Eustorgio Arellano Chávez

Expediente 308/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
308/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Eustorgio Arellano Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de junio de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de junio de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Francisco Javier Frías Luna, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. I. Relación de constancias. El Secretario da cuenta: Con el estado procesal que guardan los presentes autos; y, con las demás constancias que integran el presente juicio de amparo. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado que emitió la autoridad responsable, el cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. II. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el período probatorio. El Secretario: Hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales a su escrito de demanda. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas documentales exhibidas por el quejoso, en razón de su propia y especial naturaleza. III. Alegatos. Consecuentemente, se abre el periodo correspondiente a alegatos, en el cual se hace constar que ninguna de las partes formuló alguno; y, se declara concluida esta etapa. En razón de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 308/2017, promovido por EUSTORGIO ARELLANO CHÁVEZ, contra actos que reclama de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, y turnado al día siguiente a este Juzgado, EUSTORGIO ARELLANO CHÁVEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra la siguiente autoridad: Autoridad responsable: Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de corte del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en Calle Girasol número 4524, Colonia Flores Magón en esta ciudad, con número de servicio 533 080 500 082 y de medidor 33CU85, así como la determinación de cobro por la cantidad de $79,349.00 (setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 308/2017; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, y dar vista a la representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente, así como con los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados por la quejosa consisten en: La orden de corte del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en Calle Girasol número 4524, Colonia Flores Magón en esta ciudad, con número de servicio 533 080 500 082 y de medidor 33CU85, así como la determinación de cobro por la cantidad de $79,349.00 (setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Superintendente Zona Mazatlán de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad, al rendir informe justificado manifiesta que no es cierto los actos reclamados; sin embargo del mismo se advierte la certeza, lo que se corrobora con la documental que consta en autos; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de la demanda. El quejoso expone que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiuno de abril del año en curso, por lo que, sin prueba en contrario, el plazo para presentar el juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de abril al dieciséis de mayo del presente año; de ahí que al haberse presentado la demanda el veintisiete de abril del mencionado año, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días uno y cinco de mayo de dos mil diecisiete, por ser inhábiles sábados y domingos; lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. Causa de sobreseimiento invocada por la autoridad responsable. Superintendente Zona Mazatlán de la Comisión Federal de Electricidad, aduce que los actos reclamados derivan de un contrato de adhesión que se vincula a la citada paraestatal con el usuario, por esa razón no son actos de autoridad. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la ley de la materia, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La referida aseveración es infundada. Se dice así, debido a que el apercibimiento y consecuente orden de corte o suspensión de suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo, los cuales se emiten por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del quejoso, sin requerir intervención de autoridad alguna, reviste a esos actos administrativos vinculados con facultades que legalmente tiene encomendadas y, por tanto, se tratan de actos de autoridad para efectos del amparo; de ahí lo infundado de la afirmación. Apoya a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2013684 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de febrero de 2017 Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XII.A. J/6 A (10a.) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE REALIZA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EL CONTRATO RESPECTIVO, SE HAYA CELEBRADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE SU REGLAMENTO. El contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su Reglamento, debe considerarse como un contrato administrativo, pues en él concurren los principios de cláusulas exorbitantes del derecho privado, de doble exigencia, de fines públicos, de limitación de la libertad contractual y de mutabilidad del contrato, propios de los contratos administrativos; entonces, de acuerdo con el diverso principio de legalidad, las controversias que tengan como origen el indicado contrato, deberán resolverse conforme a la normativa vigente a la fecha de su celebración; consecuentemente, toda vez que a la luz de lo preceptuado en la ley y el reglamento citados en primer término, son actos de autoridad los que realice la Comisión Federal de Electricidad, con motivo del suministro (servicio público) de energía eléctrica, la cual constituye una necesidad humana básica insoslayable, que forma parte integrante de los derechos humanos de tipo social; procede en su contra el juicio de nulidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siempre que dichos actos tengan como origen el