Eutimio Reyes Juarez

Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
594/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Eutimio Reyes Juarez
  • Secretario de Seguridad Publica del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 4-A Vistos los autos y la certificación de cuenta; se declara que dicha auto ha causado estado... archívese el presente asunto como concluido...

  2. Principal

    Mesa IV-A "... Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso ***, fue recluido en las celdas de la Comisaría Calificadora, por una falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad; sin embargo, fue puesto en libertad a la una horas con cuarenta y seis minutos del seis de julio del año en curso. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, se advierte lo siguiente: Mediante demanda de amparo recibida en este Juzgado el cinco de julio del año en curso, ***, promovió demanda de amparo contra el arresto administrativo del que fue objeto el día cinco de julio de dos mil diecinueve. Mediante oficio sin número de seis de julio de dos mil diecinueve, el Encargado de la Comisaría Calificadora del Segundo Turno de la Policía Estatal, ordenó al Celador en Turno de dicha Institución Policiaca, excarcelar al quejoso ***, en virtud de habérsele concedido la suspensión de plano en el presente juicio de amparo. Lo cual, se corrobora con la diligencia actuarial de seis de julio de dos mil diecinueve, suscrita por al Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, donde se advierte que al constituirse en los separos del Comisario Calificador de la Policía Estatal, el directo agraviado *** se encontraba privado de su libertad; asimismo, entregó el oficio correspondiente a la autoridad responsable a efecto de que de inmediato dicha persona fuera puesta en libertad. Lo anterior, revela que han cesado los efectos del acto reclamado, pues, al ponerse en libertad al justiciable, es inconcuso que la violación constitucional reclamada del arresto administrativo quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. De ahí que resulta innecesario esperar a la fecha señalada para la audiencia constitucional, para resolver este juicio de amparo; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la responsable, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... Finalmente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional..."

  3. Principal

    Mesa IV-A "...Agréguese el oficio y anexo del Jefe del Departamento Jurídico en representación del Director General de la Dirección General de la Policía Vial Estatal; mediante el cual rinde informe justificado; por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la documental que exhibe la responsable, respecto de la cual se hará relación en la audiencia constitucional..."

  4. Principal

    "...Agréguese el escrito del quejoso ***, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo con relación a actos que reclama del Policía Vial Heriberto Ignacio García y Director General de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, consistentes en: La suspensión de su licencia de conducir por el término de tres meses. La detención del vehículo Marca ***, submarca ***, modelo ***; y, La imposición de la infracción y el cobro de la cantidad que indica en su ocurso. Conviene tener presente que por acuerdo de ***, se admitió la demanda de amparo y se le requirió a efecto de que ampliara su demanda de amparo con relación al oficio ****, de cinco de julio de dos mil diecinueve, y respecto del policía vial ***, a través del cual se impuso al quejoso un arresto administrativo por el termino de veinticuatro horas, el cinco de julio del presente año, acto que originó le promoción del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, respecto de los actos por los cuales pretende se amplié su demanda, que quedaron precisados con antelación, consistentes en la suspensión de su licencia de conducir por un término de tres meses, la detención de su vehículo automotor marca ***, tipo ***, modelo *** y la imposición de la infracción y el cobro de la cantidad que indica; se actualiza la diversa causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 1, 3 y 133, fracción I, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, así mismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal." "Artículo 3.- Esta Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca (.)". "Artículo 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley; (.)". Los artículos transcritos revelan que tratándose de un acto administrativo emanado de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y causen lesiones a los derechos del gobernado, éste tiene expeditos sus derechos para interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En el caso, la suspensión de su licencia de conducir por un término de tres meses, la detención de su vehículo automotor marca ***, tipo ***, modelo **** y la imposición de la infracción y el cobro de la cantidad que indica, que se reclaman constituyen actos administrativos, porque éstos fueron emitidos por el Director de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, quién está facultado para conocer todo hecho relacionado con el tránsito y vialidad de acuerdo a su competencia; luego, al constituir un acto administrativo, procede el Juicio Contencioso Administrativo. De este modo, al tratarse de actos administrativos se encontraba jurídicamente obligado a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a través del cual pudieron haber sido nulificados; además, de estar en posibilidad de solicitar la suspensión de los actos reclamados, el cual no requiere más requisitos que los que exige la Ley de Amparo. Máxime que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en su artículo 215, establece que el actor podrá solicitar la suspensión del acto administrativo impugnado, sin que exija mayores requisitos que los de la Ley de Amparo requiere para conceder la suspensión del acto administrativo reclamado. En consecuencia, si la parte quejosa tenía a su alcance el mencionado medio ordinario de defensa para combatir los actos de molestia aquí reclamados, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional administrativa referida, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata; por tanto, se desecha la ampliación de la demanda de amparo por los actos y autoridades antes precisados. Es ilustrativa la siguiente Jurisprudencia: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Ahora, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos, por así solicitarlo, asimismo, se le tiene por autorizado en los términos amplios y con las facultades plasmadas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que nombra, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otra parte, glósese el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el plazo de ocho días. Asimismo, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de amparo, se tiene como sus delegados a las personas que nombra y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, vista la razón actuarial de diez de julio de dos mil diecinueve, suscrita por la Actuaria adscrita a este Juzgado, con la que devuelve el oficio 15903, dirigido a la responsable "Director o Encargado del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Estado de Oaxaca", en virtud de que no existe dicha autoridad con tal denominación; por tanto, dése vista al quejoso ***, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a sus intereses convenga; apercibido que no hacerlo, se tendrá a dicha autoridad como inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA..."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano