Eutiquia Concepción Mendez Navarrete

Expediente 178/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
178/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Eutiquia Concepción Mendez Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes en especial a las autoridades responsables Cabildo Municipal de Tepoztlán, Morelos y Regiduría de Hacienda Programación y Presupuesto, con copia de la sentencia dictada en autos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Eutiquia Concepción Méndez Navarrete y otros, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Ayuntamiento Constitucional, Cabildo, Dirección de Permisos y Licencias del Comercio, Juez de Paz, Dirección Jurídica, Dirección de Protección Civil, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Turismo, Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Tepoztlán, Morelos. Acto reclamado: ".el decomiso y aseguramiento de mercancía, así como de la prohibición de ejercer el comercio, con lo cual nos prohíben el trabajo, discriminándonos y violentando nuestros derechos humanos lo cual ocurrió el día 25 de enero del año 2020, ya que los suscritos nos encontrábamos sobre la av. Del Tepozteco a la altura de la subida al cerro del Tepozteco. y nos quitaron el producto que comercializamos." SEGUNDO. El seis de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de autos, y remitió a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, copia certificada de la demanda de amparo. TERCERO. Mediante oficio OCC/C18/JDM/84/2020, de diez de febrero de dos mil veinte, la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido en su fecha, remitió la demanda de amparo por separación de autos de la quejosa Eutiquia Concepción Méndez Navarrete, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 178/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  El decomiso y aseguramiento de mercancías con los que la parte quejosa ejerce el comercio semifijo en la vía pública dentro del municipio de Tepoztlán, Morelos. TERCERO. Inexistencia de acto. Las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Cabildo, Dirección de Permisos y Licencias del Comercio, Juez de Paz, Dirección Jurídica, Coordinador de Protección Civil (denominación correcta), Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Turismo, Dirección de Servicios Públicos y Persona Designada para supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos (denominación correcta), todos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En cuanto a la autoridad responsable denominada Regiduría de Hacienda, Programación y Presupuesto, el Presidente y Cabildo del Municipio de Tepoztlán, Morelos, al rendir el informe justificado manifestaron que dicha autoridad es inexistente, por tanto, se ordena el cese de toda comunicación con dicha autoridad. Entonces, toda vez que las responsables negaron categóricamente los actos reprochados, recayó en la justiciable acreditar la existencia de los mismos. Es oportuno establecer que, según la doctrina jurisprudencial, los actos de autoridad, por su naturaleza, se clasifican en positivos y negativos. Los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y los segundos se clasifican en: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución material, pues implican un no actuar de la autoridad; las negativas sólo implican el rechazo a una solicitud del particular; y los actos prohibitivos implican en realidad una orden positiva de la autoridad, tendente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, los actos reclamados (decomiso, y aseguramiento de mercancías con los que la parte quejosa ejerce el comercio semifijo en la vía pública del municipio de Tepoztlán, Morelos), revisten la génesis de actos positivos, porque se constituyen en conductas de hacer o hechos que despliega la autoridad. Ante esto, la accionante solamente ofreció como elementos de prueba para demostrar la existencia de los actos descritos, cuatro documentales privadas de al parecer identificaciones de personas con el cargo de inspectores de permisos y licencias del comercio de Tepoztlán, Morelos, y de credencial de elector de la quejosa. En esa medida, independientemente del valor legal que puede resultar de tales documentales, la justiciable no demostró la existencia real y actual de los actos reclamados. Ciertamente, la peticionaria no ofreció medios de convicción que, de forma fehaciente, acrediten la existencia material de los actos reprochados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dice se concretaron los extremos de los que se agravia -veinticinco de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas en la avenida del Tepozteco a la altura de la subida al cerro del Tepozteco-. Es dable destacar que las responsables no están obligadas a probar su dicho, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria. "ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad." En esa línea de pensamiento, si las autoridades responsables negaron expresamente los actos reclamados y el actor constitucional no comprobó su existencia y perjuicio en su esfera legal individual; por lo tanto, conforme a la fracción IV del ordinal 63 de la Ley de Amparo, es procedente decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional. Norma esta decisión, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/20, registro 227634, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así como la tesis con registro 317878, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, página 1968, Segunda Sala, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL AMPARO. El hecho de que la autoridad responsable niegue los actos reclamados no autoriza en forma alguna para que se pretenda que conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo le toque a la autoridad responsable probar los hechos y conceptos de violación aducidos en la demanda, pues la presunción de certidumbre del acto cuando la autoridad no rinde informe, que es caso distinto, distribuye la carga de la prueba, manteniendo siempre a cargo del quejoso la relativa a la constitucionalidad del acto; pero de esto no puede desprenderse la pretensión de que sea la responsable la que, a pesar de haber negado el acto, tenga que demostrar actos o conceptos de violación invocados en la demanda." En otro apunte, al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación enderezados contra los actos impugnados. Al respecto se cita la jurisprudencia II.3o. J/58, registro electrónico 214593, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, número 70, Octubre de 1993, página 57, que dice: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la acotación que las tesis y criterios aquí plasmados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades a que se hace mención en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de marzo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Eutiquia Concepción Méndez Navarrete y otros, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Ayuntamiento Constitucional, Cabildo, Dirección de Permisos y Licencias del Comercio, Juez de Paz, Dirección Jurídica, Dirección de Protección Civil, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Turismo, Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Tepoztlán, Morelos. Acto reclamado: ".el decomiso y aseguramiento de mercancía, así como de la prohibición de ejercer el comercio, con lo cual nos prohíben el trabajo, discriminándonos y violentando nuestros derechos humanos lo cual ocurrió el día 25 de enero del año 2020, ya que los suscritos nos encontrábamos sobre la av. Del Tepozteco a la altura de la subida al cerro del Tepozteco. y nos quitaron el producto que comercializamos." SEGUNDO. El seis de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de autos, y remitió a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, copia certificada de la demanda de amparo. TERCERO. Mediante oficio OCC/C18/JDM/84/2020, de diez de febrero de dos mil veinte, la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido en su fecha, remitió la demanda de amparo por separación de autos de la quejosa Eutiquia Concepción Méndez Navarrete, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 178/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  El decomiso y aseguramiento de mercancías con los que la parte quejosa ejerce el comercio semifijo en la vía pública dentro del municipio de Tepoztlán, Morelos. TERCERO. Inexistencia de acto. Las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Cabildo, Dirección de Permisos y Licencias del Comercio, Juez de Paz, Dirección Jurídica, Coordinador de Protección Civil (denominación correcta), Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Turismo, Dirección de Servicios Públicos y Persona Designada para supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos (denominación correcta), todos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En cuanto a la autoridad responsable denominada Regiduría de Hacienda, Programación y Presupuesto, el Presidente y Cabildo del Municipio de Tepoztlán, Morelos, al rendir el informe justificado manifestaron que dicha autoridad es inexistente, por tanto, se ordena el cese de toda comunicación con dicha autoridad. Entonces, toda vez que las responsables negaron categóricamente los actos reprochados, recayó en la justiciable acreditar la existencia de los mismos. Es oportuno establecer que, según la doctrina jurisprudencial, los actos de autoridad, por su naturaleza, se clasifican en positivos y negativos. Los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y los segundos se clasifican en: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución material, pues implican un no actuar de la autoridad; las negativas sólo implican el rechazo a una solicitud del particular; y los actos prohibitivos implican en realidad una orden positiva de la autoridad, tendente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, los actos reclamados (decomiso, y aseguramiento de mercancías con los que la parte quejosa ejerce el comercio semifijo en la vía pública del municipio de Tepoztlán, Morelos), revisten la génesis de actos positivos, porque se constituyen en conductas de hacer o hechos que despliega la autoridad. Ante esto, la accionante solamente ofreció como elementos de prueba para demostrar la existencia de los actos descritos, cuatro documentales privadas de al parecer identificaciones de personas con el cargo de inspectores de permisos y licencias del comercio de Tepoztlán, Morelos, y de credencial de elector de la quejosa. En esa medida, independientemente del valor legal que puede resultar de tales documentales, la justiciable no demostró la existencia real y actual de los actos reclamados. Ciertamente, la peticionaria no ofreció medios de convicción que, de forma fehaciente, acrediten la existencia material de los actos reprochados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dice se concretaron los extremos de los que se agravia -veinticinco de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas en la avenida del Tepozteco a la altura de la subida al cerro del Tepozteco-. Es dable destacar que las responsables no están obligadas a probar su dicho, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria. "ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad." En esa línea de pensamiento, si las autoridades responsables negaron expresamente los actos reclamados y el actor constitucional no comprobó su existencia y perjuicio en su esfera legal individual; por lo tanto, conforme a la fracción IV del ordinal 63 de la Ley de Amparo, es procedente decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional. Norma esta decisión, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/20, registro 227634, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así como la tesis con registro 317878, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, página 1968, Segunda Sala, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL AMPARO. El hecho de que la autoridad responsable niegue los actos reclamados no autoriza en forma alguna para que se pretenda que conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo le toque a la autoridad responsable probar los hechos y conceptos de violación aducidos en la demanda, pues la presunción de certidumbre del acto cuando la autoridad no rinde informe, que es caso distinto, distribuye la carga de la prueba, manteniendo siempre a cargo del quejoso la relativa a la constitucionalidad del acto; pero de esto no puede desprenderse la pretensión de que sea la responsable la que, a pesar de haber negado el acto, tenga que demostrar actos o conceptos de violación invocados en la demanda." En otro apunte, al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación enderezados contra los actos impugnados. Al respecto se cita la jurisprudencia II.3o. J/58, registro electrónico 214593, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, número 70, Octubre de 1993, página 57, que dice: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la acotación que las tesis y criterios aquí plasmados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades a que se hace mención en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente

