roo, las allegó en cumplimiento al recordatorio realizado; entonces, el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva, ya que dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia en relación con el acto de reclamo materia de estudio, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 2. Ahora, en relación al diverso acto de reclamo consistente en la omisión de dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la quejosa ante la autoridad responsable, derivado de la sustracción de la referida menor, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del código Nacional de procedimientos Penales; dispositivos que en lo conducente establecen: Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, el artículo 20 Constitucional señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito (en su carácter de madre de la menor) que en el caso así se ostenta la promovente, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previenen: "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso se reclama, en esencia, la omisión de dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la quejosa ante la autoridad responsable, derivado de la sustracción de la referida menor, es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Tales consideraciones fueron ya dilucidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, en las que se adoptó y justificó un criterio similar, y las cuales dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) visible en la página 945 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, de la Décima Época, con registro digital 2017641, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como a la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 943 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." A cuyas consideraciones se remite este Juzgado, a fin de evitar repeticiones innecesarias. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en relación al acto reclamado materia de este apartado Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eva Hernández Ramírez, en contra de las autoridades responsables y por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de diecinueve de julio anterior, por el que se desechó la ampliación de demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que el dieciocho de julio del año en curso, se llevó a cabo la ratificación del escrito con folio 9373, presentado por la parte quejosa en doce de julio del año en curso, en el que se advierte que pretende ampliar su demanda de amparo. En tal virtud, cabe precisar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda reclamó lo siguiente: "1) De la FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamo la OMISIÓN en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Conzumel, consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISIÓN en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE ********************, así como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integral, física y psicológica de mi menor hija. 2) De la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZON DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamo la OMISION en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Conzumel, consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISIÓN en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE ********************, así como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integral, física y psicológica de mi menor hija, dado que desde el 17 de agosto del 2022, fecha en que se presentó denuncia por el DELITO DE SUSTRACCIÓN DE LA MENOR DE NOMBRE ********************, cometido por la de nombre ********************, la cual se encuentra radicada en la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con el número único de caso: ********************, la investigación se ha encontrado truncada, dado que no se han realizado los actos necesarios para que mi menor hija regrese SANA Y SALVA a casa, colocando en riesgo su VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA, esto en el entendido que cada minuto que pasa lejos de su madre se pone en riesgo su seguridad psicológica y física, dado que la fiscal adscrita a la carpeta de investigación en la ciudad de Tijuana, a pesar de contar con suficientes datos de pruebas SE HA NEGADO EN REALIZAR EL ESTUDIO PARA JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, se ha negado hacer cualquier acto de investigación argumentando que NO PUEDE HACER NADA, HASTA QUE EL FISCAL DE CANCÚN QUINTANA ROO, le responda el exhorto; asimismo, se ha negado en brindar a la suscrita diversa información relacionada con la investigación de los hechos, como lo es: 1. Que nos brindara información del estatus del oficio recordatorio del exhorto dirigido al Ministerio Público encargado en Cancún, Quintana Roo, de fecha 23 de enero del 2023. 2. Se negó en recibirme y en proporcionarme alguna cita, para efecto de que la suscrita pudiera realizar ampliación de mi denuncia, a fin de manifestar que mi menor hija de nombre ******************** mediante el número de teléfono ********************, el cual refirió pertenece a una amiga de su escuela, durante la llamada mi menor hija argumentó lo siguiente "NO ME DEJAN SALIR DE LA CASA, ME ESTAN MALTRATANDO, ME TIENEN ENCERRADA, QUIERO QUE ME REGRESES A TIJUANA, MAMÁ VEN POR MI, ME ESTA HACIENDO DAÑO" a lo que la suscrita se preocupó y le preguntó "¿QUÉ TE ESTÁN HACIENDO? y mi menor hija en llanto me comentó "ME TIENEN ENCERRADA, NO ME DAN BIEN DE COMER, TENGO HAMBRE, CREO QUE YA NO IRÉ A LA ESCUELA, Y EL HERMANO DE ********************SE DEDICA A LA VENTA DE DROGA, Y LA POLICÍA NO ME AYUDA POR ESO, ¿PUEDES VENIR POR MI MAMÁ? NO SOY FELIZ, QUIERO ESTAR CONTIGO" a lo que yo le comenté asustada "HIJA, BUSCA ALGUIEN, UN POLICÍA O UN SOLDADO DE LA GUARDIA Y DILES QUE TIENES ALERTA AMBER EN TIJUANA, PARA QUE TE AYUDEN A REGRESAR, YO AHORITA ME VOY CON EL LICENCIADO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO, PARA INFORMARLES LO QUE TE ESTÁN HACIENDO" a lo que mi hija llorando me comento "TENGO MIEDO MAMÁ, QUIERO QUE VENGAS POR MI, ELLOS NO ME VAN AYUDAR." Todo