Eustolio Romero Ponce
Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eustolio Romero Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictada en este juicio de amparo el quince de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. En tal, virtud y toda vez de que por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Del mismo modo, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción ll, inciso a), del citado acuerdo general, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el pedimento número 115/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, toda vez que por proveído de quince del mes y año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TCA/P/905/2022, signado por los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, al que adjuntan copias certificadas necesarias del expediente emplazamiento a huelga 38/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por los citados integrantes a su oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso, emitieron acuerdo que en derecho correspondió, respecto del escrito presentado por la quejosa ..., con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo que de autos se advierte que mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La Omisión de la Autoridad Responsable de acordar la petición suscrita por la quejosa y otros, dentro del Emplazamiento a Huelga Numero 38/2021, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, presentada y recibida ante oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable a las 11:24 once horas con veinticuatro minutos del día 17 de Enero del año 2022, dos mil veintidós, la solicitud de que regularice el procedimiento dentro del Sumario Colectivo que nos ocupa, en virtud de que el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN (SITCBEM), presento un emplazamiento a huelga por Revisión Salarial y/o Contractual con la parte patronal COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, es un organismo sin fines de lucro y descentralizado y en el cual en ningún momento dio cumplimiento a lo estipulado en la Supletoria Ley Federal del Trabajo que se aplica de manera sustantiva aprobada el Primero de Mayo del año 2019, dos mil diecinueve, en su artículos 390, 390 bis y 390 Ter, ya que el citado Colegio de Educación se compone de 98 planteles de educación, 9 Centros de Educación Mixta y un Centro de Educación Virtual en el interior del Estado, en el cual se desempeñan diversos trabajadores cubiertos por las Condiciones Generales de Trabajo, independientemente de que se encuentren afiliados al sindicato mayoritario o no, y ante ello es que de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, es que se aplica de manera sustantiva la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del primero de mayo del año dos mil diecinueve, es que la organización sindical que presento el emplazamiento a huelga, omitió realizar la consulta para obtener la constancia de representatividad que lo legitime para estar en condiciones de solicitar la revisión a las condiciones generales de trabajo, en virtud de que de las actas que acompaño a su pliego petitorio, de ninguna manera se advierte que hubieren realizado el proceso de consulta y determinación en asamblea general de sindicalizados y de los trabajadores cubiertos por las condiciones generales de trabajo que laboramos para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, y se hubiere otorgado a cada trabajador un ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo, y que una vez realizado lo anterior mediante el voto personal, libre y secreto, se hubiera aprobado por el 30 por ciento de los trabadores cubiertos por las Condiciones Generales de Trabajo, de los trabajadores que laboran la Institución Educativa, hubieran mandatado al comité ejecutivo del sindicato emplazante a presentar el pliego de peticiones de la revisión contractual de las condiciones generales de trabajo y al o haberlo hecho de esa manera, es que dicha solicitud de emplazamiento a huelga, no cumple con los requisitos de la supletoria Ley Federal del Trabajo vigente a partir del primero de mayo del año dos mil diecinueve, que se aplica de manera sustantiva y al no haberlo hecho de esa manera, esto es, para poder presentar el emplazamiento a huelga por revisión salarial o contractual y estar legitimado el comité ejecutivo del sindicato o facultado para presentar el emplazamiento es que era necesario y requisito de forma que hubieren'realizado el procedimiento de consulta para obtener la constancia de representación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, y al no haberla presentado es que no cumplió con los requisitos procesales que lo legitimen para ejercer el derecho de huelga. Y tratándose del Emplazamiento a Huelga reviste el carácter de urgente, ya que, de no hacerlo ocasionaría daños de imposible reparación a la quejosa y diversos compañeros que solicitaron tal petición, en virtud de que se tiene programado el estallamiento de huelga para el 17 de Febrero del año 2022 dos mil veintidós a las 12:00 doce horas y que la autoridad señalada corno responsable ha pasado por alto, siendo el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable por lo que se acude ante su Señoría para el efecto de que de manera urgente se admita la demanda de garantías ya que se trata de un asunto de naturaleza colectiva, y los términos son de momento a momento." Así, la parte quejosa en esencia reclama del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar la petición suscrita por la parte quejosa, dentro del emplazamiento a huelga número 38/2021, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, presentada y recibida ante la oficialía de partes a las once horas con veinticuatro minutos del día diecisiete de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, se advierte que mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso, la autoridad acordó lo que en derecho correspondió, respecto del escrito presentado por la quejosa Eustolia Romero Ponce, con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, dentro del citado juicio laboral, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Autoridad Responsable de acordar la petición suscrita por la quejosa, dentro del emplazamiento a huelga número 38/2021, también lo es que ya se dictó el proveído que en derecho correspondía, dentro del multicitado juicio laboral, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TCA/P/905/2022, signado por los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, al que adjuntan copias certificadas necesarias del expediente emplazamiento a huelga 38/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por los citados integrantes a su oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso, emitieron acuerdo que en derecho correspondió, respecto del escrito presentado por la quejosa ..., con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo que de autos se advierte que mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La Omisión de la Autoridad Responsable de acordar la petición suscrita por la quejosa y otros, dentro del Emplazamiento a Huelga Numero 38/2021, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, presentada y recibida ante oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable a las 11:24 once horas con veinticuatro minutos del día 17 de Enero del año 2022, dos mil veintidós, la solicitud de que regularice el procedimiento dentro del Sumario Colectivo que nos ocupa, en virtud de que el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN (SITCBEM), presento un emplazamiento a huelga por Revisión Salarial y/o Contractual con la parte patronal COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, es un organismo sin fines de lucro y descentralizado y en el cual en ningún momento dio cumplimiento a lo estipulado en la Supletoria Ley Federal del Trabajo que se aplica de manera sustantiva aprobada el Primero de Mayo del año 2019, dos mil diecinueve, en su artículos 390, 390 bis y 390 Ter, ya que el citado Colegio de Educación se compone de 98 planteles de educación, 9 Centros de Educación Mixta y un Centro de Educación Virtual en el interior del Estado, en el cual se desempeñan diversos trabajadores cubiertos por las Condiciones Generales de Trabajo, independientemente de que se encuentren afiliados al sindicato mayoritario o no, y ante ello es que de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, es que se aplica de manera sustantiva la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del primero de mayo del año dos mil diecinueve, es que la organización sindical que presento el emplazamiento a huelga, omitió realizar la consulta para obtener la constancia de representatividad que lo legitime para estar en condiciones de solicitar la revisión a las condiciones generales de trabajo, en virtud de que de las actas que acompaño a su pliego petitorio, de ninguna manera se advierte que hubieren realizado el proceso de consulta y determinación en asamblea general de sindicalizados y de los trabajadores cubiertos por las condiciones generales de trabajo que laboramos para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, y se hubiere otorgado a cada trabajador un ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo, y que una vez realizado lo anterior mediante el voto personal, libre y secreto, se hubiera aprobado por el 30 por ciento de los trabadores cubiertos por las Condiciones Generales de Trabajo, de los trabajadores que laboran la Institución Educativa, hubieran mandatado al comité ejecutivo del sindicato emplazante a presentar el pliego de peticiones de la revisión contractual de las condiciones generales de trabajo y al o haberlo hecho de esa manera, es que dicha solicitud de emplazamiento a huelga, no cumple con los requisitos de la supletoria Ley Federal del Trabajo vigente a partir del primero de mayo del año dos mil diecinueve, que se aplica de manera sustantiva y al no haberlo hecho de esa manera, esto es, para poder presentar el emplazamiento a huelga por revisión salarial o contractual y estar legitimado el comité ejecutivo del sindicato o facultado para presentar el emplazamiento es que era necesario y requisito de forma que hubieren'realizado el procedimiento de consulta para obtener la constancia de representación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, y al no haberla presentado es que no cumplió con los requisitos procesales que lo legitimen para ejercer el derecho de huelga. Y tratándose del Emplazamiento a Huelga reviste el carácter de urgente, ya que, de no hacerlo ocasionaría daños de imposible reparación a la quejosa y diversos compañeros que solicitaron tal petición, en virtud de que se tiene programado el estallamiento de huelga para el 17 de Febrero del año 2022 dos mil veintidós a las 12:00 doce horas y que la autoridad señalada corno responsable ha pasado por alto, siendo el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable por lo que se acude ante su Señoría para el efecto de que de manera urgente se admita la demanda de garantías ya que se trata de un asunto de naturaleza colectiva, y los términos son de momento a momento." Así, la parte quejosa en esencia reclama del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar la petición suscrita por la parte quejosa, dentro del emplazamiento a huelga número 38/2021, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, presentada y recibida ante la oficialía de partes a las once horas con veinticuatro minutos del día diecisiete de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, se advierte que mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso, la autoridad acordó lo que en derecho correspondió, respecto del escrito presentado por la quejosa Eustolia Romero Ponce, con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, dentro del citado juicio laboral, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Autoridad Responsable de acordar la petición suscrita por la quejosa, dentro del emplazamiento a huelga número 38/2021, también lo es que ya se dictó el proveído que en derecho correspondía, dentro del multicitado juicio laboral, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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