Eusebio Sosa Sánchez

Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Eusebio Sosa Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído veintiséis de julio del año en curso (fojas 32-34), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Por tanto, es de orden público la figura jurídica de la improcedencia y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el solicitante del amparo reclama lo siguiente: ( La certificación de la regularización y/o corrección de datos personales del asegurado, emitida en fecha veintitrés de marzo del año en curso. ( La constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitida en fecha cuatro de abril del presente año. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, en el presente asunto el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, afirmó que el primer acto reclamado (Certificación de la regularización y/o corrección de datos personales), le fue notificado el veintitrés de marzo del año en curso, y respecto al segundo acto (Constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social), aseveró que tuvo conocimiento del mismo el cuatro de abril de la presente anualidad. Para justificar lo anterior, véase el escrito aclaratorio de demanda en la parte que dice: Respecto al primer acto reclamado: ". Motivo por el cual con fecha 13 de octubre del año 2021, ingresé la solicitud referida, la cual me fue respondida y notificada en fecha 23 de marzo del presente año 2023;." En relación al segundo acto reclamado: ". De igual forma, continuo manifestando, bajo protesta de decir verdad, que con fecha 04 de abril del presente año 2023, acudí personalmente a la ventanilla ubicada en el domicilio que señalo de la autoridad responsable por motivo de que me expidieran la constancia de semanas cotizadas como trabajador (.) Es el caso que en ese mismo momento al persona que me atendió checó en el sistema y me imprimió con la misma fecha en que acudí la constancia aludida en donde se lee el total de semanas cotizadas es de sólo 62 (.)." Manifestaciones que constituyen el reconocimiento o confesión del accionante de haber sido notificado y tenido conocimiento de los actos reclamados en comento, desde las datas que refirió, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De dichas manifestaciones se advierte que la demanda en estudio es notoria e indudable extemporánea. Debe destacarse que basta el solo reconocimiento del promovente de que fue notificado y tuvo conocimiento de los actos en cuestión en esas fechas, independientemente del medio, para considerarlas como puntos de partida a partir del cual comenzaron a computarse los plazos para promover el juicio de amparo. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el catorce de julio del año en curso, su presentación se verificó en forma extemporánea, ya que se insiste, el quejoso indicó, bajo protesta de decir verdad, que el primer acto reclamado (Certificación de la regularización y/o corrección de datos personales), le fue notificado el veintitrés de marzo del año en curso, y respecto al segundo acto (Constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social), aseveró que tuvo conocimiento el cuatro de abril de la presente anualidad. Por consiguiente, los actos reclamados ya no pueden ser analizados, porque los consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Por tanto, es de orden público la figura jurídica de la improcedencia y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el solicitante del amparo reclama lo siguiente: ( La certificación de la regularización y/o corrección de datos personales del asegurado, emitida en fecha veintitrés de marzo del año en curso. ( La constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitida en fecha cuatro de abril del presente año. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, en el presente asunto el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, afirmó que el primer acto reclamado (Certificación de la regularización y/o corrección de datos personales), le fue notificado el veintitrés de marzo del año en curso, y respecto al segundo acto (Constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social), aseveró que tuvo conocimiento del mismo el cuatro de abril de la presente anualidad. Para justificar lo anterior, véase el escrito aclaratorio de demanda en la parte que dice: Respecto al primer acto reclamado: ". Motivo por el cual con fecha 13 de octubre del año 2021, ingresé la solicitud referida, la cual me fue respondida y notificada en fecha 23 de marzo del presente año 2023;." En relación al segundo acto reclamado: ". De igual forma, continuo manifestando, bajo protesta de decir verdad, que con fecha 04 de abril del presente año 2023, acudí personalmente a la ventanilla ubicada en el domicilio que señalo de la autoridad responsable por motivo de que me expidieran la constancia de semanas cotizadas como trabajador (.) Es el caso que en ese mismo momento al persona que me atendió checó en el sistema y me imprimió con la misma fecha en que acudí la constancia aludida en donde se lee el total de semanas cotizadas es de sólo 62 (.)." Manifestaciones que constituyen el reconocimiento o confesión del accionante de haber sido notificado y tenido conocimiento de los actos reclamados en comento, desde las datas que refirió, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De dichas manifestaciones se advierte que la demanda en estudio es notoria e indudable extemporánea. Debe destacarse que basta el solo reconocimiento del promovente de que fue notificado y tuvo conocimiento de los actos en cuestión en esas fechas, independientemente del medio, para considerarlas como puntos de partida a partir del cual comenzaron a computarse los plazos para promover el juicio de amparo. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el catorce de julio del año en curso, su presentación se verificó en forma extemporánea, ya que se insiste, el quejoso indicó, bajo protesta de decir verdad, que el primer acto reclamado (Certificación de la regularización y/o corrección de datos personales), le fue notificado el veintitrés de marzo del año en curso, y respecto al segundo acto (Constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social), aseveró que tuvo conocimiento el cuatro de abril de la presente anualidad. Por consiguiente, los actos reclamados ya no pueden ser analizados, porque los consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Prevención. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda que ocupa la atención, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos su notificación, bajo protesta de decir verdad, por escrito y sin presentar ni formular una nueva demanda de amparo, cumpla con lo siguiente: Precise de manera clara cuál es el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que en el apartado atinente al acto reclamado el quejoso aduce reclamar la certificación de la regularización y/o corrección de datos personales del asegurado, emitida el veintitrés de marzo del año en curso, así como la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitida el cuatro de abril pasado; sin embargo, en diversos apartados de su libelo de amparo se duele en forma genérica de la omisión u omisiones cometidas en su perjuicio, mientras que en el punto petitorio quinto, solicita que se obligue al Instituto Mexicano del Seguro Social a que le brinde atención médica, lo que genera incertidumbre respecto a cuál es el acto reclamado en el presente asunto por el solicitante del amparo. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." Una vez clarificado lo anterior, deberá realizar lo siguiente: 2. Relatar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente no realizó una narración de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia. Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así como la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." 3. Indique la data en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado. Toda vez que el solicitante del amparo fue omiso en indicarlo en su libelo constitucional. En el entendido que deberá exhibir el número de copias del escrito aclaratorio, en cuantas copias fueren de la demanda, en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo, pues aquél forma parte integrante de ésta. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del segundo párrafo de la fracción V del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. IV. Domicilio, autorizados y dato de localización. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el solicitante del amparo en su escrito de demanda. Por otra parte, téngasele señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel López Rodríguez por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a Juan Carlos Cortés Gutiérrez y Ma. del Rocío********************, por no contar con dicho registro. De igual forma, se le tiene señalando correo electrónico para cuestiones no procedimentales. En el entendido de que dicho medio podrá usarse para cuestiones procesales, en casos de excepción, siempre y cuando exista imposibilidad para entablar comunicación con la parte quejosa por los medios tradicionales y en beneficio de la prontitud de la tramitación del presente juicio constitucional; lo que deberá ordenarse al actuario judicial a través del acuerdo correspondiente y en la diligencia respectiva certificarse dicha situación. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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