Eva Evencia Medina Brito
Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eva Evencia Medina Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo: 616/2023 Parte quejosa: Eva Evencia Medina Brito Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Rosa María Luna Mercado S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 616/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Eva Evencia Medina Brito, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1. Delegado (a) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de Morelos; con domicilio en (.) 2. Director (a) General de la Clínica 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Morelos; con domicilio (.) 3. Subdirector (a) Médico (a) de la Clínica 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Morelos; con domicilio (.) 4. Jefe o encargado del Área de Urgencias de la Clínica 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Morelos; con domicilio (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: La violación a mis derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 constitucionales. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, fracción II, 37, 41, 50, 51 y 271 de la Ley General de Salud, en cuanto a la OMISIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, con la realización de los estudios y tratamiento especializado a cargo del IMSS (sic), que solucionen mi problema de salud que está poniendo en peligro mi vida, por la falta de atención y negligencia de estas autoridades. En virtud principalmente a la negativa u omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionarme una atención médica adecuada y digna, de no valorarme minuciosa y correctamente a fin de verificar qué parte de mi pie derecho requiere de intervención quirúrgica en virtud de padecer pie diabético, ya que llevo aproximadamente 20 años padeciendo la enfermedad crónica denominada diabetes, o en su caso justificar con exámenes clínicos o con los estudios médicos correspondientes por qué no requiero de intervención quirúrgica. Dicho acto negativo compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, consagrados en nuestra carta magna. 2. Preceptos constitucionales que estimó violados. Los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión y trámite del juicio. Por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda, pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, además, concedió la suspensión de plano a la quejosa respecto de los actos reclamados e hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; no advirtió la existencia de un tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad surgiera alguno; señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el seis de junio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a dictar la resolución respectiva. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado consiste en actos omisivos de los cuales previno este juzgado de distrito, que fueron atribuidos a diversas autoridades que tienen residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, entre otras. II. Fijación del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada. [2] Encargado de la Dirección del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos. [3] Subdirector Médico del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos. [4] Jefe del servicio de urgencias del Hospital General Regional con medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos. Todos del Instituto Mexicano del Seguro Social -en su denominación correcta- a) La omisión de proporcionar la atención médica general y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra la quejosa Eva Evencia Medina Brito, al ser derechohabiente con número de seguridad social 1592743977-6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos. b) La omisión de proporcionar a la quejosa atención médica especializada, esto es, que sea valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requiere cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece denominada diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado marcado con el inciso a), de las autoridades responsables [1] Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, [2] Encargado de la Dirección del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, [3] Subdirector Médico del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos y [4] Jefe del servicio de urgencias del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, además de que así lo manifestaron en su informe justificado, ello también se advierte de autos, de los que se desprende que han brindado atención médica general, como se explica a continuación. Lo anterior es así, porque las tres últimas autoridades remitieron constancias del expediente clínico de la quejosa, de las que se advierte que de forma previa a la promoción del juicio de amparo -diez de mayo de dos mil veintitrés-, brindaron atención médica a la parte quejosa, tal como se advierte de las siguientes documentales: 1.