Eva Elizabeth Medina López
Expediente 28/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Eva Elizabeth Medina López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Finalmente, remítanse al Juzgado de Primera Instancias del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de la que se advierte que no fue posible notificar los proveídos de nueve y once de febrero del año en curso, a la parte tercero interesada: Alberto Ramírez Sánchez, por los motivos que se asientan en dicha razón. No obstante, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte diverso domicilio ubicado en Calle Ignacio Zaragoza, Número 574, Fraccionamiento Los Alcanfores, Navolato, Sinaloa, por tanto, se ordena turnar los autos al actuario de la adscripción para que proceda a notificar a la parte tercero interesada: Alberto Ramírez Sánchez, en el domicilio indicado con antelación, el auto de nueve y once de febrero de dos mil veintidós. Además, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deber requerirle para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de emplazamiento señale domicilio procesal en esta ciudad. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcione usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarla y habilitar la consulta del expediente electrónico. Se le apercibe que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada: Alberto Ramírez Sánchez.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, once de febrero de dos mil veintidós. I. Trámite Incidente. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el presente incidente de suspensión. II. Habilitación de días y horas. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente incidente. III. Audiencia incidental. Se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informes previos. En términos de los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de su notificación, en el cual deberá expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibidas que de no rendir su informe previo dentro del lapso otorgado, se presumirá cierto el acto reclamado. En el entendido que podrán rendir el informe por cualquier medio de las oficinas públicas de comunicaciones, en cuyo caso no es necesario hacerlo vía ordinaria. V. Notificación de particulares señalados como autoridad responsable. En la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable a la empresa Grupo Tecnológico Nomi Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena la primera notificación de manera personal. Ahora, dado que el domicilio correcto y actual del particular señalado como autoridad es el ubicados en Monte Everest 210, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, de Ciudad de México; por consiguiente, con fundamento el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en la Ciudad de México, a efecto de que comisione a quien corresponda notifique a la citada autoridad en el domicilio señalado con antelación corriéndole traslado con copia del presente acuerdo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la legislación en consulta, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el arábigo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de que el Juez exhortado practique la diligencia encomendada. Asimismo, se ordena remitir el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se solicita a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. En virtud de las medidas de austeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, se proporciona al juzgado exhortado la dirección de correo electrónico institucional 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que sea por este medio a través del cual se sirva remitir cualquier información relativa a la diligenciación de la comunicación oficiales de mérito, sin que sea necesario la remisión por la vía ordinaria, pidiendo confirmar su recepción al número telefónico 01 (667) 846 57 00, extensión 2101. VI. Concesión. La parte quejosa reclama las retenciones o descuentos de sus percepciones como trabajador activo. Del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 125, 128, 139 y 147 de la Ley de Amparo, deriva que la suspensión del acto reclamado es medida cautelar de carácter instrumental que tiene como finalidad preservar la materia del juicio constitucional, a fin de impedir que, mientras éste se resuelva en definitiva, el acto reclamado se consume irreparablemente; además, de ser material y jurídicamente posible, restablecer provisionalmente al quejoso del derecho violado, pues los alcances de la suspensión pueden llegar a ser verdadera tutela anticipada, salvo que con su otorgamiento se deje sin materia el fondo, pues precisamente el objeto de la medida es la preservación de su materia. En torno la suspensión de los actos reclamados, existen requisitos naturales y legales a satisfacer para su otorgamiento, los cuales están previstos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo. Para suspender los actos reclamados, de acuerdo a su naturaleza necesariamente deben ser susceptibles de ser paralizados, pues deben existir y no ser consumados, esos son requisitos naturales para conceder la suspensión; después, deben satisfacerse los requisitos legales, como son la solicitud del agraviado y el interés suspensional de éste (artículo 128, fracción I). Además, debe verificarse que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción I); asimismo, debe constatarse que sean de difícil o de imposible reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto se pudieran causar al agraviado. