Eva Angelica Villa Hotema
Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Eva Angelica Villa Hotema
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por desechada la demanda de garantías, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se notifica por lista al promovente: Torreón, Coahuila, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia a cargo de Eva Angélica Villa Hotema, en la cual ratifica el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda presentado en la Oficialía de Partes de esta juzgado el nueve de febrero del año en curso; a lo cual se tiene a la promovente por ratificando el contenido y firma del escrito en mención. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con dicho numeral, se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Ahora, la citada fracción debe ser complementada con lo señalado en los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen al menos dos hipótesis excluyentes entre sí, a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, que son las siguientes: a) La primera de ellas, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; b) La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio constitucional se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado y, al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV del precepto 61 de la ley de la materia vigente, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. De ahí que, resulta indudable que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra de los actos reclamados por la parte quejosa es de quince días, contado a partir del día siguiente al en que laa quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado, pues el aludido auto no se encuentra contemplado en ninguna de las hipótesis de excepción, contenidas en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación. Por tanto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, dado que de las constancias que al efecto exhibió el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, relativas al procedimiento oral de alimentos número 1488/2017, en especial de la diligencia reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se advierte que en dicha diligencia estuvo presente la quejosa Eva Angélica Villa Hotema, así como que el diverso proveído reclamado de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en que la autoridad judicial responsable desechó el recurso de apelación intentado por la quejosa en contra de la determinación de reducción de pensión acordada en la citada diligencia de veintisiete de noviembre del año próximo pasado; acuerdo el anterior el cual se dio por notificado el día cinco de diciembre de ese mismo año. En ese sentido, debe concluirse que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, dado que la misma fue remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Por ende, la quejosa tenía el término de quince días hábiles para promover la demanda de amparo; luego, si tuvo conocimiento de los actos reclamados en la propia diligencia de veintisiete de noviembre pasado y del proveído de uno de diciembre el día cinco de ese mismo mes y año, el plazo comenzó a computarse a partir del día siguiente hábil el en que surtió efectos la notificación del proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, que a saber lo es el seis de diciembre de ese mismo año, entonces el citado término feneció, el once de enero de dos mil dieciocho, ello, sin contabilizar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, por corresponder a sábados y domingos, así como el periodo comprendido del veintiuno de diciembre al cinco de enero de dos mil dieciocho, por corresponder a vacaciones de la autoridad judicial responsable, en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Para arribar a la anterior determinación, no se deja de observar la circunstancia de que la parte quejosa presentó la demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, sin embargo, tal presentación errónea NO interrumpe el término para promover el juicio de amparo. Lo anterior se verifica, pues en el caso, la quejosa no se equivocó en la vía al promover el juicio de amparo, sino que como expresamente lo asentó en la demanda inicial, su intención fue promover juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en la Laguna, no obstante, realizó su presentación ante la autoridad responsable. Lo cual no interrumpe el plazo para promover el juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en el caso particular, la presentación de la demanda ante la responsable no se debió al hecho de que la quejosa promoviera el juicio como amparo directo (único supuesto en que la autoridad responsable está facultada para recibir la demanda), sino que expresamente se manifestó que la intención era promover amparo indirecto en contra de los actos que señala como reclamados e incluso, tal escrito lo dirigió al Juez de Distrito en Turno, por conducto del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, de esta ciudad y fue redactado en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, por lo que no hay duda que la intención de la quejosa fue promover la acción constitucional en la vía indirecta. En efecto, debe señalarse que los numerales 35 y 107 de la Ley de Amparo son categóricos al prever que el juicio de amparo indirecto, es competencia de los juzgados de distrito, y que en la demanda deberá presentarse ante éste, no así ante la autoridad responsable. Sin que se contravenga la jurisprudencia 13/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 275, registro electrónico 2007052 de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo". Lo anterior, pues la jurisprudencia anteriormente transcrita, no es aplicable al caso justiciable, pues en tal tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue determinante en cuanto a que no puede tenerse una demanda de amparo como extemporánea, si quien intenta la acción constitucional la hizo valer como amparo directo, presentando la demanda directamente ante la autoridad responsable, para que a su vez