Euzana Karim Farrera Hernández
Expediente 1167/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- Euzana Karim Farrera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, informa que aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito; asimismo, acusa recibo del diverso 13536/2019, del índice de este juzgado y comunica que se admitió a trámite el recurso de queja, hecho valer por la quejosa********************, recayéndole el número 230/2019. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda; asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer del recurso de queja planteado, y remitió el original del juicio de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda; asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución motivo de la misma, en virtud de que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo indirecto 1167/2019, se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Remítase de inmediato el original y dos copias del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
Vista, la ratificación de cuenta por la quejosa ***, mediante el cual da cumplimiento al proveído de dos de septiembre de año que transcurre. Al efecto, se acuerda: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA En efecto, antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La orden de descuento realizado a su sueldo, por concepto del pago de un préstamo o crédito. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que al efecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se explican. Del contenido de dicha fracción, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido en contra de actos que fueron consentidos tácitamente. De la interpretación del precepto se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que se precisa en el artículo 17, de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción de la demanda de forma extemporánea. De los preceptos recién transcritos, se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, salvo los siguientes casos: Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, debe cumplir con los siguientes requisitos: Que el acto reclamado exista, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del término legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18, de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, conforme al numeral en cita, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo previene tres hipótesis, a partir de la cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito; es así, ya que de las pruebas documentales que anexó la parte quejosa, del contenido del oficio SH/CGRH/DOFyR/4261/2019, que emitió el Director de Obligaciones Fiscales y Retenciones de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la existencia del acto, pues del contenido del oficio de referencia se aprecia que no se pueden suspender los pagos que se le han venido descontando de su nómina, como trabajadora de Gobierno del Estado, el cual dicha quejosa había solicitado previamente. En lo que respecta al tercer requisito, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del término legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, también se encuentra acreditado en virtud de que la quejosa, desde el diez de junio de dos mil diecinueve, tenía conocimiento del acto que se le reclama, ya que fue cuando solicitó ante el Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, que se suspendieran de manera provisional los descuentos vía nómina que se habían reactivado. De lo anterior, se tiene que por lo menos desde el diez de junio de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de la reactivación del descuento de su salario que reclama en el presente juicio de amparo. En mérito a lo expuesto, permite establecer que el plazo de quince días de que disponía la quejosa para promover el juicio de amparo en contra del acto precisado en líneas que anteceden, transcurrió en demasía, ya que la demanda de amparo fue presentada aproximadamente dos meses posteriores, pues ésta fue interpuesta el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea, se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que la promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Aunado a que obra en autos, el escrito presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, de esta ciudad, mediante el cual solicitó que se suspendieran de manera provisional los descuentos vía nómina que se habían reactivado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, el criterio: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se reitera lo dispuesto en auto de dos de septiembre del año curso, se tiene como domicilio y autorizados a los señalados por la parte quejosa en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Como se encuentra ordenado en proveído de dos del mes y año que transcurre, de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Se deja de hacer pronunciamiento alguno respecto de la transparencia y acceso a la información, toda vez que ya se proveyó en auto de dos de septiembre de la presente anualidad.
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