Eustacio Regino Blandon

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Eustacio Regino Blandon

Actuaciones

  1. Principal

    PERSONAL. -CITATORIO- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Eustacio Regino Bailón, por propio derecho; contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 383/2023-IV; y fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que establece el artículo 113, que a la letra cita: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. Al respecto, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, se tiene que el peticionario del amparo señala como autoridad responsable al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la que reclama lo siguiente: "El pago de indemnización por gastos médicos y perdida de extremidad". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, misma que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías, otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5º: - Son parte en el juicio de amparo: (.) Fracción II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omita el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que tratándose de improcedencia, además de las fracciones anteriores a aquella, las causas de improcedencia pueden resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El artículo 1º, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos emitidos por autoridad que vulneren los derechos subjetivos de los individuos. Y el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, establece quiénes son los que tienen el carácter de autoridad responsable al señalar que son aquellas que dictan, ordenan, ejecutan, o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitan el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, como ya se dijo, se advierte que resulta improcedente la demanda de amparo, respecto de dicha autoridad responsable, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Conforme a los artículos transcritos con antelación, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, y para efectos del juicio de amparo, es autoridad aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. En la especie, respecto al acto atribuido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que se trata de un acto en el que, el aludido Director General del citado instituto se le reclama vía acción constitucional el pago de indemnización por gastos médicos y amputación de extremidad. Pues de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que el impetrante de derechos fundamentales en esencia atribuye al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que derivado del ejercicio de sus funciones el dieciséis de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las trece horas con quince minutos salió del cuartel Regional de Coyuca de Catalán, en un vehículo Sonic, color rojo, placas de circulación NBN9413, del Estado de México, y al circular de Teloloapan-Iguala, en el km seis, tuvo un percance automovilístico, y por falta de atención médica se trasladó a la ciudad de Chilpancingo, a recibir atención médica, en la clínica San José, siendo atendido por el Dr. Víctor Hugo Ruis Yonca. Que el dieciocho de ese mismo mes y año, en su domicilio se cayó y se fracturó el pie izquierdo, siendo trasladado al Hospital en Acapulco, al área de urgencias por el médico en turno Dr. Flavio Salmeron, traumatólogo, quien le realizó aseo quirúrgico y fue ingresado al área de medicina interna. Después de tres días, fue atendido por el traumatólogo Edgar Martínez Bonilla, aplicándole antibióticos y siete lavados quirúrgicos, encontrándole tierra y lodo, todo lo cual fue por negligencia médica al no ser atendido en tiempo y forma lo que le provocó una grave infección. Que el cinco de agosto de ese año, al no existir otra alternativa los médicos del citado hospital le amputaron la pierna izquierda lo que considera fue por falta de atención médica, oportuna y profesional de los médicos de ese nosocomio, habiendo sido dado de alta el diez de agosto de dicho año, sin que le den respuesta de la indemnización que le corresponde por los gastos médicos que realizó por su cuenta en forma particular; tampoco le han cubierto el costo de la prótesis que adquirió por cuarenta y cinco mil pesos aproximadamente, a pesar de que dicho instituto se encuentra obligado a cubrir todos y cada uno de esos gastos; que por falta de atención por parte de la señalada como responsable ha acudido con médicos particulares, adquirido medicamentos en farmacias particulares. De ahí que lo reclamado al mencionado Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tiene la naturaleza de actos de autoridad, pues se encuentran en un plazo de coordinación, esto es, la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad); por tanto, el acto reclamado no lo convierte en responsable, dado que no es quien dicta, ordena, ejecuta o pretenda ejecutar, y por lo mismo, la quejosa no puede alegar en esa instancia constitucional, que con la falta de pago de indemnización por gastos médicos y amputación de extremidad, se vulnere sus garantías individuales. Tiene aplicación al caso, por las razones que informa la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Asimismo, es aplicable por identidad de razón en lo conducente, la jurisprudencia identificada como Tesis: PC.XV. J/10 K (10a.), del Pleno del Decimoquinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época Materias(s): Común, página 1931, registro digital: 2008658, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En esas condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Avenida Juárez número veintiséis, último piso, colonia centro, en esta ciudad capital, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Arturo Cortes Pastrana y Joel Gutiérrez Zamora, está acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Reynaldo Baltazar Liborio Alonso, Aldair Antolin Liborio Gregorio y Nayeli Hernández Velázquez, por no contar con el registro anterior y por solicitarlo expresamente el promovente. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano