Eustaquio Noriega Becerril

Expediente 489/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
489/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Eustaquio Noriega Becerril

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    II Por recibidas las piezas postales devuelta por la mensajería de Estafeta, la cual contiene los oficios 7858, 7013, 5710, 1256, 2292, 30985, 7857, 7128, 8239, 6280 y 5526 dirigidos a las autoridades "Director de Permisos y Aprovechamientos, de la Dirección General Adjunta a la Supervisión Fiscal de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y el Director General de Desarrollo Carretero", la cual contiene la leyenda: "cambio de domicilio" "falta de datos o domicilio incorrecto" Atento a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos las piezas postales de mérito, y reenvíense los oficios al domicilio actual y correcto que para el caso investigue el actuario judicial adscrito y lo reenvié a través de la mensajería acelerada ESTAFETA. Finalmente, visto el estado procesal del contenido del oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    IV) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Desahogo de prevención. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Eustaquio Noriega Becerril, a través de la cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento ahí inserto. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de conformidad al escrito de cuenta, debe precisarse que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de pronunciarse sobre la vista otorgada mediante diligencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, realizada por la Actuaria Yesenia Acevedo Reyna, en el expediente 439/2013. b) La abstención o negativa por parte de tribunal responsable de acordar las promociones ingresadas en su Oficialía de Partes el veintitrés de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho en el citado expediente. Improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA." Ahora, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, se desecha la demanda de amparo en comento en razón de lo que se expone enseguida: e acuerdo a la precisión anterior, los actos reclamados consisten en: a) La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de pronunciarse sobre la vista otorgada mediante diligencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, realizada por la Actuaria Yesenia Acevedo Reyna, en el expediente 439/2013. b) La abstención o negativa por parte de tribunal responsable de acordar las promociones ingresadas en su Oficialía de Partes el veintitrés de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho en el citado expediente. En ese orden, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos reclamados, no tienen una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el último precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, los actos reclamados no se tratan de los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se tratan de una violación de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material alguno derechos sustantivos, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en el caso se considera necesario precisar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmenterevistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: lo cual se actualiza en el presente asunto, pues la parte quejosa reclama: a) La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de pronunciarse sobre la vista otorgada mediante diligencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, realizada por la Actuaria Yesenia Acevedo Reyna, en el expediente 439/2013.b) La abstención o negativa por parte de tribunal responsable de acordar las promociones ingresadas en su Oficialía de Partes el veintitrés de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho en el citado expediente. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior es así ya que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo cual debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2011580, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, de conformidad la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Radicación. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad hecho valer por el quejoso, en contra de la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho; y, toda vez que obran en autos las constancias de notificación del proveído y resolución de referencia, remítase el expediente en que se actúa debidamente integrado, con sus anexos, el escrito original de expresión de agravios así como copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad hecho valer. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

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