Eva Daniela Virgen Hernández
Expediente 316/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eva Daniela Virgen Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargada de la Unidad de Investigación Número Uno, Especializada en Despojos, con sede en esta ciudad, en proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, adjuntó como sustento a su informe justificado copia certificada de la carpeta de investigación 12030280200030211116, constante de dos tomos de pruebas; debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias devuélvanse a su lugar de origen.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 316/2017, promovido por EVA DANIELA VIRGEN HERNÁNDEZ; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Eva Daniela Virgen Hernández, , por su propio derecho, interpuso demanda de amparo mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, a través del cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES a) Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo. b) Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1, de la Agencia Especializada en Despojo. Ambas con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO ".De la C. Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Despojo, la omisión de pronunciarse en cuanto a mi escrito de fecha 7 de marzo del año que discurre en el cual solicito la revisión técnica en razón de que el dictamen que emitió MARCELINO ESCALANTE REYES, perito en materia de topografía y avalúo de bienes inmuebles, en fecha 7 de enero del presente año, dictamen carece de sustento legal; de la C. Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 de la Agencia Especializada en Despojo, la negativa de ordenar la revisión técnica, que solicité en mi escrito de fecha 7 de marzo del año que discurre, en razón de que el dictamen en materia de topografía y avalúo de bienes inmuebles de fecha 7 de enero del presente año que emitió el perito MARCELINO ESCALANTE REYES carece de sustento legal, así como la negativa de proporcionarnos copias simples de todas y cada una de las actuaciones que conforman la carpeta de investigación número 120302802000030211116". La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de sus actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero y, por auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo con el número 316/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde al Agentes del Ministerio Público de la Federación, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró la al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos primero, fracción xxi, segundo, fracción xxi, arábigo 3 y cuarto, fracción xxi, párrafo segundo del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman omisiones dentro de una carpeta de investigación que se tramita ante autoridades con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, y que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de método y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, lo que se realiza también con apoyo en la tesis número P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la demanda, así como de las constancias allegadas al juicio de garantías, se advierte que la quejosa reclama la resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete en la que determinó no acordar favorable la impugnación que realiza la quejosa del dictamen en materia de topografía y avalúo de inmuebles emitido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación número 120302802000030211116, así como la expedición de copias simples de la misma. TERCERO: Certeza del acto reclamado. I. La autoridad responsable Titular del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su informe con justificación negó el acto que se le atribuye, tomando en cuenta el contenido negativo del informe relacionado y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por la autoridad responsable, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. II. Se tiene por cierta la omisión reclamada Agente del Ministerio Público del Fuero encargada de la Unidad de Investigación Número Uno de la Agencia Especializada en Despojos, pues del contenido del oficio 741 en que rinde su informe justificado, así como de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se aprecia la aceptación que hace del acto que se le imputa y su certeza se acredita con las constancias de la carpeta de investigación 120302802000030211116 de su índice, que hacen prueba plena en juicio, de acuerdo con lo establecido en los numerales 129 y 202 del citado Código Federal Adjetivo Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. De oficio, este Juzgado se pronuncia sobre la causal de improcedencia que advierte, ya que se trata de una cuestión de orden público y preferente al estudio del fondo del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal sentido, del estudio de la demanda, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracciones III, inciso b), de la Ley de Amparo interpretado este último en sentido contrario. Los artículos antes mencionados, que señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del primero de los numerales de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa, por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Y del último de ellos, se observa que el juicio de amparo indirecto procede contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, debiéndose entender por esto último, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestra Carta Magna o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este último, aplicado en sentido contrario, ya que el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 120302802000030211116, en el que se resolvió no acordar de conformidad el escrito presentado por la quejosa Eva Daniela Virgen Hernández, por medio del cual impugna el dictamen en materia de topografía y avalúo de inmuebles emitido por el perito Marcelino Escalante Reyes, así como su solicitud de copias simples de las constancias que integran dicha carpeta de investigación, no es de imposible reparación. En cuanto a la naturaleza del referido acto, se considera oportuno, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Legislación de la materia, señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo que debe entenderse por ejecución irreparable en la tesis jurisprudencial P./J. 24/92, publicada en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto reza: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Criterio acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la actual Ley de Amparo. De lo anterior, se concluye que el amparo indirecto procede contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando tengan