Eusebio Salgado Ramírez

Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
147/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Eusebio Salgado Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 147/2019-VII, promovido por ____________, apoderado legal de_____________, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ______________, apoderado legal de _____________, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número VEINTINUEVE de la Federal de Conciliación y Arbitraje con domicilio en 21 Marzo no. 203, Col. Sor Juana Inés de la Cruz, Ciudad Toluca, Estado de México. [.] IV. ACTO RECLAMADO: La omisión o abstención incurrida por la responsable de dictar el aludo correspondiente en el término establecido por los artículos 885 a 887 de la Ley Federal de Trabajo, teniendo en consideración que la instrucción en el expediente laboral de cuenta cerró el día seis de Mayo de dos mil diecinueve, como se acreditara en su momento procesal oportuno." Acto reclamado que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en abierto incumplimiento a lo establecido por los diversos numerales 885, 886, 887, 889 y 990, con relación al 686, primer párrafo, todos de la Ley Federal del Trabajo. 2. Admisión. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 2. Informe justificado. Mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, su tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y con su contenido se dio vista a las partes. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede, que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dictar laudo en el expediente ___________. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la audiencia celebrada el seis de mayo de dos mil diecinueve, que anexó al oficio de cuenta, donde declaró cerrada la instrucción dentro del expediente 1017/2015; constancia a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, y tampoco se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el amparista. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable viola en su perjuicio el principio de impartición de justicia pronta y expedita, protegido por el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente 1017/2015, a pesar de haber transcurrido con exceso el término fijado por la ley para la elaboración del mismo, contrariando con ello los principios rectores y esenciales del derecho del trabajo de celeridad, sencillez e inmediatez. Lo cual resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 1017/2015. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal, establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde la emisión del auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del expediente laboral 1017/2015, para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de la autoridad responsable. Al respecto, cabe destacar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)" El numeral antes transcrito establece que la autoridad de trabajo tiene un término de diez días, contados a partir del cierre de la instrucción, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; apreciándose que dicho plazo deberá contarse en forma inmediata, pues establece que tendrá que hacerse a partir del día siguiente al que se declare cerrada la instrucción. Por su parte, el numeral 886 del citado código laboral, previene: "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." Es decir, el dispositivo invocado fija un término de cinco días hábiles a los miembros de las Juntas, contados a partir del siguiente al en que se les haya entregado la copia del proyecto del laudo, a fin de solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, mismas que deberán desahogarse en un período de ocho días. El diverso precepto 887 de la ley en consulta, establece: "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." El precepto reproducido fija un término de diez días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a la conclusión del plazo fijado para el desahogo de las diligencias a que se refiere el artículo anterior. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el seis de mayo de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el proyecto de laudo respectivo, e inexiste constancia alguna de la que se advierta se haya ordenado la práctica de alguna diligencia pendiente, en términos del numeral 886 antes transcrito, es inconcuso que han transcurrido los términos con que legalmente cuenta para emitir la resolución en el mencionado juicio, sin que se desprenda que así lo hubiere hecho. En esa tesitura, después de haber realizado los cómputos de los términos que establecen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual sirvió como punto de partida el auto que declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral, se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ya habían transcurrido en exceso los términos a los que hacen referencia los numerales antes invocados, pues de acuerdo a lo establecido en ellos, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de emitir el laudo respectivo, en virtud de que los plazos que señalan los preceptos acabados de indicar, constituyen un límite fijado por el legislador, conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada Junta, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo o, en su caso, sin dilación excesiva, como sucede en el presente caso, y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo, como así lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, ya que aplicado al caso concreto, obliga a los tribunales de esa materia a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Además, al día de la presentación de la demanda ya había transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse el laudo respectivo; lo cual evidencia una dilación excesiva que a su vez se traduce en una paralización al procedimiento, ya que en materia laboral dicha temporalidad se pone como un estándar mínimo a efecto que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; como fuera establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancias, lo procedente es conceder al quejoso Eusebio Salgado Ramírez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 1017/2015, cumpla con el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la parte quejosa. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Finalmente, toda vez que como se advierte del oficio 9557/2019 que se encuentra agregado al cuaderno administrativo 2019 "OFICIOS AUTORIDADES DIVERSAS" del índice de este órgano jurisdiccional, dicha Junta se encuentra en su periodo vacacional; deberá resguardarse la presente resolución en este recinto judicial; asimismo, sin ulterior acuerdo comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que entregue el mismo, una vez que el personal de dicha dependencia reanude sus labores. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a______________, contra el acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, para los efectos expuestos en el Considerando Sexto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta (con anexos), a través de los cuales el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de Toluca, Estado de México, con el primero rinde su informe justificado; por tanto, con su contenido, dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, por lo que respecta a la segunda de las misivas, informa que, en consideración con el calendario oficial, esa institución gozará su segundo periodo vacacional correspondiente al presente año; mismo que comprenderá del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que esos días serán inhábiles para trámites legales y no correrá ningún termino; circunstancia de la que se toma nota. En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre del año en curso, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente tocante a la inspección ocular que se realice en el expediente laboral 1017/2015, radicado en la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la reproducción fotográfica del boletín laboral fechado el trece de mayo de dos mil diecinueve. En ese tenor, es menester precisar que la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto que se reclama; asimismo, refiere que en seis de mayo del presente año, se cerró la instrucción en el expediente laboral 1017/2015, por lo que resulta innecesario encomendar al actuario judicial adscrito a este órgano, a efecto de que realice la inspección ocular que ofrece el quejoso *****, y por lo que respecta al cotejo de la reproducción fotográfica del boletín laboral de trece de mayo de dos mil diecinueve, como se describió con antelación, la autoridad responsable manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que no es necesario el cotejo de dicho boletín.

  3. Principal

    MESA VII.- Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Efesto Febo González Gómez, apoderado legal de Eusebio Salgado Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 147/2019-VII. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por el quejoso contra la omisión de dictar laudo en el expediente 1017/2015 de su índice; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, toda vez que el quejoso refirió en su demanda de amparo que le recae el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a éste al presente sumario constitucional, mediante oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como de la presente determinación; asimismo, se le hace saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a sus intereses conviniere. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso el que cita en su demanda, para los efectos que refiere, y en términos del artículo 24 de la legislación citada a Gisela Guadalupe Jiménez Guevara, Blanca Lilia León Palomo y Martha Yanira Alcocer Alfaro; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones así como imponerse de autos; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En otro orden de ideas, en relación a la prueba que ofrece el quejoso consistente en la inspección ocular que se realice en el expediente laboral 1017/2015, radicado en la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y la instrumental pública de actuaciones, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto con la primera, la responsable rinda su informe justificado y por lo que respecta a la segunda se encuentre integrado el presente expediente. Asimismo, en relación a los diversos medios de prueba consistentes en las documentales privadas relativas a la copia simple del acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, del expediente laboral 1017/2015 y la reproducción fotográfica del boletín laboral fechado el trece de mayo de dos mil diecinueve y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Y por lo que respecta al cotejo que se haga del original que obra en el boletín laboral en posesión del archivo de la responsable, este se hará una vez que rinda su informe respectivo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito.

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