  4. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 178/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Eutiquia Concepción Méndez Navarrete, reclama del Presidente Municipal, Síndico, Regidores de Bienestar, Desarrollo Económico, Servicios Públicos, Educación, Protección Ambiental, Turismo y Asuntos Internacionales, Servicios Municipales, persona designada para Supervisar la Seguridad Pública, Coordinador de Protección Civil, Director Jurídico del Ayuntamiento, Juez de Paz y Director de Licencias y Permisos del Comercio, todos del Ayuntamiento de Tepoztlan, Morelos, lo siguiente: El decomiso y aseguramiento de mercancía; Prohibición de ejercer el comercio; y, La privación de la libertad. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". No es óbice a lo anterior, la manifestación de la responsable Director de Permisos y Licencias del Comercio de Tepoztlán, en el sentido de que se implementaron filtros en lo que corresponde en la subida de la zona arqueológica "Del Tepozteco", toda vez que ello fue con motivo a la solicitud realizada por la jefa del departamento de trámites y servicios legales del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH MORELOS, mediante oficio 401.2C.6.2019/2592 de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve; toda vez que tal declaración; sin que ello constituya un acto de molestia contra la aquí quejosa, máxime que la misma no ofertó medio de prueba que desvirtué lo expresado por la autoridad. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Eutiquia Concepción Méndez Navarrete respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

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