una ejecución irreparable, debiendo entenderse por esto último, cuando el acto transgreda algún derecho sustantivo del gobernado, tutelado por la constitución o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y sus efectos ya no puedan ser reparados en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, de la lectura íntegra de la demanda y constancias que a la misma se acompañan, evidencian que el acto reclamado en la presente vía, no se ubica en el supuesto contenido en la fracción III, inciso b), del referido artículo 107 de la ley de la materia. En efecto, en el caso a estudio lo reclamado por el promovente, es la resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta de investigación número 120302802000030211116, que determina no acordar de conformidad el escrito presentado por la quejosa, por medio del cual impugna el dictamen en materia de topografía y avalúo de bienes inmuebles, emitido por el perito Marcelino Escalante Reyes, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, así como la solicitud de copias simples de las actuaciones que obran en dicha carpeta. Lo reseñado, evidencia que el presente caso no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la actual Ley de Amparo, pues el hecho que dicha negativa de tener por impugnado el dictamen de mérito y expedir las copias simples que le fueron solicitadas por la quejosa, resulta insuficiente para que deba ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con ello no se produce afectación alguna en perjuicio de la peticionaria de amparo, en los derechos fundamentales tutelados por nuestra Carta Magna, ni de los derechos tutelados por los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, en todo caso, únicamente provoca una afectación adjetiva o procesal, que no la deja en estado de indefensión. Para una mejor comprensión del asunto, cabe mencionar que el ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que se concede a los particulares, lo que es conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el Ministerio Público puede no ejercer la acción penal y resolver sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la pretensión punitiva, la extinción de la pretensión punitiva por perdón, según sea el caso; esto es, si bien tiene facultades para investigar en la carpeta recabando antecedentes el Ministerio Público, dicha investigación no tiene como finalidad única ejercer la acción penal, pues podría concluir con una determinación distinta al ejercicio de la acción y en consecuencia, no se causaría perjuicio al indiciado. Lo anterior es así, por que la investigación que se ejerza no tiene por objeto restringir la libertad del quejoso o menoscabar sus derechos fundamentales, sino lograr el esclarecimiento de hechos que pudiesen ser delictuosos; siendo el ministerio público la institución encargada, según lo establece el propio artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de investigar y perseguir delitos. Asimismo, es la encargada de ejercitar la acción penal ante los tribunales judiciales correspondientes, en base a sus propias determinaciones, al investigar y recabar los antecedentes de investigación e indicios considerados necesarios para una debida y correcta integración de la carpeta de investigación. En consecuencia, el interés particular del impetrante del amparo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, no puede estar por encima del interés público, consistente en que la sociedad pretende que el Ministerio Público realice las indagaciones de las investigaciones de los hechos que pudieran resultar constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendentes a esclarecer tales hechos, pues de lo contrario se obstaculiza y limita su función investigadora. En esa tesitura, si la quejosa señala la negativa de la autoridad responsable de admitir su impugnación respecto de la prueba pericial desahogada en la etapa de investigación en una carpeta de investigación, esto no es violatorio de derechos fundamentales, ni hace procedente el amparo, pues no le causa perjuicio alguno, dado que el ministerio público podría concluir con la determinación de no ejercer la acción penal; además, que sólo en el caso de decidir ejercer la acción penal, la parte quejosa podrá ofrecer su datos de prueba en la etapa respectiva, circunstancia por la cual no es obligatorio que se admita la objeción planteada por la peticionaria del amparo, en la etapa de investigación inicial. Aunado a lo anterior, la negativa a expedirle las copias simples de la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado, tampoco transgrede sus derechos fundamentales tutelados por nuestra Carta Magna, en razón de que si bien es cierto que la ley le otorga el derecho a tener acceso a las actuaciones de la carpeta de investigación, también lo es que ello no implica que la información que solicite la inculpada deba serle ministrada en forma de copias simples o certificadas, pues basta que la dicha carpeta sea puesta a la vista de las partes para que estén en aptitud de consultarlas, lo que es acorde a la garantía de defensa adecuada previsto en el artículo 20 Constitucional. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).- La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias -en aras de proteger la reserva de las actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo". En esas circunstancias, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en comento, y por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), aplicado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 76, 77, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvieron por recibidas las constancias que como complemento a su informe justificado, remitió la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargada de la Unidad de Investigación Número Uno de la Agencia Especializada en Despojos, con residencia en esta ciudad, las cuales no fueron conocidas con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos y con ellos dese cuenta en la audiencia constitucional.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargada de la Unidad de Investigación Número Uno de la Agencia Especializada en Despojos, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele por desahogando el requerimiento formulado en proveído inmediato anterior y como complemento de su informe justificado las constancias que anexa con su ocurso de mérito, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la carpeta de investigación número 12030280200030211116 de la que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo II de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional.
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