Eva Andrade Acuña
Expediente 1116/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eva Andrade Acuña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente y el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico-Centro, por el que solicitan la devolución del expediente 762/22-21-01-4-OT, de su índice, mismo que remitió a este juzgado como soporte a su informe justificado. Por lo tanto, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, mediante oficio al tercero interesado y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
seis de octubre de dos mil veintitrésAngélica Estefanía Aponte Ayala1116/2023 SENTENCIA En Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1116/2023 promovido por Eva Andrade Acuña por conducto de sus apoderados legales y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Eva Andrade Acuña, por conducto de sus apoderados legales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1116/2023, y en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés (fojas 37-41) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En dicho proveído se determinó que le asistía el carácter de tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en: La sentencia interlocutoria dictada el catorce de julio de dos mil veintitrés, dentro del juicio de nulidad 762/22-21-01-4-OT, que declaró procedente la queja interpuesta por los apoderados jurídicos de Eva Andrade Acuña, ordenó dejar sin efectos el oficio SP/MICH/1512/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y requirió el cumplimiento exacto y preciso de la citada resolución al aquí tercero interesado, otorgándole el término de veinte días para ello. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 47). Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió del juicio de nulidad 762/22-21-01-4-OT, en un tomo, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar ahora la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como del informe rendido por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1.- En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por admitida la demanda de nulidad promovida por los apoderados jurídicos de la aquí quejosa, respecto de la resolución contenida en el oficio DPSH/2.1.15.5/2116/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual quedó registrada con el número 762/22-21-01-4-OT. 2.- En auto de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la aquí tercera interesada contestando la demanda; y seguidos los trámites legales el veinticinco de agosto siguiente la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada. 3.- Contra dicha resolución la aquí tercera interesada interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, y mediante sesión ordinaria celebrada vía remota el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia definitiva recurrida. 4.- Luego, mediante oficio UJD/2.11.15.7/2415/23, de trece de junio de dos mil veintitrés, el tercero interesado pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la responsable el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 5.- Contra dicho oficio por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a los apoderados jurídicos de la quejosa Eva Andrade Acuña interponiendo recurso de queja, y por resolución de catorce de julio siguiente fue resuelta por la responsable, en la que determinó que era procedente la queja, se ordenó dejar sin efectos el oficio SP/MICH/1512/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y se concedió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en esta ciudad, el término de veinte días para que diera cumplimiento exacto y preciso a la citada interlocutoria. Tal determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En relación con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, párrafo primero y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados este último en su interpretación inversa. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Como se advierte de lo transcrito, la fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que en su interpretación inversa, su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV párrafo primero, del artículo 107 de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; dicha causal debe asumirse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común, Página 1515, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Lo resaltado es propio de este Juzgado. Asimismo, como la tesis aislada tesis: III.3o.C.49 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Materia(s): Común, Página: 721, Novena Época, Registro 193539, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente." Por ello, en la especie este juzgador estima que en el caso el acto reclamado consistente en la resolución de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que se determinó que era procedente la queja, se ordenó dejar sin efectos el oficio SP/MICH/1512/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y se concedió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en esta ciudad, el término de veinte días para que diera cumplimiento exacto y preciso a la citada interlocutoria; actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV primer párrafo, y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados estos últimos en su interpretación inversa. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se trate de juicios emanados de tribunales administrativos podrá promoverse el amparo contra la última resolución que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, pudiendo reclamar en la misma las violaciones que se cometieron durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución dentro del juicio administrativo. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución del juicio de origen, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Lo expuesto, permite sostener que la determinación impugnada de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva, ya que dentro del juicio de origen aún no ha sido calificado el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del citado juicio, aunado a que de la propia resolución reclamada se le otorgó al aquí tercero interesado el término de veinte días a efecto de que diera cumplimiento preciso y exacto a la citada interlocutoria, lo que a la fecha no ha acontecido; resolución que debe ser entendida como aquélla en la que indistintamente pone fin al procedimiento o declara cumplido el juicio de origen. De igual forma, no se advierte que el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Así como la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 230, Novena Época, Registro 196894, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Y la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, Tesis XI.2o.97 C, Página 1729, Novena Época, Registro 190499, que dice: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracciones IV primer párrafo y V, en su interpretación inversa, ambos de la Ley de Amparo; lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro: 239006, que en su texto establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sentado lo anterior, lo aquí resuelto no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Sin que haya lugar a ordenar la notificación de la presente sentencia de manera personal, toda vez que la misma se dicta en la propia fecha de la audiencia que en acta por separado fue levantada. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, del Libro 35, Tomo I, octubre de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro digital 2012801, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE." Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los apoderados legales de Eva Andrade Acuña, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y por oficio al tercero interesado y autoridad responsable Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1116/2023. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas tanto por la quejosa como por la autoridad responsable. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González.
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Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informando que se encontraba en vías de notificar el auto dictado el quince de agosto del presente año, dentro del expediente laboral 355/2013, en el que requirió nuevamente a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, para que mediante constancia acredite el reconocimiento de la antigüedad ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, así como el reconocimiento de las semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del periodo en el cual comenzaron a laborar los aquí quejosos hasta el día en que fueron separados de sus empleos, sin que a la fecha haya informado las gestiones relativas. Ahora, dado que el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada es de orden público, el juez debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, informe lo conducente respecto de lo anterior, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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