lo antes narrado se lo hice saber al agente del ministerio público encargado del número de caso, sin embargo sin empatía alguna SE NEGÓ A RECIBIR MI DECLARACIÓN, argumentando que tenía que pedir cita por escrito y si no lo hacía de esa manera NO ME ATENDERÍA; es importante mencionar que la naturaleza de los actos requieren un actuar RÁPIDO Y ACCESIBLE por parte de la autoridad hoy responsable, esto en relación que es la LIBERTAD, INTEGRIDAD Y VIDA DE MI MENOR HIJA las que están en peligro, dado que es VÍCTIMA DE SUSTRACCION DE MENORES, y de acuerdo a los hechos que argumenta estar viviendo implican que SE ENCUENTRA PRIVADA DE SU LIBERTAD, siendo además VÍCTIMA DE MALOS TRATOS, sin que se le están proveyendo los alimentos y cuidados necesarios que como adolescente merece, siendo las señaladas autoridades antes precisadas responsables de todos esos actos y demás que puedan derivar de los mismos, pues han sido OMISOS EN BRINDAR AUXILIO A MI MENOR HIJA EN TIEMPO Y FORMA. Dicha autoridad se niega a JUDICIALIZAR la carpeta de investigación con número único de caso: ********************, dado que argumenta QUE NO EXISTEN SUFICIENTES DATOS DE PRUEBA, cuando dentro de la misma carpeta se encuentran suficientes datos probatorios como lo son actas de entrevistas, diversas documentales y fotografías, que prueban la existencia del hecho y dado que la fiscalía se niega en JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, se coloca en RIESGO LA VIDA DE MI MENOR HIJA, ASÍ COMO SU SALUD FÍSICA Y MENTAL, dado que como mencioné anteriormente mi menor hija está siendo sometida a maltrato excesivo, por lo que la omisión de la fiscalía podría provocar graves daños o hasta la muerte de mi menor hija. 3) Del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO Y/O Y/O FISCAL DE MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GENERO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO Y del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO Y/O FISCAL DE MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GENERO EN LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO, reclamo la OMISIÓN en realizar las diligencias encomendadas mediante exhorto por las autoridades responsables señaladas en los incisos 1) y 2), consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre." (sic) Ahora, del escrito presentado el doce de julio del año en curso y ratificado el dieciocho de julio anterior, se advierte que reclama lo siguiente: 1) De la FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZON DE GÉNERO, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamó la OMISIÓN en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Conzumel, consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISIÓN en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE ********************, así como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integral, física y psicológica de mi menor hija. Siendo relevante mencionar que mediante oficio de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintitrés, se le requirió a la autoridad responsable, los siguientes puntos: 1. Búsqueda y localización de la adolescente ********************, de 16 años de edad. 2. Recabar declaración de ********************, de 16 años de edad. 3. RESGUARDAR A LA REFERIDA ADOLESCENTE EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), QUIEN SOLO PODRÁ SER ENTREGADO A SUS PADRES, PREVIOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. Sin embargo, la hoy autoridad responsable, NUNCA RESGUARDO A LA MENOR EN EL DIF, para que UN PADRE previo tramite pudiera solicitar su restitución, dado que la ahora parte tercera interesada alega ser la madre de la menor, PERO NO CONTIENE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR UN JUEZ FAMILIAR, donde se le nombre madre de la menor, además la menor no ha recibido tratamiento psicológico o se le ha realizado un peritaje psicológico para mirar su nivel de afectación sobre los hechos., por lo que la hoy AUTORIDAD COMPETENTENTE, esta siendo omisa en velar por los intereses de la menor y le esta brindando un fuerte valor a la interposición de una demanda familiar SIN QUE EXISTA SENTENCIA DEFINITIVA que la acredite como madre de la menor mucho menos que hayan llamado a juicio a la ahora quejosa con lo anterior se acredita plenamente que se están violando todos los derechos tanto de mi menor hija como de la suscrita. 2) De la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamó la OMISIÓN en ordenar y agotar los medios a su alcance para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún Yo Conzume), consistentes en la búsqueda localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral are Su Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre; asimismo, reclamo de dicha autoridad la OMISION en dirigir y coordinar debidamente la investigación que se sigue derivado de la denuncia que presentó la suscrita ante dicha autoridad, derivado de la SUSTRACCIÓN DE MI HIJA ADOLESCENTE ********************, asi como en realizar las diligencias conducentes para la aplicación de las medidas necesarias para la protección integral, física y psicologica de mi menor hija, Siendo relevante mencionar que mediante oficio de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintitrés, se le requirió a la autoridad responsable, los siguientes puntos: 1. Búsqueda y localización de la adolescente ********************, de 16 años de edad. 2. Recabar declaración de ********************, de 16 años de edad. 3. RESGUARDAR A LA REFERIDA ADOLESCENTE EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), QUIEN SOLO PODRÁ SER ENTREGADO A SUS PADRES, PREVIOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. Sin embargo, la hoy autoridad responsable no realizó los actos necesarios para que le menor sea resguardada en el DIF, siendo que de la contestación al exhorto se desprende que se NUNCA RESGUARDO A LA MENOR EN EL DIF, para que UN PADRE, previo tramite pudiera solicitar su restitución, dado que la ahora parte 3ra interesada alega ser la madre de la menor, PERO NO CONTIENE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, donde