multicitado contrato de adhesión." En la referida resolución, ante iguales problemas jurídicos, se circunscribió en dos puntos medulares, a saber: a) Si para definir la competencia de la Sala fiscal para conocer y resolver de los asuntos, en los que se demanda la nulidad de los actos de ajuste y cobro derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, realizados por Comisión Federal de Electricidad, en principio, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda de nulidad o bien, de la celebración de ese contrato; y, b) Si a la luz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento abrogados, tales actos son impugnables a través del juicio contencioso administrativo, por derivar de un contrato celebrado entre particulares, es decir, en un plano de coordinación, o bien, de supra a subordinación. Tópicos respecto de los que se determinó que el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, comparte todas las características de los contratos administrativos, delatoras de la desigualdad que impera entre los contratantes, tales como: principio de legalidad, de cláusulas exorbitantes, de doble exigencia, de fines públicos, de limitación de la libertad contractual y mutabilidad del contrato. Por lo que, de ninguna manera puede sostenerse la hipótesis de que, a la luz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, la relación entre Comisión Federal de Electricidad y los usuarios, tenía lugar en un plano de coordinación y, por ende, que esa contratación se daba entre particulares. Menos, que constituye un acto de comercio, fundamentalmente, porque Comisión Federal de Electricidad, bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no perseguía fines de lucro o de especulación comercial con el suministro de energía eléctrica, sino que actuaba por mandato y obligación constitucional de generar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional, procurando de esa manera, el desarrollo económico y social del país. En resumen, que todos los actos que realizaba la Comisión Federal de Electricidad, como organismo público descentralizado, relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, se clasifican en actos administrativos y, consecuentemente, los contratos de suministro de energía eléctrica eran y son contratos administrativos, por lo que resultaba inconcuso que bajo la normatividad que regulaba al contrato de suministro, ese organismo -Comisión Federal de Electricidad- tiene la naturaleza de autoridad, porque sus actos derivaban de una potestad constitucional y legal, cuyo ejercicio era irrenunciable e incluso obligatorio. En esa tesitura, que al tratarse el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, de un contrato administrativo, que como se explicó, se rige por el principio de legalidad, entonces, las controversias que tengan como origen el citado contrato, deberán resolverse a la luz de la normatividad vigente a la fecha de su celebración. En otras palabras, que la data de la celebración del contrato de suministro, es el parámetro al que tendrán que atender las autoridades jurisdiccionales para la solución de los asuntos de su conocimiento. Conclusión, que se robustece con lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad vigente a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, mismo que textualmente dice: "OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos." Pues de conformidad con el precepto legal trascrito, los contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la reforma energética, subsistirán en los términos pactados. De ahí que, todos los actos que realizaba la Comisión Federal de Electricidad, como organismo público descentralizado, relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, clasifican en actos administrativos y, consecuentemente, los contratos de suministro de energía eléctrica eran y son contratos administrativos, por lo que, Comisión Federal de Electricidad tenía la naturaleza de autoridad y, por ende, sus actos son impugnables a través del juicio contencioso administrativo. Finalmente, concluyó el Pleno en Materia Administrativa de este Circuito que al tratarse el tantas veces contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica de un contrato administrativo, que como se explicó, se rige por el principio de legalidad, entonces, las controversias que tengan como origen el citado contrato, deberán resolverse a la luz de la normatividad vigente a la fecha de su celebración, es decir, que la data de la celebración del contrato de suministro, es el parámetro al que tendrán que atender las autoridades jurisdiccionales para la solución de los asuntos de su conocimiento. Sobre esa base y sentadas las premisas por la superioridad, se colige que el contrato celebrado entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, se celebró en la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, esto es, antes del catorce de octubre de dos mil catorce. Así se estima, toda vez que si bien no se cuenta con el contrato respectivo, también lo es, que la parte quejosa en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que contrató el servicio de energía eléctrica aproximadamente el quince de febrero de dos mil ocho, manifestación que de conformidad con los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merece valor probatorio pleno. En ese contexto, Comisión Federal de Electricidad es autoridad en relación con la prestación de ese servicio, lo que significa que se ubica en un plano de supra a subordinación frente al usuario. De ahí lo infundado del motivo de inerjecitabilidad de la acción constitucional planteado. Por otra parte, la aludida autoridad responsable refiere que el presente juicio de derechos fundamentales deviene improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa cuenta con diversos medios ordinarios de defensa, mediante los cuales puede controvertir los actos reclamados, previo a acudir al juicio de amparo. Argumento