Eva Ahumada del Angel

Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Eva Ahumada del Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por el autorizado de la pare quejosa Félix Arturo Jorge Barbosa Sánchez; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele por formuladas las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, la cual será tomada en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida ley.

  3. Principal

    (citatorio) notificación por lista a la quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Vistos los oficios con sus anexos, remitidos por la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia.

  4. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PORLISTA A LA QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Consecuentemente, como la resolución reclamada se encuentra indebidamente motivada, ello se traduce en una violación a los derechos humanos de la quejosa, contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, lo que procede es conceder el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diez de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se declara improcedente la planilla de liquidación de sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil 155/2017, de su índice. Dicte una nueva en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva el incidente de liquidación de sentencia promovido por la actora, pero atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, esto es, para que expresa de manera fundada y motivada, las razones por las cuales considera procedente o improcedente la planilla de liquidación, para lo cual, deberá señalar las operaciones aritméticas que considere pertinentes. 1. La Jueza Segundo de Primera Instancia de esta ciudad; el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado -resolución de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil número 155/2017/I, de su índice. 2. En consecuencia, dictó una nueva resolución en la que expuso que no había lugar a admitir la planilla de liquidación rentas, dado que no se exhibieron las copias necesarias para correr traslado a su contraparte, de conformidad con los numerales 49, 67 y 362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo no fue cumplida en sus términos. Ello es así, pues si bien no se puede dejar de lado que uno de los efectos de la sentencia de amparo fue que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera una nueva con libertad de jurisdicción; lo cierto es que la libertad de jurisdicción fue otorgada para que resolviera declarar procedente o improcedente la planilla de liquidación, pero exponiendo de manera fundada y motivada las razones que tomara en consideración, así como las operaciones aritméticas que realizara, situación que fue expresa en el efecto de la concesión; ello, en atención a los siguientes razonamientos: "Ello es así, pues no es suficiente que la autoridad haya señalado dogmáticamente que la planilla presentada por la actora, para cuantificar las rentas vencidas, resultaba improcedente en razón de que, de manera errónea, cuantificó el periodo a computar, sino que, a fin de acatar la obligación constitucional de motivar debidamente su acto de autoridad, el juzgado responsable debió expresar, de manera detallada, las razones, circunstancias y, en su caso, las operaciones realizadas que le llevaron a adoptar el criterio que tomó, de tal manera que la parte quejosa tuviera pleno de conocimiento de ello. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dejó al quejoso en estado de indefensión, porque omitió darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto reclamado, de manera que fuera claro para poder cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; ello en violación a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 Constitucional que establece el imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los gobernados. De ahí que resulta jurídicamente incorrecto que la resolución emitida en cumplimiento haya considerado no admitir a trámite la planilla, pues, en primer lugar, se aleja de los efectos para los cuales fue concedida la protección federal y, en segundo, porque la propia autoridad responsable en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno dio trámite a la planilla propuesta y en diverso de seis de septiembre de ese mismo año turnó los autos para resolver la incidencia, de ahí que, emitir una resolución en la que considere que no ha lugar a admitir la planilla implica por un lado, revocar su propia determinación y por otro, regresar a una etapa procesal que fue superada, lo cual resulta inadmisible." De lo que se sigue que la concesión de la sentencia de amparo, se centró en el hecho de que la responsable estimó improcedente la planilla de liquidación sobre el argumento de que el incidentista había cuantificado de manera errónea el periodo a computar, pero omitió señalar las operaciones o cuantificaciones necesarias por medio de los cuales evidenciara esa circunstancia. Por ende, si ahora en cumplimiento, se varían las razones por las cuales se estimó improcedente la planilla respectiva, es patente que la resolución dictada no cumple con los lineamientos que se fijaron en la sentencia amparadora, porque la libertad de jurisdicción otorgada se ciñe a la materia de análisis de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. LXII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo II, junio de dos mil dieciocho, página novecientos cincuenta y dos, registro digital 2017156, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la autoridad responsable y requiérasele para que en el improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, deje sin efectos la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dicte una nueva en la que subsane las omisiones aquí destacadas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 193 y 258 Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, a fin de que se dé total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio y este Juzgado Federal proceda a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

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