Eustaquio Abarra Castañeda

Expediente 2209/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2209/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Eustaquio Abarra Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a EUSTAQUIO ABARRA CASTAÑEDA, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de seis de enero de dos mil veintidós, se reservó acordar el escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós por Artemisa de la Rosa Ruiz y Benjamín Sandoval Cedano, la primera en su calidad de Secretaria General del Comité Ejecutivo, y el restante como autorizado del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades Tecnológicas del Estado de Nayarit, a lo que se acuerda: Téngaseles dando cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; y por lo que respecta al escrito que acompañó, se advierte lo siguiente: 1. Que los expedientes 21/2020 y 22/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, son materia de análisis en los conflictos competenciales 7/2022 y 8/2022 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. 2. Asimismo, que los sumarios 20/2020 y 23/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, son materia de análisis en los conflictos competenciales 7/2022 y 8/2022 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Dicho precepto legal y fracción invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Lo anterior, en razón de que la parte quejosa Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades Tecnológicas del Estado de Nayarit, al instar el presente juicio de amparo reclamó de manera destacada lo siguientes actos: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit. ? Los acuerdos de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictados dentro de los expediente de huelga 01/2020, 02/2020, 03/2020 y 04/2020; en los cuales dicha autoridad se declaraba incompetente, con fundamento en los artículos 1 y 928, fracción V de la Ley Federal de Trabajo, así como el segundo transitorio de la Ley Burocrática del Estado de Nayarit. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. ? Los acuerdos de once de febrero de dos mil veinte, dentro de los expedientes 20/2020, 21/2020, 22/2020 y 23/2020, en el cual se ordenó declinar competencia para conocer del asunto. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit En vía se consecuencia, reclama los actos legislativos de los artículos 1, 4, 6, 11, 13, 18, 32, 40, 53, 59, 61, 65, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 101, 102, 103, 104, 122, 123, y 124 de la Ley Burocrática para el Estado de Nayarit. Sin embargo, de una consulta en la página de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)1 , se advierte lo siguiente: a) Por lo que respecta a los expedientes 21/2020 y 22/2020, de dicho sistema, se advierte la existencia de los Conflictos Competenciales 7/2020 y 8/2020 respectivamente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, los cuales se resolvieron en sesiones de veintiuno de mayo y once de junio, todos del dos mil veinte, en los cuales en ambos se declaró que sí existe conflicto competencial, y determinar la legal competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. b) Por otro lado, por lo que respecta a los expedientes 20/2020 y 23/2020, de dicho sistema, se advierte la existencia de los Conflictos Competenciales 7/2020 y 8/2020 respectivamente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, los cuales se resolvieron en sesiones de veintidós de septiembre y nueve de octubre, todos del dos mil vente, en los cuales en ambos se expresó que sí existe conflicto competencial, y declarar legal competencia a la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. La anterior información, como se dijo, se obtuvo de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por medio de la página de Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual constituye un 1 Servicios y trámites | DGGJ (cjf.gob.mx) hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su segundo numeral. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 27/972 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Así como lo expuesto en la tesis aislada I.10o.C.2 K (10a.)3 que se comparte sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio 2 Época: Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Página: 117, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 198220. 3 Época: Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Página: 2187, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Registro: 2009054. público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda." Lo resaltado es propio. Por tanto, en los conflictos competenciales 7/2022 y 8/2022 del índice de los respectivos Tribunales Colegiados de Vigésimo Cuarto Circuito mencionados con anterioridad, se resolvió el tópico respecto a la legal competencia de los expedientes 20/2020, 21/2020, 22/2020 y 23/2020 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, cuyo acto se dolía la parte quejosa, además de que fueron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ?veintiséis de febrero de dos mil veinte?; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya manifestado que está en trámite una contradicción de tesis (antes contradicción de criterios), y que hasta el momento no tiene notificación alguna de la resolución, puesto que la determinación que en su caso se emita en esa ejecutoria, sólo tiene como objetivo determinar si existe la necesidad de unificar criterios para generar seguridad jurídica a todos los gobernados, mas no la de revocar la determinaciones de los Tribunales Colegiado de Circuito. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR de PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades Tecnológicas del Estado de Nayarit, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensivo a la norma reclamada Ley Burocrática para el Estado de Nayarit, ya que se reclamó con motivo del acto de aplicación, pues se advierte que en el capítulo conceptos de violación, se entiende que la parte quejosa solicita en amparo de la justicia de la unión para efectos de que se declare inconstitucional la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, y derivado de ello, se declare inconstitucional el acuerdo de treinta y uno de dos mil veinte, en el cual declara incompetente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit para conocer el procedimiento de revisión del contrato colectivo de trabajo con emplazamiento a huelga, promovido por el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades Tecnológicas del Estado de Nayarit; asimismo para efectos de que no se aplique el artículo 1 y segundo transitorio de la Ley Burocrática para el Estado de Nayarit, con el fin de que la Junta Local señalada con anterioridad se avoque al conocimiento de ese asunto. Sirve de apoyo a como lo informa, la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 984, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    "2022: Año de Ricardo Flores Magón". OF. 4781-VIII MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, en ciento ochenta y cuatro fojas útiles, remito a Usted, los autos originales del juicio de amparo indirecto 2888/2019, por virtud del recurso de revisión interpuesto por RAÚL ARELLANO GUZMÁN, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, en contra de la resolución dictada en autos; asimismo, se anexan original y copia del escrito de expresión de agravios. Con la súplica que a su llegada, acuse el recibo correspondiente. Tepic, Nayarit, 28 de noviembre de 2022. A T E N T A M E N T E: EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT. LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ.

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