- Nota médica inicial de urgencias1, en la que consta la fecha y hora de llegada de la quejosa al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, el ocho de mayo de dos mil veintitrés a las quince horas con cuarenta y seis minutos, en la que se hizo constar que el motivo de la atención fue fiebre y salida de líquido purulento de su pie derecho, además, se observa que le hicieron un interrogatorio, exploración física, le dieron un diagnóstico así como su respectivo tratamiento, firmando un médico de base. 2. Carta de consentimiento informado para ingresar al servicio de urgencias de nueve de mayo de dos mil veintitrés2, en la que la parte quejosa expresó su libre voluntad para autorizar su ingreso al servicio de urgencias, después de habérsele proporcionado la información completa sobre su enfermedad y estado actual, la cual fue realizada de forma amplia, precisa y suficiente en un lenguaje claro y sencillo, informándole sobre los beneficios y posibles riesgos de dicha estancia en urgencias, así como las complicaciones y secuelas, derivadas de los auxiliares de diagnóstico requeridos y de la terapéutica propuesta para las enfermedades que motivaron el ingreso respectivo, misma que fue signada por la hija de la quejosa, dos testigos y el médico tratante Andrés Bahena Manzano. 3. Hoja de solicitud de servicios de nueve de mayo de dos mil veintitrés3, en la que se solicitó por parte del médico Andrés Bahena Manzano, que la quejosa fuera atendida por el área de cirugía general a efecto de normar la conducta a seguir. 4. Nota médica de nueve de mayo de dos mil veintitrés4, en la que se asentó la evolución de la paciente en el turno matutino, se estableció un diagnóstico -diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones múltiples-, se señaló la dieta que debía seguir y los medicamentos que se le debían suministrar, emitida por el médico Ricardo Pérez Coria. 1 Foja 89 del cuaderno principal. 2 Foja 123 del cuaderno principal. 3 Foja 93 del juicio de amparo indirecto. 4 Foja 102 ídem. 5. Nota médica de nueve de mayo de dos mil veintitrés,5 en la que se asentó la evolución de la paciente en el turno vespertino, se estableció un diagnóstico -diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas-, en la que se señaló que la paciente se mantenía bajo terapia antimicrobiana y solicitó valoración por cirugía general, emitida por el médico tratante Sergio Alfonso Zárate Guerrero. 6. Nota médica de ingreso a urgencias de la quejosa de nueve de mayo de dos mil veintitrés6, en la que se asentaron antecedentes no patológicos, patológicos, el padecimiento que tenía, diagnóstico y el estado grave en que se encontraba la solicitante de amparo, signado por el médico Andrés Bahena Manzano. 7. Resultados de laboratorios de hematología, uroanálisis, química clínica, todos de nueve de mayo de dos mil veintitrés, a nombre de la aquí quejosa. 8. Nota médica de nueve de mayo de dos mil veintitrés7, en la que se hicieron constar las indicaciones para el ingreso de la quejosa al área de urgencias, esto es, se señalaron los medicamentos que debería tomar, los exámenes y laboratorios a realizar, que se valorara por cirugía general, así como el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad, lo anterior, signado por el médico Andrés Bahena Manzano. Documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las cuales se desprende que las autoridades responsables demostraron que de forma previa a la instauración del juicio de amparo, brindaron atención médica general a la solicitante de amparo, respecto de la enfermedad consistente en diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas que padece la quejosa, dado que esta última se presentó 5 Foja 101 ídem. 6 Foja 103 ídem. 7 Foja 124 ídem. en el área de urgencias del hospital responsable el ocho de mayo de dos mil veintitrés, y fue atendida por diversos médicos e incluso fue hospitalizada, además, en su estadía en el área de urgencias se le suministraron los medicamentos y se le realizaron los estudios que los médicos indicaron, advirtiéndose que previo a instar la demanda de amparo, sí le fue proporcionada la atención médica de manera general, cuya omisión reclama, por tanto, dicho acto reclamado resulta inexistente. Además, lo anterior se encuentra adminiculado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que indicó la quejosa en su escrito inicial de demanda, las cuales se transcriben a continuación: "3.- En razón de lo anterior, y además, que me comencé a sentir mal en virtud de que comencé (sic) a sentir que me desvanecía y muy débil, el día ocho de mayo del dos mil veintitrés, acudí a la Clínica 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Morelos (.), al área de urgencias, para el efecto de que me valoraran los médicos de dicha clínica. Después de varias horas de espera, fui atendida por un médico, quien primeramente me dijo que mi problema no era de gravedad, después, me dijo que siempre si era riesgoso, que me canalizaría con un cirujano, es el caso que ya el día 09 de mayo del 2023 (sic), el cirujano que me valoró por la mañana me dijo que muy probablemente si requería de cirugía, pero que para poder decidir me tenía que valorar un angiólogo. Después por la tarde, llegó otro doctor que se ostentó como cirujano, el cual, sin revisarme minuciosamente el pie, me comentó que yo no tenía nada, que mi problema no ameritaba ni que estuviera en urgencias, mucho menos que se me trasladara al piso correspondiente, que tampoco requería cirugía urgente, y que por consecuencia me daría de alta." 4.