Eva Cristina Ponce de la Fuente
Expediente 1130/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eva Cristina Ponce de la Fuente
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 50640/2018, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual, informa que el siete de diciembre del presente año, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1130/2018 de nuestro índice, promovido por Eva Cristina Ponce de la Fuente; del que deriva este cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia legal declinada por este Juzgado de Distrito; radicándolo con el número 2474/2018 de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo Eva Cristina Ponce de la Fuente, fórmese expediente y regístrese con el número 1130/2018-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente vía constitucional, es la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en contra de la hoy quejosa (quien fungía como Secretaria de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional); en la cual se determinó que existió responsabilidad administrativa a cargo de la servidora pública y se le impuso una amonestación privada. En atención a lo anterior, es evidente que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo, el cual está sujeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues si bien es cierto que fue emitido por una autoridad formalmente jurisdiccional, también lo es que la resolución que se combate es de naturaleza administrativa, pues no dirimió contienda alguna entre las partes de un proceso penal, sino que se constriñó a analizar la responsabilidad administrativa de la quejosa, en su calidad de servidora pública, al fungir como Secretaria de acuerdos del Juzgado que señaló como responsable; por incurrir en falta administrativa en el desempeño de sus funciones, específicamente, al no firmar la sentencia de nueve de abril de dos mil catorce, ni la audiencia de vista celebrada el dos de abril de ese año, dentro del proceso 9/2010; lo que derivó en la demora sin causa justificada del referido expediente. Al respecto, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, únicamente pueden emitir actos para los que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado; y, Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, y a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda; así como de dos elementos fundamentales: 1. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En el caso, se reitera, el acto reclamado en el presente juicio, es la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en contra de la hoy quejosa (quien fungía como Secretaria de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional); en la cual se determinó responsabilidad administrativa a cargo de la servidora pública y se le impuso una amonestación privada. En tales condiciones, dicho acto no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en razón que si bien la resolución reclamada se trata de un acto formalmente penal, por ser emitida por un Juez del orden común en materia penal, lo cierto es que esa determinación es de naturaleza materialmente administrativa; en función al procedimiento que dio origen al destacado acto, cuya finalidad está encaminada a verificar si dicha actuación se realizó con apego a los principios que rigen la función desempeñada. En ese entendido, al formarse un expediente administrativo por presuntas irregularidades atribuidas a la actuación de un servidor público adscrito a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Puebla, éste tiene la finalidad de determinar si el funcionario incurrió en alguna causa de responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; naturaleza distinta a la que corresponde al propio procedimiento en el cual se originaron los hechos, ya que es llevado a cabo por una autoridad materialmente administrativa. Por tanto, al tratarse el acto reclamado de una resolución que no juzga sobre la existencia de una responsabilidad penal, sino administrativa, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del presente asunto. Sirven de apoyo, en lo conducente, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CUANDO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DERIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE AUN CUANDO SEA UN ACTO FORMALMENTE CIVIL, POR HABER SIDO DICTADO POR UN JUEZ DE ESA MATERIA, SU NATURALEZA ES MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 37, fracción I, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de un Tribunal Colegiado en materia civil para conocer de un juicio de amparo directo, se circunscribe a las sentencias o resoluciones tanto del orden común como federal, emitidas en juicios o procedimientos del orden civil o mercantil, por ello, cuando un Juez Civil conoce en primera instancia de los negocios civiles, mercantiles, o del orden familiar, es indudable que los actos que emite se fundan en las legislaciones sustantivas y adjetivas propias de dichas materias, por lo que sus actos serán formal y materialmente civiles, sin embargo, cuando se trata del buen funcionamiento del órgano jurisdiccional civil, en que sea necesario instruir algún procedimiento administrativo en contra del personal, por faltas en el desempeño de sus labores, las cuales se encuentran reglamentadas en los artículos 152, 154 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente, que establece, entre otras cosas, que todos los servidores públicos, así como los auxiliares del Poder Judicial del Estado, que actúan con ese carácter, son responsables de las faltas que cometan en ejercicio de sus funciones, como son contravenir las disposiciones de dicha ley y de sus reglamentos, incurrir en conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los miembros del Poder Judicial del Estado, ausentarse o separarse del ejercicio de sus funciones, sin contar con la licencia respectiva, demorar sin causa justificada el despacho de los asuntos que tengan encomendados, resulta incuestionable que las resoluciones que con motivo de esos procedimientos emitan, serán formalmente civiles, por razón de la autoridad que los dicta, pero materialmente administrativos, por lo que atañe a la naturaleza del procedimiento que dio origen a dichos actos y a la legislación aplicada en el mismo. En estas condiciones, la resolución emitida dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad, aun cuando se trate de un acto formalmente civil, por haber sido dictado por un Juez del orden común especializado en dicha materia, será materialmente administrativo y, por ende, el amparo que en su contra se haga valer será competencia exclusiva de un Tribunal Colegiado especializado en dicha materia." "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa." Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; y, 48 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 1130/2018-D, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, que de no haber inconveniente legal alguno, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Fernando Espinosa Montiel, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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