Eva Aragón Pérez
Expediente 1788/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1788/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eva Aragón Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a once de febrero de dos mil dieciséis. Vista la constancia elaborada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, en la que hace constar que no le fue posible entregar el oficio 698 dirigido al juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en virtud de que al hacerse presente en el domicilio de tal autoridad, fue informado por la persona encargada de la atención al público que de acuerdo al oficio PJEO/CJ/SE/733/2016 de fecha veintiséis de enero de este año, derivado del Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se ordenó la conclusión de funciones del mencionado Juzgado. NOTIFIQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Como se desprende de autos; y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 34-37), que sobreseyó en el juicio, promovido por EVA ARAGÓN PÉREZ, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción IV, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE
- Principal
*pral. 1788/2015 mesa amp. 2-a RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio d eamparo promovido por EVA ARAGÓN PÉREZ, contra las autoridades por los actos que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciséis de diciembre de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, a fin de que se interpusiera recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en este juicio (fojas 557-573), en la que se sobreseyó en el mismo, promovido por MINERVA BUSTAMANTE CALVO; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla, conforme a su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales consiguientes. Sin que obste a lo anterior, que no obren las constancias con las cuales se acredite que las autoridades responsables, con residencia en México, Distrito Federal, hayan quedado notificadas de dicha sentencia; dado que, como se precisó, en la misma se sobreseyó este juicio y, por ello, ningún agravio les genera, por lo que carecen de legitimación para inconformarse, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso concreto, el único que pudiera resultar afectado con esta determinación es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Fundamenta lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Por otra parte, agréguese el escrito signado por la quejosa MINERVA BUSTAMANTE CALVO; en atención a su contenido se provee: Se le tiene dando cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de once del actual y manifiesta que a partir del presente escrito se le tenga revocando el domicilio que señaló en primer término (foja 2) y señalando como nuevo el ubicado en la calle de Alianza número 205-B, colonia Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y autorizando para ello a las personas que indica. En atención a lo anterior, se tiene como nuevo domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que menciona; por tanto, como lo solicita expresamente la quejosa, al manifestar que: ". a partir del presente escrito solicito sea revocado el domicilio que se señaló en primer término. Asimismo por este medio del presente señalo como nuevo domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, tanto en el expediente Principal." a partir de la presentación del presente, se tenga como tal el ubicado en la Calle Alianza número 205-B, Colonia Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca." las notificaciones personales que le resulten a partir de esta actuación realícensele en el domicilio citado. Por lo que hace al incidente de suspensión, dígasele que deberá promover en el mismo, ya que este juicio y el cuaderno incidental se tramitan por cuerda separada. En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contado a partir de su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger las documentales que haya exhibido y obran en autos y en tomos anexos. NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte quejosa.
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