EVA GARCIA GOMEZ y Otros.

Expediente 604/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
604/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • EVA GARCIA GOMEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA Único. Se sobresee en el juicio en términos del último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    MESA I Toda vez que para hoy está programada la audiencia constitucional, y que en proveído de dieciocho de junio del actual, se instruyó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de los Pueblos Indígenas en Oaxaca. Aspecto que indefectiblemente evidencia que no media el plazo previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación que antecede. Por ese motivo, se difiere la citada audiencia, y se fijan las trece horas con catorce minutos del seis de julio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario [Novena Época, registro: 191995, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Común, página: 5]. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de los Pueblos Indígenas en Oaxaca;-previa certificación de la hora y fecha de su recepción en atención a que se recibió vía correo electrónico-; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. En términos del numeral 9°de la ley de la materia, en relación con los principios generales del derecho iura novit curia (el tribunal es el que conoce el derecho) y da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos, que yo te daré el derecho) y, el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para salvaguardar una justicia sencilla, pronta, idónea y efectiva, se tiene como delegado de la autoridad responsable, a la persona que menciona como autorizada para recibir notificaciones. Ello, con motivo de que el primer numeral dispone que las autoridades responsables en todo caso podrán acreditar delegados, quienes tendrán la facultad de concurrir a las audiencias para rendir pruebas, alegar, promover e interponer recursos, de ahí que no se tengan como autorizados para oír y recibir notificaciones. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica. No obstante lo anterior, por lo que hace al correo electrónico que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", reformado mediante los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha responsable a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Ahora bien, respecto a la petición de la responsable consistente en que este órgano jurisdiccional requiera a la quejosa "..........""", para el efecto de que acredite la personalidad con la que se ostenta (identidad y pertinencia a la comunidad indígena de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca), dígasele que no ha lugar a ello, toda vez que dado el acto reclamado (omisión de acordar un escrito), no es necesario que la quejosa acredite tal circunstancia. Asimismo, respecto a que se requiera a la parte quejosa para que exhiba el documento que refiere presentó ante la oficina a su cargo; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción IV, de la citada Ley de Amparo, no ha lugar a requerir a la quejosa de mérito, en virtud de que cuando la autoridad responsable niega el acto, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba, de ahí que no sea procedente lo que solicita la citada responsable. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable consistentes en; a) el acuse del memorándum "...........""" de dos de junio de dos mil veintiuno signado por la encargada de enlace de atención ciudadana oficina de representación en Oaxaca y b) copia simple del nombramiento de la oficiante expedido a su favor por el Encargado de la Oficina de Representación del Instituto de los Pueblos Indígenas en Oaxaca de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con dichas documentales. Por otra parte, respecto de que se de vista al Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía General de la Republica, a efecto de que inicie la carpeta de investigación respectiva por la posible comisión del delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial; sobre el particular, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no ha lugar a lo solicitado, en virtud de que su sola manifestación no es suficientes para establecer que el quejoso ha incurrido en algún delito o existan indicios de ellos; por lo que quedan a salvo sus derechos, para que si lo considera pertinente, los haga valer en la vía y ante las autoridad competentes. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 13/2017 (10ª.) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. [Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Agosto de 2017, Materia Común, página 5, con número de registro digital: 2014917.] Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar, se tiene a la precitada autoridad proporcionando los números de los diversos juicios de amparo que se han promovido en contra del mismo acto y la misma autoridad; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que se refieren a juicios de amparo promovidos por diversos quejosos. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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