ésta la remitiera al tribunal colegiado en turno, quien a su vez se declararía legalmente incompetente y ordenaría remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito a fin de que se tramitara en la vía indirecta. Lo anterior, determinó la Sala, que tenía razón de ser que el error en la vía no podía tener como consecuencia (salvo la excepción ahí mencionada) que la presentación realizada ante la responsable no se tomará en cuenta, es decir, la ejecutoria y la tesis de la que derivó únicamente plantearon el supuesto de la presentación de una demanda de amparo directo, de la que existió una declaración legal de incompetencia y se ordenó su tramitación en la vía indirecta. Y en el presente caso, de la propia demanda inicial, se advierte, que la quejosa no promovió juicio de amparo directo, sino que, de manera inobjetable, plasmó su ánimo de ejercer la acción en la vía indirecta, lo que se advierte con claridad del escrito de demanda inicial, pues no se encuentra dirigido al tribunal colegiado en turno, aunado a que fue elaborado conforme a los requisitos que para la formulación de la demanda de amparo indirecto prevé la Ley de Amparo; amén que se encuentra dirigida al Juez de Distrito en la Laguna en turno, aun cuando fue presentada a través del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, de esta ciudad. En ese orden, debe considerarse que el hecho de que el quejoso haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad responsable no obedeció a una equivocación en la vía, y por consiguiente, si la demanda respectiva se presentó de manera equivocada ante la autoridad responsable el ocho de enero del año en curso, ello no interrumpió el plazo respectivo, por lo que debe de tomarse la fecha en que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, esto es, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, por tanto, debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que indica que se está en presencia de un acto consentido tácitamente como lo señala la fracción XIV, del artículo 61, de la ley en cita. Por ende, inconcuso es que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Asimismo, en apoyo a lo anteriormente expuesto se invoca, aplicada en lo conducente, la tesis jurisprudencial J/194, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 1148, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Se invoca por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 33/2016, emitida por la Segunda Sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1080, registro electrónico 2011243, del tenor siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO AL QUE PERTENECE EL PRESIDENTE QUE DICTÓ EL ACUERDO DE TRÁMITE IMPUGNADO, NO INTERRUMPE EL PLAZO LEGAL PARA ELLO. Acorde con los artículos 104 y 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto guarda similitud con el de los diversos numerales 103 y 165 de la abrogada, el escrito mediante el cual se interpone el recurso de reclamación deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional al que pertenezca el Presidente que dictó el acuerdo de trámite impugnado y, en caso de hacerlo ante una autoridad distinta, ello no interrumpe el plazo legal de 3 días para interponerlo". Y la tesis de jurisprudencia J/289, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1282, registro electrónico 171796, de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto". De ahí que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Eva Angélica Villa Hotema. Lo anterior tiene soporte en la tesis siguiente, cuya voz es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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se notifica por lista al promovente: Téngase por recibido el escrito de **mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de treinta de enero del año en curso y advirtiéndose que la firma que aparece al calce del mismo, resulta notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda; en tales condiciones, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, requiérase a la promovente en comento, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de distrito, con documento oficial que la identifique, a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta. Asimismo advertida de las penas en que incurre, en términos del artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal y del numeral 261 fracción I, de la Ley de Amparo, a quien faltare a la verdad, a ser interrogado por autoridad judicial. Apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado el escrito de referencia. Notifíquese personalmente a la promovente **.
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se notifica por lista al promovente: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el original de la demanda de amparo promovida por ..., cinco copias de la misma y copia certificada del expediente 1488/2017. Acúsese recibo; y fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 110/2018-X que le correspondió en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. A fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, y IV, en relación con los artículos 108 fracción V y 110, todos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su escrito de demanda, y manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Manifieste si promueve el juicio de amparo por sus propios derechos o a nombre y representación de sus menores hijas .... Asimismo, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Prevención que es necesaria para dar cabal cumplimiento a los requisitos que imponen a la promovente los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le otorga, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibida también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. En otro contexto, como lo solicita la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ... y autorizando para tal efecto a los licenciados que refiere en su demanda de amparo. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente.
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