se le nombre madre de la menor, además la menor no ha recibido tratamiento psicológico o se le ha realizado un peritaje psicológico para mirar su nivel de afectación sobre los hechos., por lo que la hoy AUTORIDAD COMPETENTENTE, esta siendo omisa en velar por los intereses de la menor y le esta brindando un fuerte valor a la interposición de una demanda familiar SIN QUE EXISTA SENTENCIA DEFINITIVA, que la acredite como madre de la menor. Dicha autoridad se niega a JUDICIALIZAR la carpeta de investigación con número único de caso: ********************, dado que argumenta QUE NO EXISTEN SUFICIENTES DATOS DE PRUEBA, cuando dentro de la misma carpeta se encuentran suficientes datos probatorios como lo son actas de entrevistas, diversas documentales y fotografías, que prueban la existencia del hecho y dado que la fiscalía se niega en JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, se coloca en RIESGO LA VIDA DE MI MENOR HIJA, ASI COMO SU SALUD FÍSICA Y MENTAL, dado que como mencioné anteriormente mi menor hija esta siendo sometida a maltrato excesivo, por lo que la omisión de la fiscalía podría provocar graves daños o hasta la muerte de mi menor hija. 3) Del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO Y/O Y/O FISCAL DE MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GENERO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO y del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO Y/O FISCAL DE MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GÉNERO, EN LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO, reclamo la OMISIÓN en realizar las diligencias encomendadas mediante exhorto por las autoridades responsables señaladas en los incisos 1) y 2), consistentes en la búsqueda y localización de mi hija adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a su suscrita madre. Siendo relevante mencionar que mediante oficio de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintitrés, se le requirió a la autoridad responsable, los siguientes puntos: 1. Búsqueda y localización de la adolescente ********************, de 16 años de edad. 2. Recabar declaración de ********************, de 16 años de edad. 3. RESGUARDAR A LA REFERIDA ADOLESCENTE EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), QUIEN SOLO PODRÁ SER ENTREGADO A SUS PADRES, PREVIOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. Sin embargo, la hoy autoridad responsable, NUNCA RESGUARDO A LA MENOR EN EL DIF, para que UN PADRE, previo tramite pudiera solicitar su restitución, dado que la ahora parte 3ra interesada alega ser la madre de la menor, PERO NO CONTIENE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, donde se le nombre madre de la menor, además la menor no ha recibido tratamiento psicológico o se le ha realizado un peritaje psicológico para mirar su nivel de afectación sobre los hechos., por lo que la hoy AUTORIDAD COMPETENTENTE, está siendo omisa en velar por los intereses de la menor y le está brindando un fuerte valor a la interposición de una demanda familiar SIN QUE EXISTA SENTENCIA DEFINITIVA, que la acredite como madre de la menor." De lo anterior queda evidenciado que el acto reclamado en el escrito de ampliación en esencia combate los mismos actos reclamados en el escrito inicial de demanda, esto es respecto a la solicitud de las diligencias ordenadas en el exhorto para la localización de la adolescente ********************, recabar su declaración y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a la quejosa, lo que como se insiste fue materia de reclamó en su escrito inicial de demanda "la omisión de ordenar y agotar los medios para obtener de manera pronta las diligencias encomendadas mediante exhorto al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y/o Cozumel, consistentes en la búsqueda y localización de la adolescente ********************, y resguardarla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de que sea entregada a la quejosa." De igual manera no pasa desapercibida su manifestación tendente a considerar que la autoridad exhortada no cumplió con lo solicitado en la comunicación que le fue enviada, porque refiere no se puso a disposición del DIF a la menor, a fin de que fuera restituida al seno familiar; sin embargo, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad exhortada sí localizó a la menor y tomó su declaración, siendo un diverso juicio ordinario civil de contradicción de maternidad y reconocimiento de paternidad número ********************, del índice del Juzgad Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, el que impidió que la autoridad exhortada procediera en los términos que refiere la quejosa. Por tal motivo, de considerar que las actuaciones derivadas del juicio antes referido le causan agravio, éstas no pueden ser materia de ampliación, tomando en cuenta que el acto inicialmente reclamado, derivada de un diverso asunto; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desecha la ampliación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Asimismo, la tesis VI.2o.C.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. LA VINCULACIÓN O RELACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL ACTO QUE EN ÉSTA SE RECLAME CON EL IMPUGNADO ORIGINALMENTE, NO BASTA PARA SU PROCEDENCIA. Aunque el acto en la ampliación de demanda se encuentre vinculado, o guarde relación inmediata y directa con el reclamado originalmente, ello no basta para estimar procedente dicha ampliación, sino que es necesario, de acuerdo a las reglas establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLI/99, visible en la página 209, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.", que del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, porque de no ser así la ampliación de la demanda es improcedente." Ahora, a efecto de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de imponerse del presente proveído y en su caso manifestar lo que su interés legal convenga, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas del veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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