Eusel Lazos Coutiño

Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
710/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Eusel Lazos Coutiño
  • Secretaría de Educación de Veracruz.- Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual solicita se acuse de recibo del oficio, a través del cual devolvió el juicio en que se actúa, por no haber aceptado la competencia planteada. Acuerdo. Atento a su contenido, y toda vez que mediante oficio 408, de catorce de enero del año en curso, la autoridad promovente remitió el juicio de amparo 710/2020, promovido por Eusel Lazos Coutiño, contra actos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, por no aceptar la competencia; en consecuencia, acúsese recibo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Ana Luisa Wong López, Secretaria de Juzgado, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS) laura

  2. Principal

    Visto. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal, para todos los efectos legales consiguientes, se declara firme el mencionado proveído. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Acuerdo General. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Destrucción. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Anotación. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 710/2020, formado con motivo de la demanda promovida por Eusel Lazos Coutiño, contra actos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz; por tanto, a fin de evitar un conflicto competencial en perjuicio del quejoso, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes, realícense las anotaciones respectivas en el Libro de gobierno y hágase del conocimiento de las partes. Por tanto, se ordena continuar con el trámite de la demanda con el número progresivo 710/2020. A efecto de proveer lo que en derecho proceda en relación de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". (Jurisprudencia I.1º.A. J/4,Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890. Registro 214039). Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La parte promovente en su escrito de demanda, hace consistir el acto reclamado en la omisión de fijar fecha para el pago de seguro institucional, aguinaldo y pago de marcha del seis de julio de dos mil quince. De acuerdo a lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. Conforme a los preceptos legales citados, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad. Entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativa la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. (Época: Novena Época. Registro: 199459. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P. XXVII/97. Página: 118.)." Asimismo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (Época: Novena Época. Registro: 161133. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 164/2011. Página: 1089). Luego, si en el caso la parte quejosa reclama la omisión de fijar fecha para el pago de seguro institucional, aguinaldo y pago de marcha del seis de julio de dos mil quince; es inconcuso que dichos actos no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que los entes señalados como responsables no pueden ser considerados con tal carácter, dado que del análisis a la demanda de amparo de cuenta, válidamente se puede deducir que actúan en su calidad de patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Es así, dado que los actos por esta vía reclamados tienen una estrecha vinculación con la relación laboral que las quejosas refieren sostener con la Secretaría de Educación, debido a que se trata de cuestiones laborales que se aquejan las impetrantes, por parte de las dependencias como trabajadores de las mismas, en su carácter de patrón. Lo anterior, aun con independencia del origen del que derivó la omisión de fijar fecha para el pago de seguro institucional, aguinaldo y pago de marcha del seis de julio de dos mil quince; se advierte que dichas actuaciones se realizan en un plano de coordinación o de igualdad entre el patrón y trabajador, y no en un plano de supra-subordinación. Tampoco puede considerarse que los actos reclamados, son actos que hagan procedente el juicio de amparo, pues derivan del contrato laboral están íntimamente vinculadas con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En las relatadas consideraciones, no se advierte que exista autoridad responsable alguna, por el contrario, es claro que nos encontramos ante una relación de trabajo puramente laboral, donde emana la existencia de un patrón y un trabajador, siendo que, el primero de ellos no actúa con el carácter de autoridad en el presente asunto. Esto es, investido con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente al impetrante, por el contrario nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud de un vínculo de trabajo. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639.)" Por tanto, al no haberse colmado el requisito de procedibilidad, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la referida causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada, con fundamento en lo previsto en el numeral 113 del ordenamiento jurídico antes invocado. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio y autorizados señalados, en virtud que mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se proveyó al respecto. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo opinión en contrario. Finalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria Ana Luisa Wong López, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe. ES COPIA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA ANA LUISA WONG LÓPEZ

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por contra actos de la Secretaría de Educación Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 710/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, del análisis integral de la demanda se llega a la consideración de que este Juzgado carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto. Para una adecuada comprensión de lo anterior, es importante señalar el contenido de la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecte a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.]." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición, forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. (.)" Del análisis de los preceptos constitucional y legales antes descritos, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye propiamente un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. De ahí que, los numerales antes transcritos, establecen las bases para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: "[.] VII. SEPTIMO CIRCUITO: 1. Ocho tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y de trabajo y dos en materia administrativa, con residencia en Boca del Río; dos tribunales colegiados en materia civil y dos en materias penal y de trabajo con sede en Xalapa. 2. Tres tribunales unitarios dos con residencia en Boca del Río y uno con sede en Xalapa. 3. Quince juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz: dos especializados de Procesos Penales Federales con residencia en Villa Aldama, tres con sede en Xalapa, cuatro con residencia en Boca del Río, dos con sede en Tuxpan, dos con residencia en Poza Rica y dos con sede en Córdoba. Luego, de la íntegra lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; a quien le reclama lo siguiente: "La omisión de acordar fecha para el pago de seguro institucional, aguinaldo y pago de marcha, reclamado desde el 6 de julio de 2015" Por tanto, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo y declina su competencia, por razón de territorio, a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN XALAPA. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad- Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." (Época: Séptima Época. Registro: 238543. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 53). Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Xalapa, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por tanto, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo.

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