- (.) Por último, hago de su conocimiento que el día de hoy 10 de mayo del 2023 (sic), a las 09:00 horas aún me encuentro internada en el área de urgencias, (.)" En ese sentido, se obtiene que las documentales remitidas por las autoridades responsables adminiculadas con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que señaló la quejosa, indican que previo a interponer la demanda de amparo sí recibió atención médica por parte de las responsables, pues, como ya se indicó, la quejosa se presentó en el área de urgencias el ocho de mayo de dos mil veintitrés e ingresó al área de urgencias el nueve de mayo del mismo año y de las notas médicas antes descritas se advierten los tratamientos indicados por los médicos respectivos para combatir la enfermedad que padece -diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas- la cual provocó la infección de la herida de su pie derecho, además, se observa que las notas médicas mencionadas contienen indicaciones a seguir respecto de los medicamentos y antibióticos suministrados a la aquí quejosa en su estadía en el Hospital. Máxime que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas realizadas, la calidad del personal médico que lo realizó, ni lo adecuado de los tratamientos que le fueron proporcionados. Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en autos, se evidencia que de forma posterior al juicio, las autoridades responsables continuaron dando seguimiento al padecimiento de la impetrante de amparo, pues continuó internada en dicho hospital, fue valorada por el área de cirugía general, así como por la especialidad de angiología. En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada -identificada en el inciso a) del considerando II de esta sentencia-, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado marcado con el inciso b), de las autoridades responsables [1] Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, [2] Encargado de la Dirección del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, [3] Subdirector Médico del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos y [4] Jefe del servicio de urgencias del Hospital General Regional con medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su respectivo ámbito competencial, puesto que con independencia de que lo hayan negado al rendir su informe justificado, en este caso, corresponde a dichas autoridades comprobar que a la fecha de la presentación de la demanda brindaron la atención médica especializada a la quejosa, en el sentido de ser valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requería cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece -diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas- ya que la quejosa demostró la necesidad de ser examinada en ese sentido, sin que se advierta que lo hayan hecho. Se afirma lo anterior, ya que a la fecha de presentación de la demanda -diez de mayo de dos mil veintitrés-, la quejosa demostró la necesidad de la atención médica por un especialista en angiología, en razón de la enfermedad que padece -diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas, misma que le provocó una infección en una herida de su pie derecho- lo cual eventualmente podría afectar su derecho fundamental a la salud, poniendo en riesgo su vida. Luego, debe tenerse por existente la omisión reclamada por la parte quejosa, sin desconocer que de autos se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda se le brindó la atención especializada por un médico especialista en angiología para tratar su padecimiento, no obstante, la existencia del acto reclamado debe realizarse conforme a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que a esa data la necesidad de ser atendida por un médico especialista en angiología para tratar la condición clínica que en ese momento existía, sin que a esa fecha la autoridad responsable hubiera demostrado haber brindado dicho tratamiento con anterioridad. Lo anterior, se corrobora con las constancias que fueron allegadas al juicio, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se estiman suficientes para acreditar su existencia al momento de la presentación de la demanda de amparo. V. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que a ello se procede en este apartado. En el caso, en cuanto al acto consistente en la b) la omisión de proporcionar a la quejosa atención médica especializada, esto es, que sea valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requiere cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece denominada diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas, misma que le provocó una infección en una herida de su pie derecho, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.8 Precisamente, la parte quejosa en su demanda reclamó a las autoridades responsables la omisión de ser valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requiere cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece denominada diabetes mellitus, sin que haya sido valorada por el especialista en comento, dado que las autoridades responsables no contaban con dicho servicio en el turno. Sin embargo, para demostrar la cesación de esa omisión en los términos en que fue reclamada, debemos partir de que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se incorporó el derecho humano a la protección de la salud9 en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual, en lo que interesa, establece 8 "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" 9 Véase al respecto lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis 1a. LXV/2008, con registro 169316, visible en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. lo siguiente: Artículo 4º.