Eva García Osorio

Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
350/2018
Año
2018
Actuaciones
33
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Eva García Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 16 DE ENERO DE 2019, QUE DICE: Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa .., mediante el cual exhibe ocho copias de la demanda de amparo; atento a lo anterior, dígase a la promovente que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgador declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y el diez de enero actual, se tuvo conocimiento que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto.

  2. Principal

    Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, e informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido,

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS...EL CONTENIDO DEL AUTO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE DICE: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa ****, reclama de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral ****, de su índice, en el que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio, interpuesto por ****. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito, permite al suscrito estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, surtiéndose por razón de grado a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 107, fracción III, inciso a), Constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;...". Por su parte, los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.)". Bajo esa óptica, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral ****, del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio, interpuesto por ****. Determinación que, dentro de la narrativa plasmada por la quejosa en los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, señaló lo siguiente: ".La resolución reclamada es violatoria de mis derechos humanos atinentes a la seguridad jurídica, establecida ésta por mandato Constitucional contenido en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna; lo anterior, habida cuenta de que, basta una lectura somera para advertir que la resolución reclamada, de fecha 16 de Enero de 2018, dictada en el expediente laboral *****, en la cual se declara procedente la tercería excluyente de dominio que hizo valer el ahora tercero interesado, ******, carece totalmente de los elementos necesarios para considerarla como una resolución debidamente fundada y motivada.", lo que se evidencia que se ha emitido la resolución correspondiente en ese juicio. Sobre ese tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 126/2005, concluyó que la sentencia que resuelve la tercería excluyente de dominio, como es la reclamada por la parte quejosa, es impugnable en amparo directo. La jurisprudencia en cita es del tenor siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la fora procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." (Novena Época, Registro: 176797, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Laboral, Página: 952). Consecuentemente, en este asunto se actualiza la hipótesis contenida en la jurisprudencia invocada, ya que se trata de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo, esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, dado que se trata de una resolución que puso fin a la tercería excluyente de dominio de que se trata, la cual formal y materialmente, tiene la naturaleza de juicio y, por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende la promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.97 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2229 y Registro: 2011118, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por *****. Por ello, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, estimando que la competencia se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que provea lo conducente; por tanto, se ordena remitir todos los autos del presente juicio de amparo al órgano federal de referencia, a fin de que decida si asume o no el conocimiento del presente asunto, solicitándole de manera atenta, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional obre su determinación al respecto; fórmese cuaderno de antecedentes. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y la fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes para los fines legales consiguientes.

  4. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. AVISO. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. DICHO AUTO DICE: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa ****, reclama de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral ****, de su índice, en el que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio, interpuesto por ****. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito, permite al suscrito estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, surtiéndose por razón de grado a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 107, fracción III, inciso a), Constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;...". Por su parte, los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.)". Bajo esa óptica, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral ****, del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio, interpuesto por ****. Determinación que, dentro de la narrativa plasmada por la quejosa en los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, señaló lo siguiente: ".La resolución reclamada es violatoria de mis derechos humanos atinentes a la seguridad jurídica, establecida ésta por mandato Constitucional contenido en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna; lo anterior, habida cuenta de que, basta una lectura somera para advertir que la resolución reclamada, de fecha 16 de Enero de 2018, dictada en el expediente laboral *****, en la cual se declara procedente la tercería excluyente de dominio que hizo valer el ahora tercero interesado, ******, carece totalmente de los elementos necesarios para considerarla como una resolución debidamente fundada y motivada.", lo que se evidencia que se ha emitido la resolución correspondiente en ese juicio. Sobre ese tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 126/2005, concluyó que la sentencia que resuelve la tercería excluyente de dominio, como es la reclamada por la parte quejosa, es impugnable en amparo directo. La jurisprudencia en cita es del tenor siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la fora procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." (Novena Época, Registro: 176797, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Laboral, Página: 952). Consecuentemente, en este asunto se actualiza la hipótesis contenida en la jurisprudencia invocada, ya que se trata de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo, esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, dado que se trata de una resolución que puso fin a la tercería excluyente de dominio de que se trata, la cual formal y materialmente, tiene la naturaleza de juicio y, por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende la promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.97 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2229 y Registro: 2011118, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por *****. Por ello, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, estimando que la competencia se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que provea lo conducente; por tanto, se ordena remitir todos los autos del presente juicio de amparo al órgano federal de referencia, a fin de que decida si asume o no el conocimiento del presente asunto, solicitándole de manera atenta, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional obre su determinación al respecto; fórmese cuaderno de antecedentes. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y la fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes para los fines legales consiguientes.

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