Eva Guadalupe Ruelas Alcántar
Expediente 1303/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/10/2017
Partes del expediente
- Eva Guadalupe Ruelas Alcántar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
expídasele copia simple de todo lo actuado, previa razón que por su recibo al momento de hacer entrega de las mismas.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído, el informe justificado rendido por la autoridad responsable toda vez que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Glósense los oficios devueltos por el Actuario Judicial de la adscripción, con el razonamiento de que no existen en esta ciudad, las autoridades señaladas como responsables, se declaran inexistentes. dese cuenta en la audiencia incidental con los informes previos.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil diecisiete, se notifica por medio de lista la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, que dice: ". Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como corresponda los informes justificados rendidos por el Juez Octavo de lo Penal de Primera Instancia, Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona y el Director Jurídico en Materia de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, todos con sede en esta ciudad. Ahora, de lo informado por la autoridad responsable Juez Octavo Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, se advierte se surte una causal de improcedencia indudable y manifiesta, en virtud de un cambio de situación jurídica. A efecto de corroborar la operatividad del aserto anterior, en primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" El texto del precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En torno a la causal de improcedencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Del criterio anterior, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige, que para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, en el caso sometido a estudio, la quejosa Eva Guadalupe Ruelas Alcantar, reclama en lo sustancial, la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Octavo de lo Penal, con sede en esta ciudad. Luego, de lo informado por el Juez Octavo Penal de Primera Instancia, con sede en esta, se advierte que dentro de los autos de la causa penal 766/2013, de su índice, en fecha trece de junio de dos mil catorce, se giró orden de aprehensión en contra de la promovente de amparo, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daño en propiedad ajena por culpa y lesiones por culpa, quien se presentó voluntariamente a declarar el quince de septiembre de dos mil quince, recabándose su declaración preparatoria, y dentro de la ampliación de término constitucional, se dictó auto de formal prisión el veintiuno de septiembre de dos mil quince; asimismo, manifiesta que el proceso penal de referencia se siguió en todas sus etapas, cerrándose instrucción el treinta de mayo de dos mil diecisiete y el veintiocho de septiembre pasado, se celebró la audiencia de vista. En virtud de lo anteriormente expuesto, se obtiene que operó un cambio de situación jurídica, de modo tal que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en el caso, la orden de aprehensión decretada en contra de la amparista, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo. Se arriba a la anterior conclusión, en atención a que se pone de manifiesto, que la libertad de la impetrante, que en esta instancia constitucional reclama, se constriñe a un acto diverso de la orden de aprehensión reclamada, lo cual ha generado una situación en la que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, lo que conlleva necesariamente a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del juicio, ya que de manera alguna se puede desvirtuar el sentido del fallo que en su caso llegare a dictarse, dada la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en la fracción XVII, del ordinal antes invocado, en relación con el 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número I.7º.O. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Además, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 95/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza de la siguiente manera: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Sin que lo anterior implique violación alguna a los derechos del impetrante, pues los preceptos que rigen el juicio de amparo no condicionan a que deba decretarse el sobreseimiento solamente en la audiencia constitucional, ya que para dictarlo sólo se condiciona a que se actualice alguna causa notoria y manifiesta de improcedencia, lo cual implica que el motivo debe ser tan claro que emerja sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, pues de esperar a que llegue la fecha de la audiencia resultaría incongruente con los principios que rigen el juicio de amparo, como son los de economía procesal, de interés público y general del proceso, y de impulsión oficiosa del mismo, ya que se trata de cumplir con lo dispuesto en el numeral 17 Constitucional, al que todo juzgador se encuentra obligado a acatar. Robustecen los anteriores argumentos, la tesis de jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Asimismo, no se opone a la determinación adoptada que no se haya dado vista a la parte quejosa con el contenido del informe justificado del Juzgado Octavo de lo Penal, con sede en esta ciudad, con el que se actualizó la causa de improcedencia en estudio; pues como ya se dijo de manera alguna podría desvirtuarse la imposibilidad jurídica de procedencia advertida. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VII.1o. J/2 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que al rubro expresa: "ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL." Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se decreta el sobreseimiento dictado, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." Consecuentemente, atento a lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada en el auto de veintiséis de septiembre del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, así como las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Finalmente, glósense a los presentes autos sin mayor proveído, los oficios devueltos por el Actuario Judicial de la adscripción, con el razonamiento de que no existen en esta ciudad, las autoridades señaladas como responsables denominadas Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Receptora, con residencia en la Zona Centro, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Receptora, con residencia en el Sector Oriente, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos de Robos y Seguridad Social y Director de Policía y Tránsito Municipal, en virtud de lo acordado en párrafos anteriores; asimismo, en lo subsecuente, omítase el envío de oficios a las mismas." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.
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