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.) Así, la protección a la salud es una obligación por parte del Estado que debe atenderse no en sentido abstracto, sino individualmente y que se cumple contando con sistemas de salud a disposición de las personas y que se individualiza siempre que exista una necesidad y, ante ella, una solicitud por parte del gobernado. Ello es así, porque sobre el derecho a la protección de la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección en comento se trata de un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna, el cual, en lo individual, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física-psicológica. Lo anterior está contenido en la tesis 1a. CCLXVII/2016 (10a.), con registro 2013137, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Nótese que, en relación a la protección a la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conceptualizó como la obtención de un determinado bienestar, lo cual, al tratarse de obtener algo, por definición, requiere de presupuestos lógicos que tengan por objeto la búsqueda de ese satisfactor, como puede ser la necesidad que de ello se tenga. Con base en lo anterior, la protección a la salud como disponibilidad de los servicios médicos debe tener un sustento racional, pues atendiendo a la abstracción del significado de esos conceptos por los que se patentiza el derecho a la salud, se requiere acotar los supuestos en los cuales debe responder la autoridad a fin de garantizarlos en cada caso en concreto. En este sentido, cuando se sostenga que existe una omisión por parte del Estado -autoridades de la salud- de proporcionar protección de la salud, este tipo de omisión no debe entenderse en términos materiales, esto es, sólo desde la perspectiva de que la autoridad no haga algo abstracto, sino que la existencia debe ser jurídica, en la medida en que la obligación de actuar garantizando disponibilidad y acceso de atención médica surge por parte de la autoridad cuando exista la necesidad del gobernado de recibirla. En ese contexto, en el caso, como ya se expuso, la quejosa en su demanda reclamó en específico b) la omisión de proporcionar a la quejosa atención médica especializada, esto es, que sea valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requiere cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece denominada diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas, y la necesidad de dicho tratamiento la demostró con las constancias anexas al informe justificado rendido por el [2] Encargado de la Dirección del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, [3] Subdirector Médico del Hospital General Regional con medicina familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos y [4] Jefe del servicio de urgencias del Hospital General Regional con medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que mediante notas médicas de once de mayo de dos mil veintitrés10, se le brindó atención médica a la quejosa respecto de su padecimiento, y se señaló que se continuaba en espera de valoración por servicio de angiología, que no se contaba con dicho servicio en ese turno, por lo que se solicitó apoyo a tercer nivel (siglo XXI) para dicha valoración, entonces se envió solicitud vía correo oficial, en espera de respuesta; además, en la diversa nota médica citada se indicó que se estaba en espera de respuesta del tercer nivel (siglo XXI) para la valoración por angiología por falta de dicho servicio en el turno. Y, si bien se hizo constar que en el respectivo turno no contaban con el servicio de angiología, del examen de las documentales remitidas por las autoridades responsables se advierte que obra la nota médica de doce de mayo de dos mil veintitrés11, en la que la quejosa fue valorada por el médico subespecializado en angiología y cirugía vascular Luis Alberto Rodríguez Castañón, con número de cédula profesional 5179197, en la que se advierte que dicho especialista indicó "no requiere procedimiento de revascularización. Deberá continuar únicamente control de manejo de lecho de la herida por el servicio de cirugía general. Además, se advierten dos notas médicas de trece y catorce de mayo, ambas de dos mil veintitrés12, respectivamente, en la primera se señaló que la paciente -aquí quejosa- durante su internamiento mantuvo el control glucémico y se continuó con curación diaria más impregnación antibiótica, signada por la médico Ivette Mena Quintanar; y, la segunda, indicó que la paciente durante su internamiento mantuvo el control glucémico, que sus cifras de HB tendieron a la baja desde 25.04.2023 HB de 7.3 subiendo hasta la 10 Fojas 94 y 95 del juicio de amparo indirecto. 