EUSTORGIA CORDERO PERALTA y Otros.
Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- EUSTORGIA CORDERO PERALTA y Otros.
- Eustorgia Cordero Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el precepto 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal.No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia.Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió legajos, en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente.NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 704/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se precisa que la parte quejosa ofreció la documental e instrumental de actuaciones y el tercero interesado la documental, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que el tercero interesado los formuló y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 704/2022, promovido por ****, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Los quejosos demandaron el amparo contra un acto de la citada autoridad, por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención y ratificación de escrito, se admitió a trámite la demanda, por lo que en el auto relativo se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado, se señaló a quien le correspondía el carácter de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención y la parte tercera interesada fue emplazada. Seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, emitidos por una autoridad que radica en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Como lo dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda, se aprecia que los quejosos se duelen de la sentencia interlocutoria de ****, dictada en los tocas ****, del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. I. El ****, se dictó sentencia de Divorcio Necesario en autos del expediente ***, del índice del Juzgado Vigesimoséptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, brindando a los quejosos el 60% de la pensión otorgada a ****. II. Previos requerimientos por parte del Juzgado de origen, el encargado de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio ***, de ****, resolvió que la cantidad que debían pagar a los quejosos por el periodo de ***, era de ******). III. Mediante oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el titular de la Subdelegación manifestó que había sido un error la cantidad que señaló mediante oficio ***, de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, siendo la cantidad correcta de $*****. A este oficio recayó el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, ordenando hacerlo del conocimiento de las partes. IV. Por escrito de veintiuno de enero de dos mil veintidós ****, manifestó ante el juez de origen que había recibido depósito por parte del aludido Instituto, por la cantidad de $****; y pidió que lo requiera para que informara de manera pormenorizada las cantidades que fueron pagadas, así como la falta de definición de las pensiones del año dos mil veintiuno, señalando que al no tener el pago completo se seguían vulnerando sus derechos y los de sus hijos. A lo anterior recayó el acuerdo de ***, donde el Juez Vigesimoséptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretó que la peticionaria debía estarse a lo rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el cual explica las razones por las cuales el adeudo es menor al que señala la ocursante. VI. Inconformes con lo anterior los hoy quejosos, interpusieron sendos recursos de apelación, del cual conoció la Tercera Sala de lo Familiar en la Ciudad de México en los tocas ****, quien el nueve de junio de dos mil veintidós, confirmó el auto recurrido. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, los peticionarios de amparo aducen lo siguiente: A) Que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, no estudió ni entró al análisis de la información de los diferentes informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, anulando sin fundamento legal su derecho de que no se pueden aplazar, ni negar resolver los puntos cuestionados. B) Señala que la Sala responsable se negó a validar el primer informe y no el segundo oficio que exhibe el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se señaló que hubo un error en la cantidad que había señalado con antelación la Oficina de Pensiones. Añade que es improcedente el acto reclamado, porque no hubo un proceso administrativo donde se establecieran las pruebas suficientes que señalaran una cantidad menor a la indicada en primer término; de igual forma refiere, que la Oficina de Pensiones es la única área que podía tramitar un recurso administrativo para decretar un supuesto error interno. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes. En primer término, los conceptos de violación sintetizados en el inciso A) son infundados, porque contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la autoridad sí atendió a las constancias del proceso; por lo que a criterio de este órgano, no se violentó el principio de legalidad. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, de la lectura de la sentencia reclamada, se aprecia que la autoridad sostuvo que la información pedida por la parte recurrente ya se obraba en autos; y al efecto, hizo una relación de las peticiones y contestaciones hechas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como puede verse a fojas 5 a 11 del fallo reclamado, en donde destacó el de *****, y en donde se indicó que el monto originalmente señalado, por $***** había sido equivocado, mismo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes, de acuerdo al auto de veintiocho siguiente. De ahí que al acudir a las constancias del proceso y referirse a acuerdos específicos, la autoridad no soslayó, como apuntan los impetrantes, el contenido de la información del juicio pues se apoyó en normas jurídicas individualizadas (determinaciones judiciales) para sostener su postura en el sentido de que la información pedida por los impetrantes, ya estaba colmada por la autoridad. Por lo que es infundado el aserto hecho en el sentido de que no se estudió la información recabada en el sumario. Por otro lado, se califican como inoperantes los motivos de inconformidad que se sintetizaron en el apartado B) en que se refiere destacadamente a lo incorrecto de invocar un supuesto error, que además no está demostrado ni definido en la vía administrativa correspondiente. Ello es así, porque el momento procesal en que se aludió a ese error fue precisamente el oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, al que recayó el acuerdo de veintiocho de ese mes y año; mismo que ordenó enterar del contenido del comunicado a las partes, y que no es materia de la apelación de origen, por lo que difiere de lo que es estrictamente materia de la litis constitucional, es decir, la apelación contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós. En efecto, uno de los impedimentos técnicos que generan la inoperancia de los conceptos de violación se produce cuando lo que se expone resulta ajeno al tema debatido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." Luego, examinar las actuaciones previas y que no son materia del presente amparo, como son la respuesta acaecida en octubre de dos mil veintiuno, la forma en que el juez de origen la recibió y trató mediante el acuerdo de veintiocho de ese mes y año, conllevaría al despropósito de incluir en el debate actuaciones que no son la materia específica de la apelación que constituye el acto reclamado, dado que podría generarse la posibilidad de modificar o alterar situaciones jurídicas diversas, como son precisamente las que antecedieron a la emisión del acto reclamado y de las cuales los quejosos debieron inconformarse en su oportunidad en caso de considerar que les causaban agravio. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." No pasan inadvertidas las manifestaciones hechas en la demanda de amparo en el sentido de que Eustorgia Cordero Peralta es una persona de la tercera edad y que necesita su pensión para cubrir sus necesidades, pues a criterio del suscrito, tales circunstancias debían sujetarse al análisis judicial correspondiente, y en el caso, el escenario procesal para tal fin sería el incidente de cancelación de pensión, el cual fue resuelto por el Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar, el veintisiete de junio de dos mil doce, cancelando la pensión de Aracely, Luis Armando y Nayelli Esperanza, de apellidos Pérez Cordero; y reduciendo la de Eustorgia Cordero Peralta al quince por ciento de las percepciones del demandado, actor incidentista. Así, a criterio de este órgano, lo relativo a la necesidad alimentaria no depende de lo resuelto en la apelación; sino a la mencionada incidencia, que tampoco es materia del presente amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 704/2022, promovido por ****, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Los quejosos demandaron el amparo contra un acto de la citada autoridad, por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención y ratificación de escrito, se admitió a trámite la demanda, por lo que en el auto relativo se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado, se señaló a quien le correspondía el carácter de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención y la parte tercera interesada fue emplazada. Seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, emitidos por una autoridad que radica en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Como lo dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda, se aprecia que los quejosos se duelen de la sentencia interlocutoria de ****, dictada en los tocas ****, del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. I. El ****, se dictó sentencia de Divorcio Necesario en autos del expediente ***, del índice del Juzgado Vigesimoséptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, brindando a los quejosos el 60% de la pensión otorgada a ****. II. Previos requerimientos por parte del Juzgado de origen, el encargado de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio ***, de ****, resolvió que la cantidad que debían pagar a los quejosos por el periodo de ***, era de ******). III. Mediante oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el titular de la Subdelegación manifestó que había sido un error la cantidad que señaló mediante oficio ***, de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, siendo la cantidad correcta de $*****. A este oficio recayó el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, ordenando hacerlo del conocimiento de las partes. IV. Por escrito de veintiuno de enero de dos mil veintidós ****, manifestó ante el juez de origen que había recibido depósito por parte del aludido Instituto, por la cantidad de $****; y pidió que lo requiera para que informara de manera pormenorizada las cantidades que fueron pagadas, así como la falta de definición de las pensiones del año dos mil veintiuno, señalando que al no tener el pago completo se seguían vulnerando sus derechos y los de sus hijos. A lo anterior recayó el acuerdo de ***, donde el Juez Vigesimoséptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretó que la peticionaria debía estarse a lo rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el cual explica las razones por las cuales el adeudo es menor al que señala la ocursante. VI. Inconformes con lo anterior los hoy quejosos, interpusieron sendos recursos de apelación, del cual conoció la Tercera Sala de lo Familiar en la Ciudad de México en los tocas ****, quien el nueve de junio de dos mil veintidós, confirmó el auto recurrido. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, los peticionarios de amparo aducen lo siguiente: A) Que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, no estudió ni entró al análisis de la información de los diferentes informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, anulando sin fundamento legal su derecho de que no se pueden aplazar, ni negar resolver los puntos cuestionados. B) Señala que la Sala responsable se negó a validar el primer informe y no el segundo oficio que exhibe el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se señaló que hubo un error en la cantidad que había señalado con antelación la Oficina de Pensiones. Añade que es improcedente el acto reclamado, porque no hubo un proceso administrativo donde se establecieran las pruebas suficientes que señalaran una cantidad menor a la indicada en primer término; de igual forma refiere, que la Oficina de Pensiones es la única área que podía tramitar un recurso administrativo para decretar un supuesto error interno. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes. En primer término, los conceptos de violación sintetizados en el inciso A) son infundados, porque contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la autoridad sí atendió a las constancias del proceso; por lo que a criterio de este órgano, no se violentó el principio de legalidad. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, de la lectura de la sentencia reclamada, se aprecia que la autoridad sostuvo que la información pedida por la parte recurrente ya se obraba en autos; y al efecto, hizo una relación de las peticiones y contestaciones hechas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como puede verse a fojas 5 a 11 del fallo reclamado, en donde destacó el de *****, y en donde se indicó que el monto originalmente señalado, por $***** había sido equivocado, mismo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes, de acuerdo al auto de veintiocho siguiente. De ahí que al acudir a las constancias del proceso y referirse a acuerdos específicos, la autoridad no soslayó, como apuntan los impetrantes, el contenido de la información del juicio pues se apoyó en normas jurídicas individualizadas (determinaciones judiciales) para sostener su postura en el sentido de que la información pedida por los impetrantes, ya estaba colmada por la autoridad. Por lo que es infundado el aserto hecho en el sentido de que no se estudió la información recabada en el sumario. Por otro lado, se califican como inoperantes los motivos de inconformidad que se sintetizaron en el apartado B) en que se refiere destacadamente a lo incorrecto de invocar un supuesto error, que además no está demostrado ni definido en la vía administrativa correspondiente. Ello es así, porque el momento procesal en que se aludió a ese error fue precisamente el oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, al que recayó el acuerdo de veintiocho de ese mes y año; mismo que ordenó enterar del contenido del comunicado a las partes, y que no es materia de la apelación de origen, por lo que difiere de lo que es estrictamente materia de la litis constitucional, es decir, la apelación contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós. En efecto, uno de los impedimentos técnicos que generan la inoperancia de los conceptos de violación se produce cuando lo que se expone resulta ajeno al tema debatido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." Luego, examinar las actuaciones previas y que no son materia del presente amparo, como son la respuesta acaecida en octubre de dos mil veintiuno, la forma en que el juez de origen la recibió y trató mediante el acuerdo de veintiocho de ese mes y año, conllevaría al despropósito de incluir en el debate actuaciones que no son la materia específica de la apelación que constituye el acto reclamado, dado que podría generarse la posibilidad de modificar o alterar situaciones jurídicas diversas, como son precisamente las que antecedieron a la emisión del acto reclamado y de las cuales los quejosos debieron inconformarse en su oportunidad en caso de considerar que les causaban agravio. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." No pasan inadvertidas las manifestaciones hechas en la demanda de amparo en el sentido de que..., es una persona de la tercera edad y que necesita su pensión para cubrir sus necesidades, pues a criterio del suscrito, tales circunstancias debían sujetarse al análisis judicial correspondiente, y en el caso, el escenario procesal para tal fin sería el incidente de cancelación de pensión, el cual fue resuelto por el Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar, el veintisiete de junio de dos mil doce, cancelando la pensión de..., ,...,y..., ; y reduciendo la de..., al quince por ciento de las percepciones del demandado, actor incidentista. Así, a criterio de este órgano, lo relativo a la necesidad alimentaria no depende de lo resuelto en la apelación; sino a la mencionada incidencia, que tampoco es materia del presente amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
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