Eusebio Zepeda Hernandez

Expediente 2100/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2100/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2017

Partes del expediente

  • Eusebio Zepeda Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE CITA: Vista la comparecencia que obra en autos de esta fecha, de la que se desprende que el quejoso en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veintidós de diciembre del año en curso, ratificó el escrito recepcionado ante la oficialía de partes de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiuno del mismo mes y año, por el cual subsana la prevención realizada en proveído de siete de diciembre actual, en ese sentido, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a Eusebio Zepeda Hernández en auto de siete de diciembre del año en curso. Ahora bien, se desecha la demanda de amparo, en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que se acompañaron al escrito aclaratorio de la misma, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. En efecto, el quejoso reclama en esta instancia constitucional la medida precautoria de clausura provisional en el domicilio ubicado en ****, la cual fue decretada a través de la orden de visita domiciliaria de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de la Materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha legislación. Lo anterior es así, pues tal como lo exige la porción normativa acabada de invocar, el acto que se combate en esta instancia constitucional y que ya quedó detallado en párrafos precedentes, proviene de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el caso, el Director de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Ahora bien, la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, en su artículo 1 , concede el derecho a cualquier persona, como el quejoso, de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y dicha ley. Asimismo, debe decirse que, en dicha legislación se conceden atribuciones al Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para conocer mediante el juicio de nulidad cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los particulares. De lo antes expuesto, se aprecia que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia al tenor de la causal contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, en virtud de que en contra del acto que se reclama de la autoridad responsable, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y, consecuentemente, el quejoso podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. Máxime que, si bien en dicha porción normativa se establece como excepción a la improcedencia del juicio de amparo indirecto, la circunstancia de que el medio de defensa legal ordinario en comparación con la ley de amparo restrinja los alcances o exija mayores requisitos para otorgar la suspensión, así como cuando establezca un plazo mayor para resolver sobre la medida que el previsto para el caso de la suspensión provisional, lo cierto es que los artículos 142 a 149 de la Ley de Justicia Administrativa, que integran el capítulo de la suspensión en el juicio de nulidad, básicamente son de contenido similar que los correspondientes numerales de la ley de la materia, que contemplan dicha medida cautelar en el juicio de amparo, de ahí que no se actualice la excepción señalada, y por ende, es improcedente del juicio de amparo que se intenta, puesto que debe agotarse primeramente el principio de definitividad que rige su tramitación. No pasa inadvertido para este juzgado que en la última parte del artículo 61, fracción XX, del de la Ley de la Materia, se establece que no existe obligación de agotar el recurso o medio ordinario de defensa, en el caso el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, tales excepciones tampoco cobran vigencia en el caso que nos ocupa, si se tiene en cuenta que de la documental que exhibió el promovente del amparo, consistente en la orden de visita domiciliaria de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se emitió la medida precautoria de suspensión provisional que se reclama, se aprecia que la responsable fundó su determinación en diversos artículos del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, por lo que lo reclamado no carece de fundamentación. De igual forma, la parte inconforme tampoco se duele exclusivamente de violaciones directas a la Constitución, sino también de aspectos de legalidad como la transgresión a los artículos 1, 2, 154 Bis, 3, 163 y 168 de la legislación antes mencionada. Por último, el juicio de nulidad que debe agotar el quejoso ante el tribunal correspondiente, previamente a la promoción de esta instancia constitucional, se encuentra previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, en una ley formal y materialmente existente y no en un reglamento o algún otro ordenamiento diverso a aquélla legislación, de modo que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, máxime que dichas excepciones de aplicación estricta y no análogas o similares. En tales condiciones, al quedar demostrado que contra el acto reclamado procede un juicio que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Eusebio Zepeda Hernández, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, del de la legislación en cita.

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