11 Foja 121 ídem. 12 Fojas 96 y 97 ídem. actual de 8.4 sin hemoderivados, se continuó con curación diaria e impregnación antibiótica, signada por la médico citada. Asimismo, obran las documentales de registros clínicos, esquema terapeútico e intervenciones de enfermería, de nueve al trece de mayo de dos mil veintitrés, en las que consta que la aquí quejosa estuvo internada en el área de urgencias y extensión hospitalaria cirugía general en la cama dos, bajo la dieta, medicamentos y medidas generales que los médicos indicaron. De lo anterior, se desprende que la quejosa [1] fue atendida por un médico especialista en angiología y cirugía vascular, [2] que dicho médico indicó que no requería procedimiento de revascularización por lo que únicamente debía continuar con el control de manejo de lecho de la herida por el servicio de cirugía general y [3] que la quejosa fue atendida por el área de cirugía general en el tiempo que fue hospitalizada, por lo que se le brindó la atención médica especializada cuya omisión reclamó en el presente juicio de amparo, por lo que con tal proceder, cesaron los efectos del acto reclamado. Ello ya que la solicitante de amparo recibió la atención médica especializada por un médico especialista en angiología y cirugía vascular, para atender adecuadamente la herida en su pie derecho ocasionada por la enfermedad diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas que padece la aquí quejosa, valorándola e indicando que requería ser atendida por el área de cirugía general en razón de que no encontró exudado ni fetidez, sin datos de isquemia crítica, señalando que no requería de revascularización, sin que al momento de tales valoraciones la solicitante del amparo se inconformara con el tratamiento médico decidido por el médico citado, ni manifestara una sintomatología diversa a la que se le atendió, que hiciera necesaria una intervención distinta; aunado a que el médico tratante no sugirió una valoración o tratamiento distinto a la intervención médica u hospitalaria que se decidió proporcionar; por lo que en tales términos, ya le fue otorgado un tratamiento médico especializado al padecimiento que presentó, cuya omisión era la materia del reclamo en el presente juicio. Además, con posterioridad a dicho tratamiento no está acreditada una diversa necesidad de la quejosa para inferir que dicha atención medica no era la adecuada y que era necesaria una diversa, puesto que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas que se le realizaron, ni lo adecuado del tratamiento médico que le fue proporcionado, o la calidad del personal médico que lo realizó, máxime que la quejosa no se inconformó en su contra en el presente juicio de amparo. Siendo que esta juzgadora se encuentra imposibilitada para sustituirse a la valoración médica que realizó, en este caso, la respectiva persona especialista tratante que atiende su padecimiento, pues sólo puede ser aquélla la que determine qué tratamiento médico y hospitalario específico es el que se requiere para atender el padecimiento que presentaba la quejosa; resultando ilustrativa al respecto por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 202223, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 974, del texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión. Por tanto, con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en b) la omisión de ser valorada por un médico especialista en angiología para analizar si requiere cirugía o no en su pie derecho, derivado de la enfermedad que padece denominada diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eva Evencia Medina Brito, contra los actos reclamados a las autoridades responsables respectivas, por las razones precisadas en los puntos considerativos III y V de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe, hoy quince de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron. En esta fecha se generaron los oficios 14772, 14773, 14774 y 14775 La secretaria Rosa María Luna Mercado certifica: que la presente resolución se emitió en la fecha precisada en el párrafo que antecede, la cual es diversa a la de la celebración de la audiencia constitucional desarrollada en términos del acta correspondiente, por virtud de la carga de trabajo del juzgado y en la data que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del quince de junio del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: ...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables respectivas, por las razones precisadas en los puntos considerativos III y V de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe, hoy quince de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 616/2023, promovido por Eva Evencia Medina Brito, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa y las autoridades responsables como anexo a su informe justificado. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la quejosa y las autoridades responsables. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado. En esta fecha se generaron los oficios Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Eutiquio Villanueva Garcia1721/2015
- Eutiquio Villanueva Garcia1872/2015
- Eva Agapito Mendoza907/2023
- Eva Alicia Castellanos Calderon1422/2021
- Eva Ambrosio Martinez1449/2016
- Eva Escobar Romero312/2012
- Eva Flores Andrade758/2023
- Eva Guadalupe Ramirez Reyes994/2022
- Eva Hern Ndez Blancas645/2011
- Eva Maria Varela Escobar1701/2015
- Eva Mariana Godinez Maciel992/2015
- Eva Morales Sanchez1406/2019