Eva Cayetano Águilar
Expediente 849/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2019
Partes del expediente
- Eva Cayetano Águilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy ninguna las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el presente juicio y carece de relevancia documental; y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse las constancias que remitió el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, sin que sea necesario acusar recibo al ser solamente copias certificadas.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 849/2019-III-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en veintisiete siguiente misma a este órgano jurisdiccional; *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, seguidas las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: La entrega del inmueble ubicado en domicilio conocido como "*********, ESTADO DE MÉXICO", actualmente llamado "*****, EN TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO," ordenado en auto de fecha nueve de mayo del año dos mil diecinueve, en el expediente ***/2018, relativo al juicio reivindicatorio en contra de *** y ***. La omisión de haber sido llamada al juicio antes citado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jueza y Ejecutora, ambas adscritas al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, rindieron su informe justificado aceptando el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitieron al rendir su informe justificado, las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". De dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.. En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, la solicitante del amparo no adjuntó documento idóneo del que se advierta su interés sobre el bien inmueble que defiende, esto es, el identificado como "+++++++++ TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO", actualmente llamado "++++++++++, EN TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO,". Ante tales circunstancias, es dable concluir que con las constancias relacionadas y ofrecidas por la impetrante de amparo como medio de prueba, no se encuentra acreditado el interés jurídico que lo legitime para reclamar en esta instancia constitucional, el respeto a poseer el bien mueble en cuestión. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, con número de registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Por consiguiente, al no estar acreditado con alguna prueba fehaciente la afectación respecto del bien mueble que por esta vía se pretende defender, debe estimarse que en el caso no se acreditó que los actos reclamados afecten un interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Sin que obste que la quejosa refiera en sus antecedentes que adquirió dicho inmueble mediante comodato verbal de ***, quien aduce fue el propietario anterior y que a su demanda acompañó constancias de notificación del auto de nueve de mayo del año en curso, derivadas del juicio ordinario civil ***/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, con las que indiciariamente pretende acreditar su interés, sin embargo, esos documentos sólo demuestran que existe un litigio en el juicio aludido entre la parte actora ***, sociedad anónima de capital variable y los demandados *** y ***, pero no que la quejosa tenga la posesión de dicho bien raíz; por ello, dichas documentales son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la solicitante del amparo, quien se ostenta como propietaria del inmueble materia del presente sumario. Medios de convicción que no pueden tomarse en consideración, dado que no satisfacen los requisitos que debe contener un documento público en términos del numeral 129 del Código adjetivo civil federal aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Finalmente, no pasa inadvertido el hecho de que en el presente sumario no se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Constructora ***, sociedad anónima de capital variable, pues tomando en consideración que la presente resolución no entra al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ni tampoco su pronunciamiento afecta la esfera jurídica y del mismo, de conformidad con el principio de economía procesal, a efecto de evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento, se considera innecesaria su notificación del juicio en que se actúa. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 531, visible en la página 349, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, por derecho propio, respecto del acto reclamado que quedó precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil diecinueve. Intégrense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la oficiante, la documental consistente en copia certificada del expediente 782/2018, de su índice, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional, fórmese anexo I.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la misma.
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