que resulta fundado. En efecto, dicha porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la lectura a tal fracción y artículo se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos, siempre y cuando la ley que contemple esas vías suspenda los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia. Lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Luego, al destacarse que, en la especie el contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado en la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, es un contrato administrativo y, por tanto, que en ese contexto, Comisión Federal de Electricidad es autoridad en relación con la prestación de ese servicio, lo que significa que se ubica en un plano de supra a subordinación frente al usuario, es que se estime que en contra de los actos reclamados de verificación, cobro y suspensión de dicho servicio procede el juicio de nulidad. Si bien, en el oficio que contiene los referidos actos no aparece la firma de recibido por la parte quejosa, ya que se asentó: "recibió: Ventura Albarran, señora joven, tez morena pelo con rayitos rubios complexión delgada, estatura regular"; sin embargo, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, ordenó correr traslado con el informe justificado y anexos, lo cual se notificó personalmente. En efecto, los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen: "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas". "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." En las disposiciones legales transcritas, se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta aplicable a los actos de la Administración Pública Federal Centralizada y a los actos de los organismos descentralizados; debe puntualizarse, en relación con los actos de dichos organismos, que éstos son los que derivan de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva y respecto de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos. Los preceptos reproducidos justamente confirman que los actos de la Comisión Federal de Electricidad relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica, son actos administrativos, porque están vinculados con un servicio público que única y exclusivamente puede realizar el Estado y, además, los contratos de suministro de energía eléctrica sólo se pueden suscribir con dicha entidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo que establecen los artículos 2, fracción II, 14, fracciones XI y XVI, así como el numeral 31, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. "Artículo 2. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por: (.) II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares, y (.)" "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. (.)". "Artículo 31. El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior. En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Como puede advertirse, procede el juicio de nulidad ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra los actos o resoluciones que emitan las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente; supuesto que se ajusta a los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, se reitera, que tenga como origen el contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado durante la vigencia de la Ley abrogada. Por tanto, es dable concluir que contra los actos que la Comisión Federal de Electricidad emite respecto a la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en exclusiva, y los mismos no carezcan de absoluta fundamentación, es procedente el juicio de nulidad previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, antes de acudir al juicio de amparo, contra los mencionados actos administrativos, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo. Tiene aplicación en lo sustancial la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Novena Época Registro: 175624 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/260 Página: 1816 DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia anunciada, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo. Finalmente, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 152/2015, consideró que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte quejosa, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esta base, si en la revisión el Tribunal de Alzada examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que se subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocida por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio visible en la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2010513 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 151/2015 (10a.) Página: 1293 VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." Máxime que de la literalidad del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que en la revisión primero se examinará agravios hechos valer contra el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida; luego, de ser fundados, examinará las causas invocadas y no estudiadas. Esto es, primero debe considerarse fundados los agravios ante el sobreseimiento decretado y, sólo de ser fundados, se realizará el análisis siguiente, incluso, las violaciones al proceso de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por EUSTORGIO ARELLANO CHÁVEZ, contra los actos que reclama de Comisión Federal de Electricidad, de esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Relación del estado procesal que guardan los autos. Visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de la vista otorgada a las partes, en auto de diecisiete de mayo del año en curso, mediante el cual, se tuvo a la autoridad responsable Superintendente de Zona Mazatlán de la Comisión Federal de Electricidad, en esta ciudad, rindiendo informe justificado. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, que establece: "Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

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