Eva Guadalupe Bustos Garrido

Expediente 338/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
338/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Eva Guadalupe Bustos Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de primero de junio de dos mil quince, se ordenó reservar el comunicado telegráfico remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobierno, mediante el cual pretende rendir informe previo; por tanto, glósese el expedientillo al cuaderno de antecedentes, así como dicha promoción sin mayor proveído, en razón de que mediante auto de seis de noviembre de dos mil catorce, se remitieron la totalidad de los autos al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Finalmente, ordénese la devolución del presente asunto al encargado del archivo de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en los siguientes términos: "(.) Atendiendo a las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia a ********************, y en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, se fijan sus efectos para que la autoridad Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente sentencia de amparo, proceda de inmediato a realizar todos aquéllos actos necesarios a fin de que se de cumplimiento al laudo ejecutoriado, dictado dentro de los autos del juicio laboral ********************, salvo que exista algún impedimento no atribuible a la misma.". No obstante lo anterior, considerando que cualquier autoridad que por el ejercicio de sus facultades y atribuciones deba tener intervención en el cumplimiento de esta ejecutoria, está obligada a emitir los actos inherentes, aun cuando no haya intervenido en este juicio de amparo como autoridad responsable, es por lo que se estima procedente vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la: Congreso del Estado de Jalisco. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192, 194, 195 de la Ley de Amparo se les requiere para que, acorde a lo señalado dentro de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, ya transcritos dentro del presente proveído y dentro de las facultades constitucionales, den cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el expediente ********************, y en el ámbito de su competencia, acrediten lo relativo al o los procedimientos de suspensión de cargo a los munícipes demandados en el juicio laboral de origen; lo anterior, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada y dado el tiempo transcurrido y los múltiples requerimientos efectuados por la responsable, se les impondrá a cada uno multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 144, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo, requiérase a la Diputada Ángela Gómez Ponce, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, en su carácter de encargada de llevar a cabo dicha gestión, para que realice todas las gestiones conducentes, recaben las pruebas correspondientes a fin de resolver dicho procedimiento y le notifique al trabajador aquí quejoso a fin de que pueda comparecer y, finalmente, informe a este Juzgado de Distrito, lo anterior dentro del término de tres días, y remita copias certificadas de lo anterior, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 193, en relación al diverso numeral 258, todos de la Ley de Amparo. Dado que dar trámite al procedimiento de suspensión de cargo a un titular del Ayuntamiento demandado no constituye un acto discrecional y soberano como lo afirma la citada autoridad responsable, siendo susceptible de someterse al escrutinio constitucional, respetando las garantías constitucionales de debido proceso y formalidades esenciales del procedimiento, como lo es la garantía de audiencia a la parte interesada, esto es al trabajador quejoso. Apoya lo anterior la tesis con número de registro digital: 2017022, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común, Tesis: a. XLIV/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1696, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. CON INDEPENDENCIA DE SU DENOMINACIÓN EN SU TRAMITACIÓN DEBE RESPETARSE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. En diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sostenido que por procedimiento administrativo se entiende a aquella secuencia de actos realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado, y que tienen tal carácter los actos: i) instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; ii) que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, iii) que importan cuestión entre partes sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa, estos últimos también llamados "procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio". Ahora bien, con independencia de la denominación o finalidad que las leyes les otorguen, se tiene el principio general de que en todo procedimiento administrativo debe respetarse el derecho de audiencia previo al dictado de la resolución con la que éste concluya, lo que ocurre cuando el probable afectado tiene oportunidad de comparecer para rendir pruebas y alegar en su favor en un plazo razonable, a fin de no quedar en estado de indefensión; esto aun cuando la norma correspondiente no aluda expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución." Ilustra al caso la jurisprudencia con registro digital: 2005716, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396, que a continuación dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Así como la tesis con Registro digital: 2002500, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXVII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1685: "DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el indicado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Así, cuando la Constitución se refiere al deber de las autoridades de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se contrae a la necesidad de que se colmen los requisitos relativos a: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; sin embargo, no se establece expresa ni tácitamente la manera, los tiempos o plazos en que han de cumplirse esas condiciones; es decir, para la plena satisfacción del derecho de audiencia, basta que la norma secundaria prevea los mecanismos procesales adecuados para que dentro de un procedimiento concreto se dé cabida a los aspectos mencionados, sin que para ello sea condición ineludible que existan etapas o momentos procesales independientes entre sí o plazos concretos para cada periodo, dado que esos extremos dependen del diseño legislativo propio de cada procedimiento; luego, el espíritu del artículo 14 constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el legislador ordinario deba ceñirse a un modelo procesal concreto, pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención de someterlo a un esquema procesal específico, sino únicamente al deber de respetar los elementos inherentes al derecho de audiencia." Lo anterior, con la finalidad de velar por el respeto a los derechos humanos, y por el cumplimiento de una sentencia favorable de conformidad con la garantía constitucional prevista en el artículo 17 Constitucional de tutela judicial efectiva, así como con la obligación de defender los derechos de la parte trabajadora en condiciones de igualdad procesal. Da apoyo a lo anterior la tesis con número de registro digital: 2018777, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. CCCXLVI/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 376, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES. El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido."

  3. Principal

    SE TIENE A LA AUTORIDAD QUE SE INDICA INFORMANDO LAS GESTIONES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, UNICAMENTE AGREGUESE EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE JUZGADO ESTÁ EN ESPERA DEL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA EJECUTORIA.

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