Eutolia Beltran Salazar y Otros.
Expediente 929/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Eutolia Beltran Salazar y Otros.
- Eutolia Beltran Salazar
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 929/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: JUICIO DE AMPARO 929/2018 Xalapa, Veracruz; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 929/2018. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".La ejecución de la sentencia emitida en segunda instancia, mediante la cual la responsable en cumplimiento a la resolución dictada por el ad quem, me ordena hacer entrega de una fracción de terreo de 81.30 metros cuadrados, según consta en su atento acuerdo de fecha 29 de agosto del año en curso." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el segundo de tales preceptos establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esa etapa, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso, asimismo precisa el precepto legal citado que tratándose de procedimientos de ejecución el amparo solo será procedente contra "la última resolución". Así las cosas, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, la que se pueda impugnar a través del juicio de amparo y no las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, máxime que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público o pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período hubieran dejado sin defensa al quejoso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la tesis número 2a. XLIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 367, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA." Una vez establecida la premisa normativa y jurisprudencial que antecede, se puede derivar válidamente que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia únicamente puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio biinstancial, en el caso de que el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tenga autonomía propia y no como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sentado lo anterior, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos: a) Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional. b) Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, ello acorde a lo estipulado en el mencionado artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, debe surtirse alguna de dichas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto no acontece. Como se puede apreciar, es claro que el juicio de amparo que se promueve deviene improcedente, toda vez que el acto que el promovente pretende combatir en esta vía, es el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro de la sección de ejecución del expediente 1861/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Cabe precisar que de acuerdo a lo manifestado por el peticionario de amparo, en dicho acuerdo el Juez responsable requiere al directo quejoso a fin de que dentro del término de cinco días restituya el inmueble, consistente en la superficie de terrero de ochenta y un metros con treinta centímetros cuadrados, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se procedería al uso de la fuerza pública. Por lo que, es inconcuso que el auto emitido en sección de ejecución en el expediente de origen, no puede considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia ni que se encuentre en alguno de los casos de excepción, esto es, que la resolución reclamada tenga autonomía propia y que no tuviera como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, tal y como lo exige el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de la materia. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 230, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." También apoya lo anterior la tesis II.2o.C.389C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1721, Tomo VII, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por resultar notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Como lo solicita la parte moral quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Xochilt Edith Gallegos Gamboa, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy Fe.
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