Eustorgio Pancardo Lucero

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Eustorgio Pancardo Lucero
  • EUSTORGIO PANCARDO LUCERO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    informa que se admitió a trámite el recurso de queja... se registró con el número *******...

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el acuse de recibo del oficio 13265/2023, librado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, respecto del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintisiete de julio de la presente anualidad, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, al cual se adjunta la boleta de turno del medio de impugnación en cita; de su contenido se advierte que el recurso de mérito fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado antes citado, por el que dicho tribunal informa la radicación del medio de impugnación referido bajo el expediente 229/2023 de su índice; asimismo, solicita la remisión de constancias certificadas o bien, el original del presente juicio de amparo, y el escrito de agravios correspondiente, para efecto de proveer respecto de la procedencia del recurso en comento. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes correspondiente, remítanse a la Superioridad los autos originales del juicio de amparo indirecto 422/2023 del índice de este juzgado, con el escrito original de expresión de agravios -previo desglose del mismo-, solicitándole de la manera más atenta que no existir inconveniente legal alguno el acuse de recibo correspondiente. Con independencia de lo anterior, se ordena a la Oficial Judicial A adscrita que habilite a la Superioridad la consulta del expediente electrónico.

  3. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por Mario Guillermo Domínguez Argüelles, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de julio de la presente anualidad, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación hecho valer. En tal virtud, envíese oficio por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, para que remita la boleta de turno correspondiente, haciendo de su conocimiento que los datos necesarios para su captura son los siguientes: Quejoso: ****** 2. Tercero interesado: No aplica. 3. Autoridades responsables: Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas adscrita a la Unidad Integral de Justicia con residencia en esta ciudad. 4.- Acto reclamado: El acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, que niega la medida cautelar solicitada dentro de la carpeta de investigación ******, consistente en la restitución de la menor de edad de identidad reservada ****** 5. Expediente de origen: ****** 6. Tipo de recurso: Recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de julio del año en curso, que desecha la demanda de amparo. 7. Recurrente: M*****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Se instruye al Actuario judicial adscrito, dentro de sus atribuciones, a efecto de realice las gestiones conducentes para obtener la boleta de turno correspondiente y estar en condiciones de remitir el medio de impugnación. Una vez que se cumpla lo anterior, se ordena a la Oficial Judicial A adscrita que habilite a la Superioridad la consulta del expediente electrónico. De igual forma, ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO que el veintisiete de julio del año en curso, se desechó de plano la demanda promovida por *******, cuya legalidad se sostiene, conteniéndose en el auto impugnado, las razones, causas y fundamentos legales que sirvieron de base para afirmar que está ajustado a derecho y proceder en la forma en que se hizo. Sin que resulte aplicable al caso dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio no se entabló la litis constitucional y, por tanto, no hay partes a las que notificar por haberse desechado de plano la demanda.

  4. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eustorgio Pancardo Lucero, por derecho propio y en representación de su menor hija de identidad reservada M.A.P.O., contra actos de la Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, adscrita a la Unidad Integral de Justicia del Sexto Distrito Judicial, con sede en Tuxpan, Veracruz. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Además, es pertinente citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dice lo siguiente: [A]rtículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, la primera hipótesis necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una confesión expresa de su parte respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de esa echa. En ese sentido, de la hipótesis segunda, se obtiene que el plazo para la promoción del juicio de amparo, comienza a transcurrir a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo la tesis de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Establecido lo anterior, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama de la Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, adscrita a la Unidad Integral de Justicia del Sexto Distrito Judicial, con sede en Tuxpan, Veracruz: El acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, que niega la medida cautelar solicitada dentro de la carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F3/832/2022, consistente en la restitución de la menor de edad de identidad reservada M.A.P.O. Ahora bien, de inicio es necesario destacar que, del sello de recepción de la demanda que nos ocupa, se advierte que ésta fue depositada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de julio del año en curso. Luego, del apartado de antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, en dicho escrito, se advierte que el quejoso manifestó que el acuerdo de dos de junio del año en curso reclamado, le fue notificado el tres de los actuales por lista de acuerdos al darle vista con el cumplimiento dado por la fiscal en el diverso juicio de amparo 89/2023 del índice de este juzgado. No obstante lo anterior, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) del Poder Judicial de la Federación, así como de los autos que obran físicamente en el juicio de amparo citado (89/2023), promovido por el aquí quejoso, contra actos derivados de la misma carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F3/832/2022 y reclamado a la citada fiscal; se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora emitida en dicho constitucional remitió el oficio 32/2023 adjuntando la comparecencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la cual, se hizo constar que, Raúl Cobos Salas, asesor Jurídico de Eustorgio Pancardo Lucero, fue notificado del acuerdo de dos de junio del año en curso -aquí reclamado- y que incluso, se le entregó copia de éste; firmando en unión de la autoridad investigadora. Lo anterior, se invoca como un hecho notorio para la suscrita en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 55, Décima Época, junio de 2018, página 10, registro digital 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Bajo ese contexto, si en dicha data se notificó al asesor jurídico del aquí quejoso, el acuerdo que aquí combate y la demanda de amparo en la que se combate dicho acto fue presentada el veinticinco de los actuales; es evidente que, se actualiza la primera hipótesis anteriormente aludida; esto es, la data en que se le practicó legalmente la notificación, esto, sin que se advierte que ésta haya sido tildada de ilegal o nulificada. Así, el plazo para instar el juicio constitucional comienza desde el momento en que se actualice cualquiera de las hipótesis que establece el artículo 18 de la ley de la materia, pues las mismas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; de ahí que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos citados. Es así que, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; es decir, es innecesario recabar constancias ya que, la información obra en el diverso juicio de amparo 89/2023, que se invoca como hecho notorio. Lo anterior, sin que pase desapercibido que en el juicio de amparo 89/2023 fue notificado del acuerdo de dos de junio del año en curso -que combate en este juicio-, el tres de julio en curso, con la vista que se le otorgó para manifestar sobre el cumplimiento de la ejecutoria de la fiscal responsable; ya que de dichas constancias se advierte que el veintitrés de junio del año en curso fue notificado el asesor jurídico del aquí quejoso, del acuerdo de dos de junio reclamado, por lo que, el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado el presente juicio, empezó a transcurrir al peticionario del amparo, al día siguiente en que se practicó la notificación del citado acuerdo de dos de junio del año en curso, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, del veintisiete de junio al diecisiete de julio del año en curso, previo descuento de los sábados y domingos, por ser días inhábiles en los términos del artículo 19, de la Ley de Amparo. Y sin que, en el caso, se actualice excepción alguna a dicha regla; ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio y en representación de su menor hija de identidad reservada M.A.P.O..[...]

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano