Eustacia Ramírez Cruz
Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Eustacia Ramírez Cruz
Actuaciones
- Principal
Debido a que la parte quejosa *********************, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****************************, por derecho propio, contra actos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 724/2019. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda, este juzgado advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. I. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos aplicables al caso, disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos y omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. (.)" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos invocados, se concluye que antes de acudir al juicio de amparo contra actos administrativos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa debe agotar previamente los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste sólo procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades ordinarias, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Este principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legalmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, los artículos 2, fracción IV, 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, establecen: "Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: (.) VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; (.) Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. (.) Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; (REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; (REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; (REFORMADA, G.O. 5 DE NOVIEMBRE DE 2010) VII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; (REFORMADA; G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; (REFORMADA; G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; (ADICIONADA, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y (ADICIONADA, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley. (ADICIONADO, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013)" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público, que con fundamento en dicha normatividad emitan actos administrativos que afecten la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos podrán interponer, a su elección, el recurso de revocación en contra de los actos o resoluciones administrativas que se dicten por dicho ente o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de la Entidad; lo que revela que el recurso administrativo es de naturaleza opcional, por ende, el quejoso no estaba obligado a agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo, para de esa forma satisfacer el aludido principio de definitividad que rige el juicio biinstancial, pues, se insiste, el recurso de revocación en cuestión, es optativo. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o traten de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en éstos o durante el procedimiento administrativo; contra actos administrativos que afecten derechos de particulares; contra actos que dicte, ordene, ejecute o trata de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de similar naturaleza que se hayan celebrado con particulares; contra actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad; contra resoluciones dictadas por la autoridad que impongan sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad administrativa; contra resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público y contra resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación. Ahora bien, respecto a la suspensión del acto reclamado, conviene precisar que el código invocado, en el capítulo relativo al juicio contencioso administrativo, dispone: "Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional con jurisdicción territorial en el municipio que tenga su domicilio el demandante, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo (.) Artículo 293. La demanda, además de los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de este Código, deberá señalar lo siguiente: (.) IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso. (.) Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja si materia el juicio. (.) Las medidas cautelares y la suspensión del acto impugnado se decretarán de plano por la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Regional que conozca del asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 306. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte (.) Artículo 307. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro concepto que de conformidad con las leyes sea considerado crédito fiscal, la Sala podrá conceder la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. (.) Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en le estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actos, en el caso de que este obtenga sentencia favorable (.) Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. (.)" Conforme con lo establecido en los artículos transcritos, al promoverse el juicio contencioso administrativo podrá solicitarse la suspensión del acto impugnado. En esas condiciones, para determinar si la suspensión que se otorga dentro del juicio contencioso administrativo requiere o no mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se realiza el siguiente cuadro comparativo: REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN LEY DE AMPARO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO La suspensión se decretará de oficio o a petición del quejoso o parte. Artículo 125 Artículo 305 Se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Artículo 128 Fracción II Artículo 305 Última parte del primer párrafo Podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme Artículo 130 Artículo 305 Párrafo tercero Se concederá si se otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los prejuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable Artículo 132 Artículo 308 Quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso o actor en el caso que obtenga resolución favorable. Artículo 133 Artículo 308 Párrafo segundo Surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. Artículo 136 Artículo 310 De lo anterior, se observa que la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, contemplan los mismos requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? La incorrecta aplicación de la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contenida en el oficio ***************************** de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, signado por el Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual determinó que no resultaba procedente la solicitud de retroactivo de pensión por viudez y gastos de funeral, realizada por la parte quejosa, toda vez que no obstante acreditó ser familiar del ahora finado, no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 3, fracción V, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley en comento. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra del referido acto, el recurso de revocación o en su caso, el juicio contencioso administrativo, los cuales resultan idóneos para la modificación, revocación o nulificación, del acto reclamado en este juicio, toda vez que el oficio combatido es de aquellos que pueden ser analizados a través de dichos medios de impugnación, máxime que no se está ante un caso de excepción al principio de definitividad. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 173555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: VII.3o.C.32 A Página: 2260 "JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con los artículos 1o. y 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el juicio que se tramita ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la entidad, en términos de los numerales 54 y 55 de la Ley Orgánica del citado Poder Judicial, pueden modificarse, revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal; es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales; los organismos municipales, entidades paramunicipales y el Órgano de Fiscalización Superior, que afecten los derechos de particulares. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, los particulares deben agotar el juicio contencioso; máxime que los artículos 305 y 306 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, salvo que el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación y motivación, o en el amparo se aduzcan únicamente violaciones directas a las garantías individuales consagradas en la Constitución Federal." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************************, en razón que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la notificación de este acuerdo y los subsecuentes, con la finalidad de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaría quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
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