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar bienestar o impedir algún mal a la población, es decir, orden público son las disposiciones de los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad ventaja, provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Así, se afecta al orden público y al interés social cuando con la suspensión se priva a la colectividad de algún beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultarle en la página 58, Volumen 47, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. En el caso, la parte quejosa reclama las retenciones o descuentos de sus percepciones como trabajador activo y solicitó la medida cautelar, por lo cual está satisfecha la exigencia prevista en el artículo (artículo 128, fracción I). También está acreditado el interés suspensional (artículo 128, fracción I), dado que con el recibo adjunto a la demanda se advierte que está a nombre de la parte quejosa, donde aparecen los descuentos reclamados. La existencia de tales descuentos está demostrado con el propio recibo de pago; al tratarse de descuentos a las percepciones de la parte quejosa son hechos de naturaleza positiva, esto es, implica actuar de la autoridad, por lo que es factible paralizar dicha acción; con lo cual están colmados los requisitos naturales de existencia y posibilidad de paralización. Al otorgar la medida no se priva a la colectividad de algún beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues solo involucra derechos de particulares; por tanto, el orden público y el interés social no es afectado con la suspensión (artículo 128, fracción II). De no conceder la suspensión provisional existe riesgo que mientras se resuelve en definitiva el fondo de la problemática constitucional planteada, el acto reclamado sea consumado irreparablemente, pues al ser descontadas las percepciones de la parte quejosa y entregados a los terceros acreedores pudiera quedar satisfecho el pago total del adeudo; lo que, además, ocasionaría al solicitante daños de difícil y hasta de imposible reparación, ante la dificultad que representaría que el acreedor le restituyera la monto de los descuentos en caso de obtener sentencia de fondo favorable. Con la suspensión no queda sin materia el fondo de la cuestión planteada, pues su constitucionalidad no es analizada y, de negarse la protección pedida, los descuentos serían reanudados a fin de ser entregados a los acreedores; por lo que tampoco se le daría efectos restitutorios. Al tema es ilustrativa la jurisprudencia PC.IV.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1448, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA. La retención del salario de un trabajador activo -no cesado o suspendido temporalmente como sanción-, de una corporación policial, dictada fuera de o durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto del cual la medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el salario y que se mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma consecutiva, atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos que, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin dejar de observar que la medida cautelar no opera sobre los actos ya realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la retención del salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, con efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se encuentren satisfechos los requisitos legales previstos para su concesión. Con base en lo anterior, se concede la suspensión provisional para efecto que se paralicen las retenciones reclamadas y la parte quejosa continúe con la percepción de sus ingresos. Por lo antes expuesto, este Órgano de Control Constitucional abandona su anterior criterio en que negaba la suspensión al estimar que se le daría efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo. Sin que se fije garantía virtud de que los posibles daños que se pudieran ocasionar a terceros están garantizados con los intereses pactados en los documentos que dan origen a las prestaciones solicitadas por el quejoso. VII. Autorizados y domicilio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, virtud que omitió conferirles facultades amplias. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico proporcionados, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. VIII. Copias y medios electrónicos. Finalmente, a efecto de que las partes puedan obtener copias certificadas o simples de las constancias que integran el presente sumario y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses, se autoriza desde este momento la expedición de las mismas a su costa, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como el uso de medios electrónicos como cámara digital o scanner portátil para la reproducción del presente expediente; siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o bien sobre los cuales deba guardarse determinado sigilo; previa firma que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes
- Eusebio De la Paz Antuna238/2023
- Eusebio Estrada Cháidez977/2017
- Eva Alicia Guevara Beltrán1159/2021
- Eva Alicia Medina Ruelas de Gil Leyva245/2022
- Eva Angelina Mandujano Loaiza1207/2021
- Eva Elizabeth Medina López667/2022
- Eva Elizabeth Medina López219/2023
- Eva Luz Morales Aldana138/2022
- Eva Luz Salas Rojas657/2019
- Eva Luz Salas Rojas1030/2022
- Eva Luz Salas Rojas1079/2023
- Eva Luz Vega Camargo1043/2021